El diálogo social que propuso el gobierno sobre protección y seguridad social vino a desempolvar una serie de cuestiones de vital relevancia para revisar y profundizar, de izquierda a derecha, el concepto de democracia.
La apuesta política del gobierno coloca a empresarios, academia, partidos políticos y al movimiento social en un escenario de conversación en simultáneo, horizontal, en un plazo acotado, con un documento final como producto del proceso. En el caso de las organizaciones sociales con vocación de incidencia política y como parte del movimiento social, aportarán en los temas en los que vienen trabajando desde hace décadas para contribuir al fortalecimiento de la matriz de protección social. La Red Pro Cuidados colocará los temas de cuidado como derecho humano fundamental y la necesidad de la implementación de un sistema de cuidados desde la corresponsabilidad entre varones y mujeres. La Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS) colocará los temas de infancia y su compromiso en la promoción, protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y por último el colectivo de organizaciones sociales tendrá la expertise en los temas de discapacidad.
Se instaló en estos días el debate acerca del poder dominante de los partidos políticos sobre otros actores que también hacen al fortalecimiento del sistema democrático. No se discute la necesidad en Uruguay de partidos políticos fuertes para el funcionamiento de la democracia, pero sabemos que no es condición suficiente para profundizar la democracia y hay alguna evidencia sobre esto.
En las décadas del 70 y del 80, el diseño de las políticas públicas estaba exclusivamente en manos del Estado, y se encomendaba a tecnócratas y expertos en diversas disciplinas que identificaran problemas y diseñaran soluciones, restando importancia a la participación ciudadana y a la negociación política. Existía una despolitización de la política pública, evitando el debate y la confrontación política. La participación de la sociedad civil en la definición de problemas y la búsqueda de soluciones se veía como una interferencia en el proceso técnico. Esto trajo como consecuencia que las políticas públicas estuvieran alejadas de la realidad de las personas y de la sociedad en su conjunto.
En 1993, la Asamblea General de la ONU reconoció el importante papel de la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos, estableciendo mecanismos para su participación en la supervisión y evaluación de acciones estatales y en la asignación de recursos, promoviendo la articulación y el diálogo entre el Estado y la sociedad civil para maximizar el impacto social.
En los 90, una vez caído el Muro de Berlín, comienza a deteriorarse el Estado de bienestar y en algunos países como Reino Unido y Chile (por poner dos ejemplos emblemáticos) se comenzaron a producir políticas al amparo de lo que se conoció como el Consenso de Washington: reducción de aranceles, ajuste del Estado en sus políticas, énfasis en los resultados macroeconómicos. Se empezó a transitar un momento de reducción de las políticas universales hacia políticas “más eficientes” que pusieran el foco allí donde eran más necesarias: las conocemos como “políticas focalizadas”. ¿Quiénes nacen ante esta reducción del Estado y sus políticas universales? Las ONG.
Los ciudadanos organizados no sólo votan cada cinco años a sus representantes, sino que también participan, intervienen en procesos de consulta y otros mecanismos de participación como parecería ser el diálogo nacional que propone el gobierno.
En Uruguay en 1992 se fundó la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales orientadas al desarrollo (Anong), una plataforma que nuclea diversas organizaciones de la sociedad civil organizada. Recientemente emitió un comunicado público respecto a la preocupación por la ausencia de los partidos políticos en el diálogo social: “Consideramos al sistema de protección como un bien público, que necesariamente debe incluir las voces de las diferentes partes interesadas y afectadas, en un proceso de amplia reflexión, intercambio y participación que profundice la democracia y construya políticas públicas con amplio consenso y de largo aliento”.
Las OSC se conforman con ciudadanos y ciudadanas que deciden participar de forma organizada en el ámbito público. Lo hacen a través del despliegue de sus organizaciones de base comunitaria, a través del acumulado metodológico en su práctica, del desarrollo de diversas líneas temáticas de investigación a través de financiación nacional o internacional, y ha celebrado en casi 30 años acuerdos de política pública con el Estado. Muchas de estas organizaciones, asociadas o no a la Anong, a partir de los lineamientos políticos del gobierno de turno, diseñan, ejecutan y evalúan casi el 80% de las políticas sociales a nivel nacional al menos en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y en el Ministerio de Desarrollo Social, y a nivel departamental, en Montevideo, la totalidad de las políticas sociales las implementa la sociedad civil, y es bueno que la opinión pública lo conozca.
La discusión actual también trae algunas otras lecturas políticas vinculadas al rol de las organizaciones sociales en Uruguay. Muchas veces han sido concebidas como un “mal necesario” y no como una estrategia política de desarrollo para el Estado en el sentido que planteó la Asamblea General de la ONU en 1993. Es decir, se generan convenios de servicios porque estos tienen menos costos para el Estado, porque las organizaciones sociales no tienen los vicios de la burocratización, porque el Estado deslinda responsabilidad en la gestión de los recursos humanos y no aumenta la plantilla de empleados públicos. Sin embargo, otras veces el Estado, con distinto signo político partidario, ha establecido otras formas de relacionamiento con las organizaciones sociales y, sin perder la rectoría en la política pública, ha generado una alianza de cooperación e incidencia en la gestión de la política pública, para que la sociedad civil participe en la formulación de problemas y en la búsqueda de oportunidades y mejoras.
Otra cuestión que vino a recordarnos la discusión del diálogo social es que los partidos políticos legitimados por el voto popular parecerían ser los únicos que pueden hablar de política. Los ciudadanos organizados no sólo votan cada cinco años a sus representantes, sino que también participan, intervienen en procesos de consulta y otros mecanismos de participación como parecería ser el diálogo nacional que propone el gobierno.
El Estado, señores legisladores, debe promover una cultura de la gobernanza democrática, con una amplia participación política, abarcando un sistema pluralista de partidos políticos y una sociedad civil fuerte, que lo vigile en el cumplimiento de sus obligaciones, que asuma un rol de diálogo, de concertación, de acuerdos, de corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos, de interés general.
Natalia Cámara es psicóloga social.