Udelar y presupuesto: tareas pendientes y reasignaciones posibles

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En 2020, la Universidad de la República (Udelar) reclamó por un “congelamiento” en el presupuesto presentado por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Se denunció entonces una situación de verdadera injusticia en relación a la institución. Y en el marco de un aumento sostenido de la matrícula, la Udelar empezó a empobrecerse. En un contexto en el que el número de estudiantes matriculados en la enseñanza inicial, primaria y media básica disminuye, como resultado de la caída de la natalidad, que la Udelar aumente el número de estudiantes es una maravillosa noticia. Requiere una justicia incremental en los recursos destinados a ella que lo refleje.

La Udelar pasó de 115.606 estudiantes activos en 2013 a 162.364 en 2024. Incluso, las proyecciones de la institución indican que esa tendencia continuará al alza hacia el año 2029. Y quizás el dato más relevante: de los ingresos en 2024, el 36,6% de los y las estudiantes provienen de hogares con un bajo nivel educativo, y el 54,8% es la primera generación universitaria de su familia. También es cierto que más del 60% son mujeres. Estas cifras reflejan el papel democratizador de la universidad, el carácter progresivo de los fondos destinados a su sostenimiento y la centralidad que tiene en la perspectiva de la justicia y equidad social, generacional, territorial y de género de nuestro país. Cada peso invertido en la universidad pública es plata invertida en jóvenes, mujeres y estudiantes que vienen de hogares más pobres.

Según el proyecto de Ley de Presupuesto actualmente a estudio del Parlamento, la Udelar recibiría partidas de 350 millones de pesos por año distribuidas en tres partes: 150 millones destinados a becas de grado, 100 millones para horas docentes y 100 millones para obras del Hospital de Clínicas. A esto se suman 140 millones resultantes de una negociación tripartita, destinados a incrementos salariales para funcionarios. En total, el incremento presupuestal sería apenas un 3% de lo solicitado originalmente por la Udelar, que aspiraba a un refuerzo del 52% de su presupuesto.

La inversión pública en educación se ubicó en el 4,9% del PBI en 2023, pero en la última Rendición de Cuentas de 2024 se estimó en un 4,7%. Según el proyecto de ley de presupuesto, esa participación seguirá cayendo: del 4,4% en 2026 al 4,2% en 2029. Si observamos específicamente el presupuesto correspondiente a la Udelar, hoy equivale al 0,8% del PBI. La Udelar pretendía llegar al 1,09% en 2029, pero, con los recursos asignados en el proyecto de ley actual, fuentes de la universidad sostienen que la proyección será del 0,73%; es decir, incluso menos que el nivel actual. La comparación con el presupuesto en Defensa resulta inevitable: el presupuesto del Ministerio de Defensa es superior al de la Udelar. Uruguay es hoy el país con mayor gasto militar per cápita de América Latina y ha incrementado notoriamente sus recursos en seguridad. Pero estamos lejos de ser el país con mayor gasto en educación e investigación. Y para una persona de izquierda, esta ecuación es más que problemática.

Si bien la Universidad de la República no figuró entre las prioridades de gobierno presentadas por Yamandú Orsi en setiembre de 2024 en Colonia, sí ocupa un lugar fundamental del Programa de Gobierno 2025-2029 del Frente Amplio. Allí se la reconoce como un actor central en el desarrollo del conocimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología, se remarca la necesidad de profundizar el proceso de descentralización ya iniciado, y se destaca la importancia de asignarle recursos para la creación y apropiación tecnológica. Pero, además, los programas del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto también señalan a la educación terciaria, y la Udelar en particular, como pilares fundamentales del desarrollo del país. Con esos antecedentes, deberíamos esperar un amplio consenso interpartidario a favor de incrementar la asignación presupuestal para la Universidad de la República, aun en los márgenes del “perímetro fiscal”. Esta columna apuesta a que se desarrollen alternativas de reasignación ahora que el presupuesto se está discutiendo en la Cámara de Diputados.

En primer lugar, es importante que se reasignen fondos para el desarrollo de la Udelar en el interior, donde ya se matriculan más de 20.000 estudiantes. Recordemos que toda la Universidad Tecnológica (UTEC) tiene 3.600 estudiantes. No debería haber diferencia en la asignación presupuestal por estudiante entre la UTEC y la Udelar. Pero la está habiendo, y mucho. Al día de hoy, la Udelar tiene tres centros regionales instalados, uno en marcha (Sur-oeste) y otro proyectado (Centro-sur). El 17% de las y los estudiantes están realizando sus estudios en estas sedes, lo que demuestra el enorme carácter igualador de la ampliación territorial universitaria. Además, la presencia de la Udelar en el interior es equivalente a la instalación de una gran empresa, dado el potencial dinamizador de la economía local que trae aparejada su consolidación.

El Hospital de Clínicas, centro de referencia en investigación médica y formación profesional, ha aumentado de forma sostenida su producción —desde las consultas externas hasta la realización de cirugías—. Había solicitado recursos para la finalización en 2030 de su obra de refuncionalización, pero recibirá un 9,9% de lo pedido. Algo similar ocurre con los recursos destinados a la creación de conocimiento científico: aunque la Udelar concentre cerca del 80% de la investigación que se hace en el país y el 69% de los y las investigadoras que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, no hay incrementos destinados a becas para la culminación de los estudios de posgrado ni a fondos para la investigación —ya depreciados por la falta de actualización—.

La situación de las y los funcionarios técnicos, administrativos y de servicios es preocupante: sostienen el funcionamiento cotidiano de cada servicio universitario, pero sus salarios están sumergidos en comparación con otras instituciones similares y el número de cargos permanece estancado desde hace años. Sin embargo, tampoco reciben aumento presupuestal.

Por su parte, la situación de las y los docentes Grados 1 y 2 también es crítica: anteriormente representaban el 50% del total de los cargos docentes y hoy son el 64%, con condiciones laborales precarias y una sobrecarga de tareas que, aunque invisibilizadas, permiten sostener el trabajo de los grados superiores. Un docente grado 1 con una carga de 20 horas semanales percibe apenas 22 mil pesos nominales y tiene muchas dificultades para acceder a una mayor carga horaria ¹. Sus salarios, además, son sensiblemente más bajos que el resto de la educación pública.

El presupuesto asignado a la Udelar es notoriamente bajo, incluso comparado con otras instituciones educativas. Mientras la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) recibe un incremental de 3,6% y la UTEC de 6%, el incremento presupuestal de la Udelar es de apenas 1,8%. Ceibal, por su parte, tendrá un aumento de 1.150 millones de pesos para todo el período, solo 250 millones menos que el incremento asignado a la Udelar. ¿Acaso la institución más relevante de la educación terciaria del país no merece incrementos al menos equivalentes a los de los otros organismos de la enseñanza? Más aún considerando que el cálculo del gasto por alumno le daría amplia ventaja a la Udelar sobre el resto del sistema.

Resulta inevitable luchar por realizar reasignaciones dentro del presupuesto aprobado. Aumentar la partida destinada a la Udelar no es un capricho político, sino un acto de justicia. Es posible hacer reasignaciones desde otros rubros no vinculados a la enseñanza para que todo el sistema educativo pueda fortalecerse, manteniendo criterios de justicia incremental entre las distintas instituciones educativas. Solo así podremos garantizar que la educación pública en su conjunto sea motor de inclusión, desarrollo y equidad.

Constanza Moreira es politóloga y senadora del Frente Amplio. Agustín Daguerre es politólogo.