La vivienda es mucho más que un techo: es el punto de partida de la vida en comunidad, la base sobre la que se apoyan la salud, la educación y el desarrollo humano. Pero en Uruguay miles de familias viven en condiciones tan frágiles que cualquier golpe –una crecida del río, un embarazo de riesgo, la pérdida de un empleo– puede transformarse en una emergencia habitacional.
El Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025-2029 reconoce esa realidad incómoda: no siempre es posible esperar una solución definitiva. Hay situaciones en las que la política pública debe actuar con rapidez, aunque sea con medidas provisorias. La novedad es que el propio Estado asume que esas soluciones pueden aplicarse más de una vez al mismo hogar.
Un cambio de paradigma
El plan admite que “habrá situaciones en que las soluciones habitacionales deban ser parciales y provisorias, incluso en más de una oportunidad para un mismo hogar” (MVOT, 2025). Este reconocimiento supone un cambio de enfoque. Durante décadas, el acceso a la vivienda se entendió casi exclusivamente como la entrega de una solución definitiva. Sin embargo, la realidad demográfica, social y ambiental del país exige un giro: en ciertos casos, lo urgente es garantizar seguridad inmediata y condiciones mínimas de dignidad, aun cuando la solución estable deba llegar más tarde. Se trata de un paso importante hacia una política más flexible y realista, capaz de responder a la complejidad de un país desigual y expuesto a crecientes riesgos climáticos.
El plan identifica con claridad las poblaciones que requieren atención prioritaria:
- Embarazos de riesgo y recién nacidos: la precariedad del hábitat puede tener efectos irreversibles en los primeros 1.000 días de vida, etapa decisiva para la salud y el desarrollo.
- Niñez en pobreza extrema: cuando la falta de vivienda adecuada se combina con privaciones educativas y sanitarias, se consolida un círculo de exclusión difícil de romper.
- Familias desplazadas por fenómenos climáticos, especialmente inundaciones, que fuerzan relocalizaciones inmediatas y recurrentes.
Estas realidades muestran que la emergencia habitacional no es un problema marginal: es la expresión más dura de la desigualdad social y territorial.
Por otra parte, el Censo 2023 reveló un dato alarmante: más de 96.000 personas viven en áreas inundables en Uruguay, lo que representa casi el 3% de la población nacional. Esto significa que miles de hogares están permanentemente expuestos a la pérdida de bienes materiales y a riesgos en la salud, la seguridad y la educación de sus integrantes.
El período 2025-2029 será decisivo para saber si Uruguay logra pasar de las respuestas improvisadas a una política planificada de emergencia habitacional. Una política que combine rapidez con dignidad.
El plan asume que los fenómenos climáticos extremos –inundaciones, tormentas, olas de calor y frío– serán cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático. Por eso plantea que la política habitacional debe incorporar la gestión del riesgo y la resiliencia como componentes centrales, entendiendo que no se trata sólo de construir casas, sino de garantizar entornos seguros y sostenibles.
Estrategias y herramientas para la emergencia
Para enfrentar este panorama, el plan propone un conjunto de instrumentos:
- Programas de transición habitacional: soluciones provisorias que brinden techo seguro mientras se implementan alternativas definitivas.
- Un stock específico de viviendas para alquiler social: pensado para contingencias inmediatas, con disponibilidad ágil y rotativa.
- Prevención y mantenimiento del stock existente: evitar que viviendas vacías o deterioradas se conviertan en un factor que agrave la emergencia.
- Coordinación interinstitucional: articular vivienda con salud, educación, protección social y gestión de riesgos, de modo de abordar integralmente la vulnerabilidad.
El desafío, según el propio plan, es que estas herramientas no se conviertan en trampas de precariedad, sino en verdaderos puentes hacia soluciones estables.
La experiencia pasada muestra los peligros de actuar sólo con lógica de urgencia. En varios casos, familias derivadas a alojamientos temporales terminaron asentándose de manera permanente, consolidando nuevas formas de precariedad.
La apuesta del plan 2025-2029 es distinta: que cada respuesta de emergencia sea entendida como un tránsito hacia una vivienda adecuada y estable. Eso implica más planificación, recursos destinados con claridad y un seguimiento que asegure la salida efectiva de la situación de vulnerabilidad.
Emergencia y desigualdad: el espejo del país
La emergencia habitacional es también un espejo de la desigualdad estructural en Uruguay. Mientras algunos hogares logran acceder a créditos y soluciones cooperativas, otros permanecen atrapados en un ciclo de vulnerabilidad que se profundiza con cada evento climático o crisis social.
En ese contexto, las cifras son elocuentes: más de 96.000 personas viven en áreas inundables, miles de niños y niñas en pobreza extrema, hogares con madres gestantes en riesgo que no encuentran respuestas rápidas a su necesidad habitacional. No se trata de números abstractos: son vidas condicionadas día a día por la precariedad del hábitat.
El período 2025-2029 será decisivo para saber si Uruguay logra pasar de las respuestas improvisadas a una política planificada de emergencia habitacional. Una política que combine rapidez con dignidad, que responda de inmediato a lo urgente, pero siempre con la mirada puesta en la integración social.
La gran prueba es demostrar que lo provisorio no se convierta en permanente. Que cada techo levantado en la urgencia sea el inicio de un camino hacia una vida más estable y segura. En definitiva, el desafío de la emergencia habitacional es también el desafío de un país que debe elegir si enfrenta sus desigualdades de frente o si las deja crecer bajo la forma de refugios precarios.
Diego Duarte Calleja es licenciado en Trabajo Social, especialista en Estudios Urbanos e Intervenciones Territoriales.