Esta semana se confirmó que la oposición realizará sus dos primeras interpelaciones en este período de gobierno. Una al ministro Alfredo Fratti en el Senado, debido a la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), y la otra a su par Edgardo Ortuño en la Cámara de Representantes, por la decisión de cancelar el proyecto Neptuno/Arazatí y realizar en cambio otras obras para aumentar el suministro de agua potable. Son, sin duda, decisiones legítimas de los partidos que impulsan estos llamados a sala, pero su significado político merece algunas reflexiones.
Para empezar, los motivos son en ambos casos discrepancias de orientación más que la denuncia de irregularidades. Durante los tres primeros gobiernos del Frente Amplio (FA) aumentó el papel del INC como comprador y adjudicador de tierras, al tiempo que se dejaba encaminado y con financiamiento internacional aprobado el proyecto de construcción de una represa en Casupá, para prevenir problemas futuros de OSE. Luego el gobierno de Luis Lacalle Pou redujo mucho ese papel de Colonización, desactivó Casupá e impulsó en su lugar Neptuno. Los cambios fueron cuestionados pública y reiteradamente por el FA, que incluyó en su programa de gobierno el compromiso de revertirlos, y ahora hace lo que prometió.
Quienes están ahora en la oposición tienen derecho a mantener sus posiciones, pero también lo tiene el oficialismo. Así funciona la democracia, y pasaba lo mismo en el período pasado cuando el FA interpelaba.
Hay motivos político-electorales claros para estos llamados a sala: por un lado, la voluntad de defender lo que hizo el anterior gobierno y proteger la imagen de Lacalle Pou; por otro, y sobre todo en algunos sectores nacionalistas, la reivindicación de un relato en el que sólo ellos conocen “el campo” y saben lo que le conviene.
De todos modos, el resultado electoral del año pasado marcó una preferencia mayoritaria por las posturas frenteamplistas, y la función principal del Poder Legislativo no es convertirse en escenario de una campaña electoral permanente, aunque así ocurra muy a menudo. Por otra parte, las consecuencias prácticas de estos llamados a sala serán escasas.
La Constitución incluye varias disposiciones que parecen corresponder a un régimen parlamentarista inexistente en la realidad. Desde el retorno a la democracia, el predominio del Poder Ejecutivo se acentuó y las interpelaciones han sido por lo general gestos políticos con el objetivo, no siempre alcanzado, de potenciar discursos opositores.
Además, la relación de fuerzas actual en el Parlamento determina que la gestión de cualquier integrante del Consejo de Ministros pueda ser declarada insatisfactoria en Diputados, pero satisfactoria en el Senado. En la Asamblea General hay un inusual empate entre la bancada oficialista y la suma de todas las demás.
En este marco, sólo cabe esperar que los debates sean serios y sirvan, al menos, para que parte de la ciudadanía conozca mejor las posiciones sobre asuntos que, si bien no están entre sus inquietudes prioritarias, tienen mucha importancia para el país.