La semana pasada, varios diputados de la oposición cuestionaron la propuesta de crear nuevos programas y organismos dependientes del presidente de la República. Se sostuvo que esa ubicación institucional elude el control parlamentario, y el nacionalista Juan Martín Rodríguez opinó que el problema podría resolverse en el futuro con un Ministerio de Gobierno, responsable de la actual “superabundancia” de agencias, unidades y secretarías en la Torre Ejecutiva, a cargo de una persona que pueda ser interpelada en el Poder Legislativo.
Los opositores tienen algo de razón, pese a que la cuestión no es tan simple y a que “colgar cosas de la Presidencia”, como dijo Rodríguez, ha sido una práctica de todos los oficialismos desde la salida de la dictadura. Hay una tendencia internacional al fortalecimiento de lo que la ciencia política llama “centros de gobierno”, o sea las instituciones formadas para brindarle apoyo directo a la conducción del Poder Ejecutivo y dependientes de ella.
Los centros de gobierno aportan a la definición de prioridades para las políticas públicas, su planificación, coordinación y evaluación, el vínculo con otros actores políticos y sociales, la asesoría técnica en áreas muy diversas y la comunicación, entre otras tareas. Nótese que este modelo asume el criterio, aplicado en otros países y cada vez más extendido aquí, de considerar que “el gobierno” es el Poder Ejecutivo, como si el Parlamento no gobernara también.
Cuando la Constitución menciona a “la Presidencia”, todo indica que no se refiere a un conjunto de instituciones, sino a la persona que esté ejerciendo la presidencia de la República. Hace algunas décadas, la acepción de “Presidencia” como algo colectivo sólo estaba en el inciso correspondiente de los presupuestos nacionales, pero con el paso del tiempo se ha impuesto la idea de que es un organismo complejo en constante crecimiento.
Una larga lista
En Uruguay, la reforma constitucional aprobada en 1966 trajo consigo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dependiente “de la Presidencia de la República”. A la vez, dispuso que la ley creara “el Servicio Civil de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados”, como se hizo al año siguiente con el nombre de Oficina Nacional del Servicio Civil, también dependiente “directamente de la Presidencia de la República”.
En 1985, la Dirección General de Estadísticas y Censos pasó a depender de la OPP. En 1988 se formó en el ámbito de Presidencia la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas. En 1991, la Comisión Interministerial para el Mercado Común del Sur. En 2000, la Comisión para la Paz, antecedente de la actual Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
En 2005, el primer gobierno nacional frenteamplista estableció la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento y la Unidad de Asesoramiento y Monitoreo de Políticas; en 2006, el Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, dependiente de la OPP; en 2007, la Unidad Nacional de Seguridad Vial; en 2008, la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales, y en 2009, la Dirección Nacional de Emergencias.
En 2010 se creó la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional; en 2011, el Plan Juntos; en 2013, la Secretaría de Derechos Humanos y la Infraestructura de Datos Espaciales; en 2015, año prolífico, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Secretaría Nacional del Deporte, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático; en 2018, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado; en 2020, el Grupo Asesor Científico Honorario. Ahora se propone la creación de Uruguay Innova, la Secretaría de Ciencia y de Valorización del Conocimiento, un Consejo Asesor Científico Honorario y una Secretaría de Litigio Estratégico del Estado.
En 2020, además, la designación de un dirigente político como Álvaro Delgado en la Secretaría de Presidencia le dio un nuevo perfil al cargo, que se mantiene en la actualidad con Alejandro Pacha Sánchez.
Luz, más luz
El oficialismo tiene razón cuando alega que el desarrollo de la institucionalidad transversal en torno a las presidencias es una necesidad asumida por los gobiernos modernos, o cuando señala que los altos funcionarios de la Torre Ejecutiva pueden ser convocados al Parlamento (aunque no interpelados). De todos modos, es un hecho que funcionar en Presidencia se ambiciona como una forma de lograr mayor ejecutividad sin “trabas burocráticas”, y que lo que allí se hace está mucho menos a la vista que las actividades ministeriales. Esto tiene, obviamente, sus riesgos, y uno de los mayores es que aumenta las oportunidades para la corrupción. Ejemplos hay.
Para el segundo período de gobierno frenteamplista se manejó la idea de un Ministerio de Gobierno y Asuntos Ciudadanos, que fue muy cuestionada y no llegó a proponerse al Parlamento. Quizá sea hora de reconsiderar el tema.