Desde la mañana del martes hasta la madrugada del miércoles, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, fue interpelado por el diputado colorado Walter Cervini para que diera explicaciones sobre la decisión de cancelar el proyecto Neptuno/Arazatí y sustituirlo por otras obras, entre las que se destaca la construcción de una represa en Casupá. El desenlace fue frustrante para los partidos Nacional y Colorado, empeñados en defender la iniciativa que habían respaldado durante la presidencia de Luis Lacalle Pou y, especialmente en el caso de los nacionalistas, en proteger la imagen del exmandatario, que es la mayor esperanza electoral de la oposición.
Cabildo Abierto (CA) no quiso votar una declaración que cuestionara la decisión del actual gobierno nacional, y las bancadas de los lemas llamados tradicionales decidieron, en vez de presentar una moción propia, negociar su apoyo a una de Identidad Soberana, el partido de Gustavo Salle. Debieron aceptar que en ella no hubiera ni una palabra favorable a Neptuno/Arazatí, y de todos modos no lograron formar mayoría. El Frente Amplio (FA) optó por votar una moción firmada por CA que no expresa preferencia por ninguna de las dos alternativas pero asume que es preciso llevar adelante la que está planteada hoy.
El propósito real de la sesión no era discutir explicaciones técnicas que ya se habían planteado en comisión pocos días antes. Se trataba de una confrontación política, y en ella el oficialismo esquivó riesgos y redujo los daños al mínimo posible.
Las apariencias engañan
El término pólder nombra el terreno ganado al mar, típicamente en Países Bajos, pero en el proyecto Neptuno/Arazatí se refería a un reservorio hídrico. No tierra acumulada y contenida donde antes había agua, sino agua acumulada y contenida donde antes había tierra. Esta inversión vale como advertencia para todo el debate: la ingeniería política construye relatos como aquel personaje de A través del espejo y lo que Alicia encontró allí que decía: “Cuando uso una palabra, significa exactamente lo que quiero que signifique”.
Según el artículo 119 de la Constitución, “cada una de las cámaras tiene facultad, por resolución de un tercio de votos del total de sus componentes, de hacer venir a sala a los ministros de Estado para pedirles y recibir los informes que estime convenientes, ya sea con fines legislativos, de inspección o de fiscalización”. Es el procedimiento al que se suele llamar interpelación, y la costumbre es que termine con la votación de propuestas de declaración para evaluar lo dicho por las personas convocadas, aunque esto no es obligatorio.
Por lo general, lo que sucede en los llamados a sala es que la oposición procura promover una visión crítica del oficialismo por parte de la ciudadanía, aun cuando no esté a su alcance lograr la modificación de políticas o la caída de jerarcas. Como la cantidad de personas que escucha toda la discusión es escasa, el efecto siempre ha dependido de los medios de comunicación masiva y, en los últimos tiempos, lo fundamental ya no es la narrativa periodística en la prensa, la radio o la televisión, sino los mensajes breves en redes sociales, a menudo con pequeños videos. Por lo tanto, cada vez importa menos la concordancia entre el relato y la realidad.
Primero lo primero
Desde los partidos que promovieron el llamado a sala se insistió en que las explicaciones del Poder Ejecutivo no habían sido declaradas satisfactorias, y el oficialismo destacó en cambio que no habían sido declaradas insatisfactorias. Ambas afirmaciones son ciertas, pero lo relevante es una confirmación: si bien el FA es minoría en Diputados, esto no significa que allí haya una mayoría dispuesta a comportarse sistemáticamente como oposición.
Si el sistema partidario tuviera voluntad de manifestar sus acuerdos acerca de la cuestión del suministro de agua potable, podría decir que coincide acerca de la necesidad de asegurar su cantidad y su calidad, así como el acceso universal al servicio. Nadie duda de que para alcanzar esos objetivos son necesarias varias tareas, y como los recursos no abundan, la cuestión central es de prioridades.
Durante la larga sesión en Diputados quedó claro que no hubo argumentos válidos para darle prioridad, en el gobierno anterior, al proyecto Neptuno/Arazatí, que no podía aportar agua en cantidad suficiente para hacerle frente a una sequía severa e implicaba deficiencias de calidad, además de presentar problemas serios de constitucionalidad y de impacto ambiental y social. La oposición reconoce que también era –y es– necesario construir la represa de Casupá, pero enfatiza la conveniencia de contar con un recurso auxiliar para “situaciones extraordinarias”. Lo que no pudo –ni puede– demostrar es que esto fuera más urgente que invertir en soluciones para los problemas ordinarios y frecuentes.
Los motivos por los que se impulsó la iniciativa cancelada siguen siendo un misterio que habilita sospechas, pero el saldo de la sesión fue satisfactorio, aunque no haya una declaración que lo diga.