Los cuidados incluyen todas las actividades y relaciones destinadas a sostener la vida; desde atender a las niñas/os, personas mayores, dependientes o con discapacidad, hasta tareas de la vida cotidiana como alimentación, limpieza y acompañamiento. El trabajo del cuidado está atravesado por componentes materiales, económicos y afectivos, todos esenciales para la matriz social y las economías locales de los territorios. Aún sigue siendo invisibilizado, mayoritariamente no remunerado e infravalorado.
Históricamente, los cuidados han recaído en las estructuras familiares y en particular, sobre las mujeres. Esta distribución desigual limita las autonomías y el acceso a derechos, reforzando y reproduciendo estereotipos que asocian el cuidado no como un saber o atributo que cualquier persona puede desarrollar sino en relación a la naturaleza femenina.
Las ciudades inteligentes se caracterizan por incorporar tecnología, conectividad y eficiencia en su dinámica cotidiana; sin embargo, la propuesta de ciudades cuidadoras hace referencia al diseño de las mismas en tanto el cuidado de las personas que las habitan. No basta con innovar en infraestructuras, debemos también garantizar el bienestar físico, emocional y social de todas las comunidades.
Hoy, el principal desafío se visualiza en los aportes de políticas urbanas con igualdad, incorporando la perspectiva de género en el desarrollo urbano, con un enfoque específico en las autonomías, la económica en particular, y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres.
La importancia de la doble presencia laboral en el espacio privado y público se vincula con la estrecha relación que tienen las mujeres con la vivienda y el hábitat como principales usuarias, con la dotación de servicios públicos para las tareas domésticas, con los equipamientos sociales para la educación, salud y espacio público, con la movilidad, la seguridad ciudadana y con las condiciones ambientales.
En Uruguay, la dimensión territorial, para implementar una estrategia nacional de desarrollo, logra consolidarse con la creación de leyes como las de Ordenamiento Territorial; de Descentralización y Participación Ciudadana; y la que crea en 2015 el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC). Las propuestas de políticas para la autonomía de las mujeres y la garantía de sus derechos económicos y sociales, así como las reformas legislativas y regulatorias para lograr ciudades cuidadoras, constituyen instrumentos fundamentales y necesarios.
Olga Segovia, consultora de Cepal y coordinadora de la Red Mujer y Hábitat de América Latina, plantea que, en un contexto urbano regional marcado por múltiples desigualdades, construir ciudades inclusivas supone avanzar en la implementación de políticas públicas capaces de generar cambios en las relaciones de género, en particular, en la división del trabajo y en el uso y disfrute del tiempo y la ciudad. Implica la valoración de los intereses diferenciales de las personas, necesidades y demandas, así como los impactos de acciones concretas de los gobiernos locales que puedan incidir en las brechas o en la reproducción de la desigualdad socioeconómica y la cultura del privilegio en los procesos de urbanización.
La disponibilidad y la calidad del transporte, la conformación del espacio público, las condiciones de seguridad para transitar y acceder a los servicios urbanos, al trabajo o al estudio, son factores claves en la vida de las mujeres para poder ampliar su autonomía de manera integral.
Las propuestas de políticas para la autonomía de las mujeres y la garantía de sus derechos económicos y sociales, así como las reformas legislativas y regulatorias para lograr ciudades cuidadoras, constituyen instrumentos fundamentales.
El acceso en igualdad de condiciones a los bienes urbanos por parte de hombres y mujeres permite superar las inequidades y limitaciones que enfrentan, en su mayoría, las mujeres, en tanto servicios y espacios públicos, a la vivienda, al empleo y la movilidad, entre otros. La redistribución del uso del suelo urbano y del tiempo promueven equidad e igualdad de oportunidades. Las desigualdades entre los territorios como los barrios, municipios, zonas rurales y urbanas, son obstáculos que deben revertirse en la planificación estratégica de las ciudades para garantizar bienestar y no sólo crecimiento, en todos los ámbitos de la sociedad.
El reto actual, en particular en América Latina y el Caribe, consiste en resolver los problemas de transición de las zonas rurales a las urbanas y dar respuesta a las transformaciones demográficas, proveyendo de mayor calidad de vida a los habitantes mediante políticas de participación e inclusión social, seguridad, eficiencia en el uso del tiempo, cobertura de servicios y protección del medio ambiente.
El agua potable, la energía y el saneamiento forman parte de la infraestructura básica del cuidado. El transporte y la cercanía entre el hogar, la escuela, el trabajo y el centro de salud hace referencia a la movilidad del cuidado; el diseño del territorio puede acercar o aislar los servicios que tienen que ver con las necesidades básicas de la población. La proximidad, accesibilidad, el fomento de las redes vecinales y espacios comunes para apoyos mutuos, promueven la sostenibilidad de la vida.
Actualmente, las ciudades experimentan mayores riesgos y vulnerabilidades en tanto los efectos del cambio climático y de la presión de los patrones de producción, distribución y consumo que atentan contra su sostenibilidad. Cuando jerarquizamos los cuidados, la ciudad protege el medio ambiente y los recursos naturales, innova y adopta tecnologías para la prevención y mitigación. Genera la capacidad de incorporar a las personas y a la naturaleza, en sus expresiones multidimensionales y diversas, como desafío para mejorar la calidad de vida y de cuidados, también en la calidad de los servicios públicos.
Las políticas deben responder a los desafíos de la creciente incorporación de las mujeres a la vida social y política y a su mayor participación en la fuerza del trabajo. También facilitar el involucramiento de los hombres en el trabajo no remunerado, redistribuir el tiempo asignado a determinadas tareas y funciones según el sistema de género dominante y finalmente reafirmar la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho al cuidado y el ejercicio de los derechos ciudadanos.
A la fecha, Uruguay no ha podido implementar el Sistema Nacional de Cuidados, como disparador de un nuevo paradigma de desarrollo, centrado en la igualdad, con presupuesto suficiente y un diseño adaptado a las realidades sociales de la región y del mundo. El espacio de la ciudad no es neutro, condiciona las formas de uso e incide en el acceso a oportunidades que son diferentes entre hombres y mujeres. Los servicios públicos de las ciudades son componentes claves del bienestar social, que se suman a los ingresos y a la protección social.
La formulación de políticas públicas urbanas, sectoriales y transversales son herramientas para la gestión de la ciudad que benefician la redistribución de las tareas de cuidado y contribuyen a la autonomía económica de las mujeres, fortaleciendo el ejercicio de su derecho a la ciudad. Ante una organización desigual de los cuidados, debemos garantizar el derecho a toda persona a ser cuidada y defender los derechos de quienes cuidan, con políticas públicas que contribuyan a cambiar la división sexual del trabajo y la matriz social del cuidado.
Cepal tiene como lema “sin igualdad de género, el desarrollo sostenible no es verdadero desarrollo, ni es sostenible”. Las ciudades inclusivas y cuidadoras son profundamente políticas, y se sostienen en la convicción de que transformar el espacio y el tiempo posibilita transformar la realidad.
En la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2017) se reconoce la centralidad de la igualdad de género y la autonomía económica de las mujeres como criterios fundamentales para avanzar hacia patrones de desarrollo sostenible. El objetivo 5 hace referencia a lograr igualdad entre géneros y empoderar a las mujeres y niñas; y el objetivo 11 refiere al logro de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Junto a los restantes objetivos, que incluyen compromisos de género de manera transversal, todos ellos, se advierte una oportunidad imperiosa para avanzar en la eliminación de las múltiples brechas de desigualdad y consolidar una agenda regional más igualitaria en derechos, promotora de calidad y fortalecimiento democrático, tan necesario, en un tiempo de incertidumbre, en la búsqueda de más humanismo, en el relato y en las acciones. Acciones, muchas de ellas, que sostienen la vida.
Andrea Maddalena es magíster en Género, Cambio Climático y Desastres.