El debate sobre la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) genera cuestionamientos. En este sentido, el abogado Federico Álvarez Petraglia sostuvo en diálogo con la diaria que el proyecto actualmente en discusión deja de lado uno de los componentes más importantes del sistema penal: la etapa de ejecución de la pena, es decir, el cumplimiento de la condena.
Álvarez Petraglia cuestionó la falta de cambios en el régimen penitenciario y afirmó que, sin una transformación de las cárceles, será imposible reducir la criminalidad.El jurista recordó que el artículo 13 del CPP establece que el proceso penal comprende tanto el proceso de conocimiento como el de ejecución. Sin embargo, entiende que la reforma prácticamente no introduce modificaciones en esta última etapa pese a tratarse del momento en que el Estado debe garantizar el cumplimiento de la pena, respetando los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
El abogado señaló que uno de los pocos cambios relevantes previstos inicialmente era la ampliación del acceso a la libertad anticipada para determinados delitos, siempre sujeta a evaluaciones psicológicas y a la decisión de fiscales y jueces. Sin embargo, afirmó que esa propuesta fue retirada del proyecto debido a lo que define como una “demagogia punitiva” instalada en el sistema político.
A su juicio, la discusión debería centrarse en si el actual sistema penitenciario cumple con el mandato del artículo 26 de la Constitución, que establece que las cárceles no deben servir para mortificar a las personas privadas de libertad, sino promover su reeducación, la aptitud para el trabajo y la prevención del delito.
El abogado sostuvo que la realidad dista de ese objetivo. Argumentó que el incremento de delitos tipificados, el aumento de las penas y las sucesivas restricciones a beneficios penitenciarios han contribuido a un crecimiento constante de la población carcelaria, que actualmente ronda las 17.000 personas, ubicando a Uruguay entre los países con mayor tasa de encarcelamiento de América Latina.
Como respaldo de su planteo, citó datos del ex comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, según los cuales 46% de las personas privadas de libertad vive en condiciones consideradas crueles e inhumanas, 37% permanece en establecimientos que no ofrecen posibilidades reales de rehabilitación y apenas 17% se encuentra en centros aptos para ese fin. También menciona un escenario de sobrepoblación de 120% y 57 fallecimientos de personas bajo custodia del Estado durante el último año.
En ese contexto, cuestionó que la reforma tampoco contemple modificaciones al régimen de redención de pena por trabajo y estudio, creado para incentivar los procesos de rehabilitación y que, según afirmó, ha sido progresivamente restringido por distintas administraciones. Del mismo modo, observó que no existen cambios en el sistema de salidas transitorias con fines laborales o de fortalecimiento de los vínculos familiares.
Para Álvarez Petraglia, la ausencia de estos temas responde a la falta de voluntad política para abordar el problema penitenciario. Advierte que el deterioro del sistema carcelario no solo afecta los derechos de quienes cumplen condena, sino que constituye uno de los factores que alimentan la reincidencia y la inseguridad.
En ese sentido, expresó a la diaria que las políticas centradas exclusivamente en el endurecimiento de las penas y el aumento de la represión no han logrado disminuir la delincuencia. Por el contrario, entiende que mejorar las condiciones de reclusión y fortalecer los mecanismos de rehabilitación resulta indispensable para construir una política de seguridad más efectiva.
Si bien considera que el proyecto de reforma del CPP se limita a cambios superficiales, concluyó expresando su expectativa de que el Parlamento incorpore durante el debate modificaciones que permitan abordar lo que define como “uno de los grandes dramas nacionales”, en referencia a la situación del sistema penitenciario uruguayo.
