El proyecto que habilita el retiro anticipado a los 60 años se prepara para llegar al Parlamento, y ya empezaron a escucharse las críticas. Antes de que el debate se llene de consignas, conviene explicar qué propone y qué no.
Empecemos por lo que no es. No es volver a los 60 para todos ni desarmar el sistema vigente. La edad normal de retiro seguirá siendo 65 años. Lo que el proyecto agrega es una causal anticipada para que quien tenga 60 años y 30 años de aportes pueda elegir retirarse antes. Quien quiera y pueda seguir trabajando hasta los 65 o más podrá hacerlo como hasta ahora. Es una puerta que se abre, no una obligación.
¿Por qué hace falta esa puerta? Porque la reforma de 2023, que votamos en contra, subió la edad jubilatoria a 65 años sin mirar cómo llega cada persona. Las excepciones que dejó son acotadas: un retiro anticipado para algunas actividades, como la construcción o el trabajo rural, y con requisitos exigentes. No da lo mismo llegar a esa edad con salud y un empleo estable que llegar con el cuerpo gastado, con changas y años de informalidad. Nadie niega que vivimos más, que la población envejece y que el trabajo cambió. Lo que discutimos es que ese esfuerzo se reparta como si todos estuviéramos en el mismo punto de partida.
Pensemos en dos personas que cumplen 60 años. Una trabajó casi toda su vida en una oficina, con licencias, aportes regulares y un salario que le permitió cuidarse. La otra empezó a los 16 en la construcción, en el campo o limpiando casas, alternó empleos formales con períodos en negro y hoy siente cada año de trabajo en la espalda y en las rodillas. La ley vigente les exige exactamente lo mismo. La primera probablemente pueda y quiera seguir unos años más. La segunda, muchas veces, ya no tiene dónde volver.
En el Diálogo Social se presentaron estudios de la Asesoría General de Seguridad Social del Banco de Previsión Social (BPS) y de la Universidad de la República que confirman lo que muchos intuíamos: las personas de menores ingresos viven, en promedio, menos años que las de ingresos altos. El aumento de la esperanza de vida es una buena noticia, pero no llegó a todos por igual. Exigirles la misma edad de retiro es pedirles más a quienes tienen menos.
Además, subir la edad no garantiza que la gente trabaje más años. La economista Graciela Sanroman analizó en 2021 lo ocurrido en países que elevaron la edad mínima de retiro: menos de la mitad de las personas prolongó efectivamente su vida laboral. Las demás terminaron cubiertas por seguros de desempleo, enfermedad o invalidez. El costo no desaparece: cambia de ventanilla. El ahorro que se esperaba lograr se diluye en otras prestaciones. Y en el camino, miles de personas quedan en un limbo, sin trabajo y sin jubilación, esperando cumplir una edad que el mercado laboral ya no respeta.
El aumento de la esperanza de vida es una buena noticia, pero no llegó a todos por igual. Exigirles la misma edad de retiro es pedirles más a quienes tienen menos.
Por eso el proyecto no ofrece lo mismo a todos. Para el 30% de trabajadores y trabajadoras de menores ingresos, retirarse a los 60 dará una jubilación igual o mayor a la que hubieran cobrado antes de la reforma de 2023. Para el resto, el retiro anticipado también estará disponible, pero con un monto menor: el gobierno estimó una diferencia de alrededor de 25% respecto de esperar hasta los 65. Cada persona podrá evaluar qué le conviene según su salud, su trabajo y sus planes.
Ese diseño escalonado es el corazón de la propuesta. El esfuerzo del sistema se concentra donde más se necesita y quien tiene ingresos más altos y elige adelantar su retiro asume el costo de esa decisión. No se trata de repartir beneficios parejos, sino de corregir una desigualdad concreta con una herramienta concreta.
Algunos legisladores de la oposición sostienen que este proyecto desconoce el resultado del plebiscito de 2024. Es una lectura equivocada. Aquella propuesta planteaba, entre otras cosas, fijar en la Constitución la jubilación a los 60 para todos. Lo que se discute ahora es otra cosa: una opción voluntaria, focalizada y aprobada por ley, que surge de un diálogo amplio con trabajadores, empresarios, jubilados, partidos políticos, gobierno y academia. La ciudadanía rechazó una reforma constitucional amplia; no votó en contra de discutir, por ley, alternativas para quienes no llegan. Confundir una cosa con la otra sirve para un titular, pero no para entender lo que está en juego.
Tampoco es cierto que comprometa las cuentas del sistema. La propuesta se apoya en cálculos técnicos realizados junto con el BPS que respaldan su viabilidad a largo plazo. Que el beneficio pleno se concentre en el tercio de menores ingresos, y que el resto acceda con un monto menor, es precisamente lo que permite que la cuenta cierre. No es un gasto descontrolado: es una prioridad bien definida. Cada vez que se habla de ampliar derechos reaparecen los mismos pronósticos alarmistas.
Para el Frente Amplio, gobernar es cumplir lo que se prometió cuando la campaña ya terminó. Corregir la injusticia más evidente de la Ley 20.130 fue uno de esos compromisos. Cuando el proyecto llegue a la cámara lo vamos a defender con estos argumentos y con la disposición a discutirlo con todos los partidos. Uruguay envejece y la natalidad cae, y eso exige respuestas responsables, no relatos fáciles de ningún lado. Una respuesta seria empieza por reconocer que no todos llegamos igual a los 65.
Sol Maneiro es diputada del Frente Amplio.
