Pocas veces se los vio tan juntos. Aunque las circunstancias históricas y personales los hicieron formar parte de un mismo grupo, hoy viven desperdigados por la región. “Ése también fue un plan, un plan sistemático”, recordó una de ellos. Ayer, Macarena Gelman, Anatole y Victoria Julien, Amaral García, Mariana Zaffaroni y Carlos D’Elía, todos niños desaparecidos durante las últimas dictaduras cívico-militares del continente, decidieron juntarse en la sede de la Asociación de la Prensa del Uruguay a explicar por qué tiene que ganar el Sí el 25 de octubre. Unas cuadras más lejos, otros jóvenes que no sufrieron directamente la dictadura coincidían sin saberlo con sus razones.
Victoria Julien y su hermano Anatole fueron secuestrados en Buenos Aires en 1976 junto con su madre, Victoria Grisonas, y llevados al centro de torturas Automotores Orletti. Su padre, Roger Julien, fue asesinado por los militares el mismo día del secuestro. Los niños estuvieron en el Servicio de Información y Defensa de las Fuerzas Armadas en Uruguay y luego fueron abandonados en una plaza en Chile. “La anulación de esta ley va mucho más allá de lo que puede ser un tema político. Tiene que ver con la solidaridad”, cree Victoria. “¿Cómo enfrenta un país un pasado malo? ¿Sigamos adelante, preocupémonos de la salud, de la educación, de todo lo que sí importa también, y nos olvidamos de la espina que nos molesta para atrás? ¿O reconocemos lo que pasó?”, dice Anatole.
Los padres de Amaral García fueron fusilados en 1974. “Uruguay sufrió la dictadura. Mucha gente no se dio por enterada, no siente que le pasó. Cree que de repente le pasó a otro, pero en verdad nos pasó a todos. Nosotros somos como la puntita visible, somos la punta del fósforo, la parte quemada. Anular esta ley podría traer un poco de justicia, que hace falta. Estamos hartos. Yo estoy harto puntualmente de que esto haya sucedido tantos años y de que todavía no haya habido justicia”, afirma. Mariana Zaffaroni fue secuestrada en 1976 en Buenos Aires junto a sus padres, que permanecen de-saparecidos. “Es importante para toda sociedad sentar un precedente. Esta vez nos pasó a nosotros, pero en una sociedad sin justicia para quienes la necesitan, le puede pasar a cualquiera”, sostiene.
Carlos D’Elía nació en cautiverio en el centro de torturas “Pozo de Banfield”, en 1978, en Buenos Aires. Sus padres, uruguayos, fueron secuestrados en Argentina en 1977 y permanecen desaparecidos. “Que se haga justicia, que los crímenes sean juzgados, y que la verdad podamos conocerla todos”, reclama.
Macarena Gelman también nació en cautiverio, en Montevideo, en 1976. Su padre fue asesinado y su madre permanece desaparecida. Quiere apelar a “la dimensión humana de toda la población del Uruguay”. Cree que, aunque hoy todavía hay “mucha desinformación”, el conocimiento de lo que pasó “ha aumentado con el paso de los años”. “En el año 89, el último plebiscito fue convocado en un entorno de miedos, de dudas, incluso de no conocer lo que había sucedido porque apenas habíamos salido de la dictadura. Hoy es una situación inmejorable”, destaca, recordando los pronunciamientos de los tres poderes del Estado a favor de la inconstitucionalidad.
Victoria Julien afirma que le habría gustado que hubiera “una participación mucho más contundente” de los partidos en la campaña por la anulación, ya que se trata de un “momento único e histórico”. “Quizá va a ser muy difícil, si no se logra anular esta ley, volver a tener la oportunidad de un cambio que para mi gusto es cultural”, señala.
A pocas cuadras de distancia, otros jóvenes inflan globos y pintan carteles rosados. Un grupo de niños arma molinetes y cometas. Faltan dos horas para que se inicie la marcha por 18 de Julio. Apoyado contra el monumento de la Plaza Libertad, un cartel alude a las declaraciones del candidato nacionalista Luis Alberto Lacalle: “172. No mientas más”. Y debajo, uno por uno, todos los nombres de los desaparecidos. Matías Fantoni, de 23 años, explica tanta presencia de jóvenes en la plaza porque la nulidad “es un cambio cultural muy grande, que les toca a las generaciones nuevas”. “Da vergüenza ver gente por la calle y saber que torturó”, dice. Para Xavier Ferreira, también de 23, es un asunto de futuro, para que “todo aquel que quiera atentar nuevamente contra las libertades” sepa “que va a ser juzgado”. Y a Franca Baratta, de 19 años, no le importa que no hayan sido sus padres. “Fueron los padres de otros”, dice.