El 16 de octubre, Cofe concretó la demanda ante la Suprema Corte de Justicia y lo hizo alegando la violación de un convenio salarial que, según los demandantes, establecía que al 1º de enero pasado los trabajadores debían alcanzar una recuperación de 17% del salario real perdido durante la crisis de 2001. Sin embargo, para el ministro de Trabajo, Julio Baraibar, el compromiso que vale es el asumido para el final del período (19,5% de recuperación para marzo de 2010).
El secretario general de Cofe, Joselo López, entiende que si la Suprema Corte les da la razón a los funcionarios públicos, “no será lo mismo” cobrar el endeudamiento en un gobierno del PN que en un gobierno del FA “aunque no debería incidir en esto quién gana”. “Es mi opinión personal, teniendo en cuenta cuál ha sido el trato de los gobiernos tradicionales para con los trabajadores. El FA debería estar más cerca, pero llegamos hasta acá por su inflexibilidad”, justificó López la acción entablada contra la administración de Tabaré Vázquez, al tiempo que aclaró que en octubre votó a Asamblea Popular en apoyo a la candidatura de Helios Sarthou, pero que el 29 votará a José Mujica.
Consultado sobre si el juicio de ADEOM Montevideo contra la comuna sirvió como experiencia política, el dirigente señaló que ese conflicto les permitió aprender y los hizo “ser más ordenados en las cuestiones operativas”: por ejemplo, “cada una de las seis mil firmas” que respaldaron la demanda “fue testificada por escribano público”. “La próxima administración, sea cual sea, no nos va a poder plantear que somos inflexibles porque tuvimos innumerables instancias de movilización y negociación directa, incluso con el presidente Vázquez. Lamentablemente no nos pusimos de acuerdo, pero el que cerró la puerta de diálogo fue el Poder Ejecutivo”, enfatizó el dirigente sindical.
Otro sindicalista, en este caso el titular de la Secretaría de Asuntos Sociales (SAS) del Partido Nacional y funcionario público, Guillermo Rey (Alianza Nacional, AN), opinó en diálogo con la diaria que “el juicio era la única manera de hacer entrar en razón al gobierno, que promete pautas salariales y luego no las cumple”. “Respaldaremos la decisión de la justicia. Si la SCJ da la razón a los trabajadores habrá que sentarse a negociar porque, si bien respetamos el fallo, el resto depende del momento económico del país y de si el Estado está en buenas condiciones de pagar”, advirtió.
Al plantearle el escenario de un triunfo blanco en noviembre y consultarlo sobre cómo debería enfrentarlo su partido, recordó que el pleito perdido por la intendencia capitalina fue heredado por “[el intendente Ricardo] Ehrlich a raíz de un convenio que había firmado [Mariano] Arana alegremente, pero que a los tres meses estaba incumpliendo”. “Si hay un juicio aceptado habrá que aceptar el dictamen de la justicia, sin importar quién lo generó”, concluyó.
Y sobre los orígenes de este caso, la diaria entrevistó al gremialista colorado de Sutel, Luis Ituño, quien sostuvo que “en Uruguay las demandas de los trabajadores siempre están vinculadas a la política” porque “la central [PIT-CNT] no logra despolitizarse”. “Los temas como éste, que empiezan en un gobierno y pasan al otro y después al otro, ocurren permanentemente. Y debe ocurrir, como ocurre con Cofe, porque eso habla de la independencia sindical a pesar del gobierno. Los trabajadores pagamos las cuentas en el gobierno de Batlle y en el de Vázquez, la lucha sindical es independiente y creo que Cofe hace lo que corresponde”, opinó Ituño, que en noviembre también votará a Mujica.
Terreno político
Para el diputado blanco Pablo Iturralde (AN) “la situación no la generó” el gobierno de Batlle “sino el gobierno frentista”. “Estos papelones vienen del Frente. Nosotros no hacemos acuerdos demagógicos que no podemos cumplir. La pérdida salarial fue consecuencia de la crisis internacional de 2000 y 2001”, afirmó y consideró que “con la bonanza de este período” se podría haber solucionado. El legislador, integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, aseguró que su partido se deberá al fallo de la Suprema Corte. No obstante, relativizó el punto al manifestar que si el veredicto es a favor de los funcionarios, “tendremos que ver los números”.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Baraibar, expresó que el contrapunto entre Cofe y el gobierno es “una situación distinta de la de Adeom”, porque la intendencia, al ver que no podía cumplir con lo pactado con los municipales, “tendría que haber implementado un descuelgue”. “Este caso fue diferente no sólo porque se trata de un monto menor -300 pesos por trabajador durante doce meses- sino porque el compromiso se va a cumplir. El acuerdo dice que el 1º de enero de 2010 tendrán una recuperación salarial de 19,5% y la van a tener. El resto era un cronograma explicativo”, explicó el jerarca. En ese sentido señaló que el 17% que estaba previsto para enero de este año no es parte del convenio.