Dentro de la causa contra el dictador Juan María Bordaberry están abiertos varios expedientes, entre ellos el denominado “Fusilados de Soca” y otro que investiga veinte homicidios cometidos bajo su mando de 1973 a 1976. Ambos están a cargo de la fiscal Ana María Tellechea. Para investigar los asesinatos de esas personas -cuyos cuerpos fueron entregados a los familiares, lo cual hace inaplicable la tipificación de desaparición forzada- la fiscal quiere presentar recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad. Según la información recogida por la diaria, en las últimas horas se analizaban aspectos formales caso por caso.
Por las muertes de Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo, Graciela Estefanell, Floreal García y Mirtha Hernández, conocidos como “los fusilados de Soca”, declaró ayer Larcebeau. Fuentes vinculadas al caso informaron a la diaria que el ex marinero dijo no recordar nada ni haber escuchado hablar sobre el asunto. Los cadáveres fueron encontrados en la localidad canaria de Soca, el 21 de setiembre de 1974. Todos habían sido secuestrados y torturados en Argentina, y posteriormente trasladados a Uruguay. La denuncia penal, patrocinada por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), fue presentada originalmente en Pando y el entonces juez de esa localidad, Humberto Álvarez, la envió al Juzgado de segundo turno a cargo de Gatti, donde está desde 2006.
Caso Gelman
Gavazzo fue trasladado para declarar sobre los fusilados en una ambulancia, desde el Hospital Militar -donde se encuentra internado- al juzgado de Misiones. Estaba citado para las nueve, pero llegó pasadas las diez, acompañado de su hija y abogada, Rosana Gavazzo. De inmediato fue conducido hasta la calle Bartolomé Mitre, donde lo esperaba Salazar para tomarle declaraciones como indagado por el caso Gelman. El abogado de los denunciantes, José Luis González González, señaló en diálogo con la diaria que no aportó elementos que ayudaran a esclarecer el caso o a establecer responsabilidades.
“Invocaron todas sus acciones, tanto en Montevideo como en Buenos Aires, en la lucha antisubversiva, evitando dar respuestas a las preguntas concretas sobre el traslado y la desaparición de María Claudia”, explicó. Tras la feria judicial comenzará a analizarse una nómina de los 300 funcionarios que integraron en 1976 el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y el Servicio de Información y Defensa (SID). Esta información fue aportada por el Ministerio de Defensa Nacional a solicitud de González González, y a partir de ella se analizará quiénes podrían haber ocupado cargos de importancia en esas dependencias.
Caso Luzardo
Para ayer estaba previsto un careo -que debió ser suspendido por la caída del sistema informático del juzgado- entre la doctora Victoria Braseiro y el coronel Arregui, que estaba a cargo de la dirección del Hospital Militar el 12 de junio de 1973, fecha del fallecimiento de Luis Roberto Luzardo. En la audiencia del 7 de diciembre, Braseiro reconoció ante Lecchini haber firmado “por órdenes superiores” un falso certificado de defunción, pero no recordaba de quién. Esto motivó el encuentro cara a cara para establecer si la orden fue recibida del propio Arregui o, como señalan varios testigos, de Gregorio Goyo Álvarez, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (Esmaco). La instancia, considerada “clave” por la parte denunciante, fue postergada para el próximo 26 de febrero. El Instituto Técnico Forense dictaminó que la muerte de Luzardo se produjo por el absoluto abandono médico y sanitario a que fue sometido durante seis meses.
Antes del inconveniente informático declaró ante el magistrado, como testigo, el militar Alexis Grajales, quien condujo al Hospital Militar al entonces integrante del MLN José Luis Rodríguez, para que acusara a Luzardo de la muerte de Artigas Álvarez, hermano de Gregorio. El abogado de los denunciantes, Óscar López Goldaracena, dijo a la diaria que no aportó en términos sustantivos pero motivó una nueva citación; la del capitán retirado Néstor Morales, a quien Grajales mencionó como integrante del personal del Hospital Militar. Morales había estado presente hace un año en un careo con la tupamara María Elena Curbelo, quien dijo haber dialogado con él cuando estuvo internada en ese centro asistencial.