Discriminación en Uruguay: entre la percepción y la realidad

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¿Puede la sociedad creer que un colectivo sufre discriminación, aunque sus condiciones materiales digan lo contrario? ¿Grupos sociales ampliamente empobrecidos pueden no necesariamente sentirse excluidos? La tensión entre lo que se vive y lo que se cree –o el cómo se interpreta lo que se vive– ha ocupado grandes debates en las ciencias sociales: desde Karl Marx y su idea de “falsa conciencia” como percepción disociada de la realidad que distanciaba a las personas de la construcción de una “conciencia de clase”, hasta la actualidad, con debates políticos respecto de cómo deben calibrarse las prioridades entre la atención a desigualdades objetivas y la respuesta a demandas subjetivas de reconocimiento.

¿Cómo se condice en Uruguay la percepción de las personas sobre la discriminación que sufren ciertos grupos sociales y sus condiciones de vida efectivas? Para intentar esbozar una respuesta, hicimos el ejercicio analítico de comparar cómo la sociedad percibe el nivel de discriminación que sufren diferentes colectivos con algunas estadísticas vinculadas a la vulnerabilidad social de estos grupos sociales. Tomamos datos recientes del Monitor de Actitudes Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales (MAS-FCS) y de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2024.

En el marco del MAS-FCS, entre abril y junio de este año se le preguntó a la población si considera que determinados grupos (afrodescendientes, mujeres y población rural)¹ tienen menor acceso a oportunidades y se encuentran “muy discriminados”, “algo discriminados” o “nada discriminados”.

La mayoría de la población cree que estos grupos son discriminados, con leves variaciones en los niveles de intensidad de la discriminación (“algo” o “muy” discriminados). Sin embargo, cuando contrastamos estos datos con los indicadores de discriminación efectiva, se empiezan a observar discrepancias considerables. Como indicador de falta de oportunidades y discriminación, elegimos tomar la pobreza medida por el INE en la ECH a través del método de ingreso 2017. Esta funciona como un proxy empírico de la desigualdad de oportunidades y de la discriminación material percibida por las distintas poblaciones en la sociedad. La pobreza monetaria es una de las formas con mayor legitimidad para cuantificar la privación, por lo que nos permite hacer este ejercicio analítico.

Continuando, según la ECH 2024, los niveles de pobreza monetaria de los tres grupos son diferentes entre sí, tanto si analizamos por hogares como por personas. La pobreza en mujeres y en hogares con jefatura femenina es levemente superior a la pobreza de hogares y personas ubicadas en zonas rurales o localidades con menos de 5.000 habitantes. Ahora, la pobreza en personas y hogares afrodescendientes es considerablemente superior a cualquiera de los otros grupos considerados, con diferencias de más de 10 puntos porcentuales respecto del promedio de pobreza de la población en general.

La comparación nos permite realizar una primera observación. Mientras la percepción social es similar entre los tres grupos, existen importantes diferencias en la discriminación efectiva que perciben. Por ejemplo, las personas que se autoidentifican como afrodescendientes se encuentran mucho más discriminadas en términos materiales de lo que cabría esperar si asumimos como válida la representación que la sociedad tiene sobre la relativamente baja discriminación que recibe esta población. En sentido contrario, la percepción social de “alta discriminación” hacia la población rural es la más elevada de los grupos considerados y, sin embargo, este grupo presenta los indicadores más bajos de pobreza monetaria.

Si bien los colectivos afrodescendientes históricamente han colocado sobre la mesa el problema del racismo en Uruguay, y si bien existe probada evidencia empírica que documenta la existencia de brechas raciales importantes entre personas afrodescendientes y no afrodescendientes para todos los indicadores sociales –brechas que incluso se mantienen en el tiempo a pesar de las bajas en los niveles de pobreza de la sociedad en su conjunto–, los datos de la encuesta parecen mostrar que la sociedad uruguaya no tiene incorporada la noción de la discriminación racial, o al menos que esta no es vista como más acuciante que otras fuentes de discriminación. Esto es coherente con el concepto de “racismo a la uruguaya”, planteado por la comunidad afro organizada, el cual alimenta la autopercepción igualitaria del país en términos étnico-raciales. Es razonable pensar que la falta de conciencia social sobre la discriminación étnico-racial sea uno de los factores que, justamente, perpetúan esta exclusión estructural hacia las personas afrodescendientes.

Autopercepción de la discriminación

Ahora nos preguntamos: ¿qué niveles de discriminación perciben los propios grupos sociales consultados? ¿Sostienen que la sociedad los discrimina en mayor medida que lo que piensa el resto? Al igual que con la percepción general, cada grupo cree, en su mayoría, que es discriminado. De todos modos, como observación general, adelantamos que no hay estricta correspondencia entre la percepción social de discriminación y la autopercepción, y existen interesantes diferencias que detallaremos a continuación.

Contrario a lo que se podría esperar, las personas no blancas (conjunto que incluye personas que se identificaron con ascendencia “indígena”, “mestiza”, “mulata” o “negra”) perciben los mismos niveles de discriminación social hacia personas afrodescendientes que las personas blancas. La autoidentificación con categorías no blancas no tiene incidencia en una mayor percepción de la discriminación racial. Esto es llamativo si lo contrastamos con los elevados niveles de pobreza efectiva de la población afrodescendiente detallados anteriormente. La similitud de los niveles de percepción de discriminación entre blancos y no blancos parece acompañar la hipótesis planteada anteriormente: la normalización social de la desigualdad por razones étnicas y la interiorización del racismo pueden afectar incluso la forma en la que las propias personas interpretan su lugar en la sociedad. La subestimación de la discriminación no implica necesariamente ausencia de racismo, sino que suele ser una de sus expresiones más persistentes.

En cambio, en la percepción de discriminación hacia mujeres según género, se observan notables diferencias entre la concepción de mujeres y varones. El doble de mujeres que varones cree que las mujeres son “muy discriminadas” en la sociedad; en la misma línea, son el doble los varones que creen que no existe discriminación hacia las mujeres (41,2%). En la última década, los movimientos feministas han incidido en la agenda pública al poner de manifiesto las desigualdades de género en las sociedades patriarcales, lo que puede incidir en una importante autoconcientización en las mujeres sobre la discriminación recibida. Sin embargo, los varones parecen reaccionar a estos clamores con ideas que van en sentido contrario. Es conveniente analizar estos datos a la luz de la reflexión sobre una creciente derechización de los varones en la región y el aumento de legitimidad que han ganado los discursos antifeministas en la sociedad, de los que Uruguay parece no ser ajeno.

Por último, se revela un fenómeno interesante cuando analizamos la percepción de discriminación hacia población rural diferenciada según localidad de residencia. El 66,6% de quienes viven en una ciudad (o en sus alrededores) creen que la población rural es altamente discriminada o algo discriminada, mientras que esta proporción es de 58,9% entre quienes viven en un área rural o sus alrededores. Aunque las diferencias son moderadas, llama la atención la mayor percepción de “alta discriminación” al campo de quienes viven en ciudades, sobre todo cuando lo contrastamos con la pobreza efectiva que presenta la población rural (niveles de pobreza similares a los del resto de la sociedad) y con lo que piensan las propias personas rurales sobre la discriminación hacia ellas mismas.

Brechas entre percepción y realidad: desafíos para la política

Los datos analizados sugieren que algunas formas de discriminación se encuentran más naturalizadas que otras, lo que condiciona la forma en la que se estructuran las demandas y el peso que adquieren en la arena política. Existen casos actuales en los que hay correspondencia entre la magnitud material del problema y su reconocimiento social (por ejemplo, en la infantilización de la pobreza y el alto acuerdo social con implementar políticas para atenderla). En cambio, en otros casos, la brecha entre lo objetivo y lo percibido es mayor, lo que abre espacio para que grupos con condiciones objetivas más favorables, pero con alta percepción de desventaja, movilicen más eficazmente recursos y atención pública, en detrimento de colectivos que, pese a enfrentar privaciones materiales estructurales, no logran visibilizar su situación. Este dilema es central para la política pública: cómo equilibrar demandas con alta visibilidad con aquellas necesidades objetivas que, por su baja percepción social, tienden a quedar relegadas, pero no por ello dejan de ser importantes.

En el caso de la población afrodescendiente, el contraste entre percepción de discriminación y situación material revela una subestimación de la discriminación racial que ameritaría un lugar más prioritario en la agenda pública. En relación con la discriminación hacia mujeres, el quiebre de género en la percepción social del problema evidencia un terreno en disputa, con tensiones en la construcción del relato político. Por último, la mayor percepción de discriminación hacia la población rural que esgrimen quienes viven en ciudades sugiere la persistencia de una mirada paternalista de la ciudad que no necesariamente coincide con la experiencia vivida en el medio rural.

Estas reflexiones pretenden aportar a comprender cómo la desigualdad en Uruguay requiere atender tanto la distribución objetiva de recursos como la estructura simbólica que legitima o invisibiliza ciertas formas de exclusión, dos dimensiones inseparables para el diseño de políticas públicas justas y efectivas.

Manuel García Rey es sociólogo e integrante del grupo I+D “Bienestar y coaliciones en los dos ciclos del Estado uruguayo”. El grupo de investigación está integrado por Carmen Midaglia y Fernando Filgueira (coordinadores), Fabricio Carneiro, Guillermo Fuentes, Gustavo Méndez Barbato y Manuel García Rey, y cuenta con financiación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República.

El Monitor de Actitudes Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales (MAS-FCS) es una iniciativa del grupo I+D que cuenta con dos ediciones: 2023 y 2025. Los datos 2025 utilizados en este artículo se recogieron mediante una encuesta telefónica realizada entre el 7 de abril y el 4 de junio de este año por la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la FCS a una muestra representativa de la población nacional de 825 casos.