Secularizar la ciudadanía digital: educación entre derechos humanos y artificiales

Editar

En los últimos años, la educación en ciudadanía digital ha tomado vital importancia para la sociedad y el ejercicio de la democracia, pero también para organismos internacionales y corporaciones transnacionales que concentran capital mediante el sistema de explotación extractivista de datos. En esta era del capitalismo de plataformas, la formación de docentes y estudiantes en ciudadanía digital viene siendo absorbida por el negocio de la innovación y el canon de la rentabilidad, y se está obteniendo, como resultado, la disputa por el sentido democrático del concepto de ciudadanía.

En los siguientes párrafos continuaremos la línea de análisis establecida en el artículo “Educación de plataformas: extracción, refinamiento y comercialización de datos”, que publicamos en octubre en la diaria. Allí expusimos las tendencias privatizadoras de la política educativa, lideradas por Ceibal, y la injerencia de Microsoft, Google y Meta en la implementación de plataformas e inteligencia artificial en el ámbito público. El presente desarrollo busca contraponer a esas tendencias un conjunto de propuestas para pensar una educación en ciudadanía digital anclada en la realidad sociopolítica de Uruguay, desde una ética democrática transformadora, con perspectiva de género y de derechos humanos.

Ciudadanía digital y democracia

La política educativa juega un papel central para garantizar el derecho a la participación democrática, que sólo puede garantizarse cuando la sociedad está dotada de conocimientos necesarios para el ejercicio de su capacidad crítica y transformadora. En lo que respecta a la ciudadanía digital, el estudiantado no sólo debe tener acceso a las tecnologías, también necesita contar con los saberes necesarios para desarrollar sus propios análisis sobre las relaciones de poder que se estructuran en el mundo digital. Temas como la desigualdad, la distribución y la concentración de la riqueza son algunos de los tópicos más acuciantes en nuestro país –inscrito en el continente más desigual del mundo– no sólo porque inciden directamente sobre las condiciones de vida, sino también porque erosionan las democracias y, como estamos presenciando, repercuten en la proliferación de la extrema derecha en importantes espacios de poder. Una educación en ciudadanía digital con vocación democrática no puede ser ajena al análisis de esas estructuras, que también se reproducen –y/o producen– en la esfera digital.

Según la investigadora en educación y cultura digital Inés Dussel, esta concepción de democracia está siendo disputada, en el plano de la política educativa, por una “ideología corporativa” promovida por empresas transnacionales de tecnología digital. La autora sostiene que esa ideología reproductora de las desigualdades se introduce en una red de tecnologías, docentes y escuelas por medio de plataformas y contenidos pedagógicos: “Las compañías de internet, y particularmente las redes sociales –que son ahora los ‘reyes’ de los medios digitales–, se postulan como espacios abiertos, arenas neutrales de participación, que permiten que los ciudadanos participen y creen contenido cultural, cumpliendo un ideal democrático a la par que promoviendo el máximo potencial en cada uno. Como dice José van Dijck, la ideología corporativa promovida por Mark Zuckerberg y otros es que todo debe ser socializado y que debemos construir un “espacio verdaderamente abierto y conectado”. En los medios sociales como Facebook y Twitter el imperativo de compartir y anotar todas las nuevas experiencias vitales en línea, para que la gente nos apruebe y nos volvamos cada vez más populares, tiene en su base la presión para que todos los datos estén disponibles para todos, para ser precisos, no todos: deben estar disponibles para quienes puedan hacer buen uso de esos datos, como estas corporaciones”.¹

Estas formas de explotación de los datos influyen directamente en el plano material; por ejemplo, en la progresiva automatización del trabajo, la descalificación laboral y el crecimiento del desempleo. Concomitantemente repercuten en el plano cultural, generando una ilimitada circulación algorítmica de contenidos de extrema derecha, que se potencia cuando converge con las inclinaciones político-culturales reaccionarias que están emergiendo y fortaleciéndose en distintas partes del mundo.

El patrIArcado

Hace unos meses se presentó un nuevo informe Aristas, “Cambios en creencias y actitudes de los adolescentes con relación a la diversidad e igualdad de género”, que despertó preocupación al diagnosticar un retroceso en la aceptación de la diversidad e igualdad de género entre estudiantes. En las reflexiones finales de este informe se concluye que, “al considerar la creciente importancia de las redes sociales en las interacciones de los adolescentes en los últimos años, así como su vínculo con el sentido de pertenencia de los estudiantes hacia el centro educativo, resulta fundamental que en los liceos y escuelas técnicas se promueva el diálogo sobre el uso de estas plataformas y se ofrezcan orientaciones al respecto”.²

Esta preocupación se recoge en las “Bases para la consolidación del Plan Nacional de Convivencia y Participación 2026-2030”³ de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), donde se menciona la importancia de políticas de ciudadanía digital responsable y del desarrollo de entornos virtuales seguros, así como la pertinencia del abordaje de las temáticas de ciudadanía digital y género.

En los entornos virtuales, el conocido grooming (o ciberacoso) no es el único peligro para las adolescencias. Por ejemplo, los incels o “célibes involuntarios” son varones, principalmente jóvenes heterosexuales, que culpan a las mujeres e incluso a la sociedad por su falta de interacciones sexoafectivas y alimentan discursos de odio y violencia en distintos foros. Aunque el término nació en el siglo pasado, con el tiempo se radicalizó dando origen a una “manósfera” o “machósfera”; es decir, una red donde circulan discursos violentos hacia las mujeres, las disidencias sexogenéricas y los feminismos. Utilizan términos como incel, alpha, foid, chad, LDAR, redpill, blackpill, stacy, looksmaxxing, etcétera.

En ese ecosistema de foros y creadores se promueven roles rígidos de género y se normalizan la misoginia y su victimismo. Proporcionan explicaciones fáciles que “enganchan”, como “la culpa es de ellas”, a la vez que ofrecen sentido de pertenencia: “Aquí te entienden”. Los algoritmos hacen el resto al mostrar más de lo mismo. Así se amplifica, legitima y globaliza el odio, se convierte en comunidad y se permite que el antifeminismo se fusione con la ultraderecha digital y real.

Esto trae riesgos tanto dentro como fuera de los centros educativos. En las pantallas de los celulares se multiplican las reproducciones de peleas entre estudiantes, las redes sociales son usadas para convocar a enfrentamientos entre barras, los portales emplean un lenguaje bélico para titular las noticias más cotidianas (“explotó”, “liquidó”, “hizo pedazos”), proliferan publicaciones que llaman a atacar a otras personas, los discursos simplistas circulan cosechando “aplausos” y “me gusta”... De esta forma también la misoginia, la xenofobia, el racismo y la aporofobia se normalizan y trascienden lo virtual. La abierta hostilidad campea por las calles y traspasa los muros escolares. Cabe preguntarse qué papel está jugando la ANEP en relación con esta alianza con lo digital, que convierte la violencia en entretenimiento.

Laicidad de plataformas

Si bien no ha sido muy difundido, existe una fuerte y sostenida presencia de corporaciones transnacionales, como Google y Movistar, que participan junto con la ANEP, desde hace seis años, en grupos de trabajo de ciudadanía digital coordinados por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Una reciente publicación en la web de la ANEP explicita esa articulación con privados señalando: “Desde 2019 trabaja en la construcción de ciudadanía en el entorno digital con el cometido de orientar la política pública en Uruguay”.⁴

La injerencia directa en nuestra política educativa de estos gigantes que, erigidos sobre la arquitectura de la desigualdad, concentran un capital billonario, dan una clara señal sobre las tensiones que disputan el rumbo de la educación en ciudadanía digital. Estas tensiones también se evidencian en el campo de las ideas; los defensores de la ideología corporativa apelan al manejo ético de las tecnologías, pero invisibilizan las asimetrías de poder inherentes a su diseño y que culminan limitando las posibilidades éticas de su uso. Esta verdad a medias, inflada de optimismo tecnológico, se vacía rápidamente cuando se analiza su trasfondo ideológico. Por esa razón, es frecuente que sus defensores esquiven la discusión política, usualmente con descalificaciones a las perspectivas críticas, identificándolas falazmente como conservadoras o llamando “luditas” a quienes señalan posibilidades de desarrollo tecnológico alternativas a las hegemónicas.

La intervención de la ideología corporativa en la educación pública, en tiempos de capitalismo de plataformas, obliga a repensar y resignificar el concepto de democracia y, particularmente, el de laicidad y secularización. La secularización del siglo XXI demanda desligar al Estado de las corporaciones que avanzan ocupando y moldeando el espacio público –como hasta el siglo XX lo hizo la Iglesia católica– a través de la distribución algorítmica de valores, discursos y prácticas que ponen en peligro el ejercicio de la democracia.

El viejo ideal de laicidad, si no se actualiza a la realidad sociopolítica que estamos viviendo, funciona como salvoconducto para legitimar a los agentes y estructuras hegemónicas que reproducen la desigualdad. El rumbo señalado por la pedagoga Reina Reyes, quien en los albores de la sociedad de la información repensó la laicidad desde una perspectiva crítica al sistema dominante, es un faro para promover la discusión y la autonomía de pensamiento en tiempos de cultura digital. De lo contrario, la ética tecnoliberal se impone en el diseño de las plataformas y, mientras propone un recorrido algorítmico que moldea las subjetividades de las infancias y las adolescencias, impunemente, promueve la cultura de la desigualdad y de la crueldad hacia las personas más vulnerables.

Emancipar la democracia del asedio corporativo requiere una construcción cultural que incorpore las vivencias del estudiantado en torno al universo digital, y una ciudadanía activa, abierta a comprender ese universo simbólico que, en ocasiones, le es ajeno. El rol docente es fundamental para articular esas complejidades, y puede maximizar su alcance pedagógico si existe un desarrollo científico y tecnológico estatal potenciado por los organismos públicos ya existentes. La Universidad de la República y, dentro de esta, la Facultad de Ingeniería –entre otras–, la UTU, la Universidad Tecnológica y Antel son algunas de las instituciones con las que ya contamos y que pueden producir infraestructuras educativas digitales públicas y soberanas para posibilitar el ejercicio real de una ciudadanía digital y corpórea sobre la cual construir una nueva democracia.

Leticia Tellechea, Fernanda Alanís y Gonzalo Irigoyen integran el equipo de representación docente del consejero Julián Mazzoni en el Codicen de la ANEP.