Ayer, tras la reunión matutina del Comité Ejecutivo Nacional del PC, que marcó el regreso de Pedro Bordaberry a la actividad política, los colorados dieron a conocer quiénes serán sus vasos comunicantes en educación, ambiente, seguridad y energía. La renovación encarnada por el avance de Vamos Uruguay en la interna, en el Parlamento y en los lugares de mando partidarios contrasta con los técnicos designados, gran parte de ellos vinculados a los gobiernos de Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle.
Por ejemplo, en la rama educativa figuran, entre otros, la ex presidenta de Educación Primaria Teresita González; Robert Silva, ex secretario general del Codicen de Germán Rama; Fany Arón, ex presidenta del Consejo de UTU; y Nely Arispe, ex consejera de Primaria. Completan el cuadro educativo Darwin Caraballo, Óscar Ventura, Patricia Viera, Beatriz Bugallo y Elsa Galicia. En materia energética los voceros colorados con el gobierno electo de José Mujica serán el ex director de ANCAP Jorge Sanguinetti, Álvaro Bermúdez y Ciro Matta. En ambiente, los tres nominados son Luis Anastasía, Andrés Saisar y Horacio de Brum.
Y en materia de seguridad los referentes serán el ex jefe de Cárceles José Luis Pereyra Roldán, el ex jefe de Policía de Montevideo, José Pedro Delgado, el ex ministro del Interior Alejo Fernández Chávez, el ex diputado Alberto Scavarelli y el inspector retirado Ricardo de León Galván, que ha ocupado varios destinos, aunque no por ellos se hizo conocido.
Te presento a...
Hasta 2006, por lo menos, De León estuvo en actividad. Uno de sus últimos destinos, si no el último, fue como jefe de la Segunda Zona de Montevideo (la capital está divida en tres, cada una de las cuales controla ocho comisarías). Si bien tuvo una larga trayectoria en la institución, nunca llegó a ocupar cargos destacables, más allá de ejercer como jefe operativo de Interpol Uruguay, o jefe de la Brigada Antidrogas de Maldonado.
De ese cargo fue relevado a mediados de los 90 por el inspector Roberto Rivero, cuando éste oficiaba de jefe de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.
En 2000, Jorge Batlle designó a Rivero como inspector nacional de Policía (el cargo más importante en la fuerza y el cuarto en jerarquía del Ministerio del Interior), pero duró poco al frente de esa dependencia. Tras denunciar por lavado de activos a Danilo Arbilla debió abandonar el cargo en el marco de una tormenta política, la primera que dejaba en evidencia que ese delito involucraba a connotadas figuras del quehacer nacional.
Los primeros atisbos claros de esta realidad habían surgido allá en 1996, cuando en el juzgado de 2º Turno de Maldonado se comprobó que Ricardo de León, jefe de la Brigada Antidrogas fernandina, mantenía estrechos vínculos con el narco uruguayo más famoso, Omar Clavijo, y su socio Mauricio Alexander. Este último finalmente terminó procesado en 2003 por delitos de narcotráfico, al tiempo que Clavijo era asesinado en Paraguay ese mismo año, tras escapar de la Cárcel de Salto meses antes. De León estuvo “en el banco” durante un largo periplo, se le abrieron investigaciones, pero de todas ellas salió ileso, al menos para poder continuar la carrera en la institución.
De León también es vinculado por organismos de derechos humanos al menos a un crimen de lesa humanidad cometido durante la dictadura. Eran tiempos en los que Juan María Bordaberry abandonaba la presidencia de facto. En agosto de 2008, entre otras fuentes que lo mencionan, La República publicó, al mencionar que se pedía excluir de la Ley de Caducidad el caso Quinteros, que en el operativo en que la secuestraron en junio del 76 de la Embajada de Venezuela en Montevideo “participaron los policías Ruben Cacho Broncini, María Severo y Ricardo de León, y los militares Jorge Silveira y Juan Carlos Larcebeau, entre otros”.
De León fue electo en junio convencional nacional del PC, y ayer fue propuesto como técnico en el CEN por Alberto Iglesias, líder de Uruguay es Posible y uno de los herederos políticos de Jorge Pacheco Areco. El otro es el abogado Carlos Curbelo Támmaro, recientemente procesado por el lavado de activos provenientes del narcotráfico.