Actuar con mano firme. Ejercer la autoridad. Incorporar dos mil militares a la Guardia Republicana. Reducir a 16 años la edad de imputabilidad penal. Financiar la actividad policial mediante los tradicionales “bonos colaboradores”, ahora bautizados “de seguridad pública”. Aumentarle los salarios al personal del Ministerio del Interior. Elevar al máximo el castigo por homicidio para los asesinos de policías. Son algunas propuestas del Partido Nacional contra la delincuencia. La teoría puede leerse a la luz de la práctica, cotejando el programa blanco con el desempeño del candidato Luis Alberto Lacalle cuando le tocó presidir el país, de 1990 a 1995, y analizando las consecuencias de esas políticas y de sus iniciativas posteriores.
La “mano firme” del gobierno nacionalista devino brutalidad en varias ocasiones. El grupo GEO aplacó un motín en la cárcel de menores de la calle Miguelete en 1993, cuando Juan Andrés Ramírez era ministro del Interior. Catorce muchachos fueron golpeados, gaseados y hasta empalados. La justicia calificó la represión de desproporcionada y procesó a un grupo de funcionarios por “lesiones graves”. El caso precipitó el cierre de Miguelete, donde ahora se encuentra el Centro de Diseño Industrial. Los motines en dependencias del antiguo Instituto Nacional del Menor (Iname) fueron frecuentes durante toda la presidencia de Lacalle.
La última muerte de un manifestante por la represión del Estado contra una protesta civil también se registró en ese período. En agosto de 1994, policías montados, motorizados y de a pie emboscaron a cientos de personas concentradas cerca del Hospital Filtro para rechazar la extradición de tres vascos requeridos en España. El ministro del Interior de la época, Ángel María Gianola, dio la orden de dispersar con perros, gases lacrimógenos, sables y balazos la movilización convocada por el Frente Amplio junto con el PIT-CNT y otras organizaciones sociales. Fernando Morroni, de 24 años, murió alcanzado por varios disparos. Decenas de manifestantes sufrieron heridas, algunas de gravedad.
Lacalle promovió el endurecimiento de penas y la creación de nuevos delitos. Cosechó su siembra cuatro meses y medio después de entregarle la banda presidencial a Julio María Sanguinetti. La Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 1995 está en la raíz del hacinamiento en las prisiones: los reclusos en Uruguay pasaron de 3.400 a los más de 8.000 actuales. Lo que sucede en las cárceles repercute en la seguridad ciudadana, porque los presos mantienen vínculos con el exterior y porque la mayoría de ellos, en algún momento, saldrán en libertad. Los avances del gobierno de Tabaré Vázquez para paliar la situación han sido insuficientes, pero las omisiones de hoy no lavan la responsabilidad de anteriores administraciones.
En la presidencia de Lacalle ocurrió la segunda y última huelga policial de la historia del país. Fue en 1992, entre otras razones porque los aumentos salariales salían en cuentagotas. El jefe de Estado fracasó en el intento de ejercer su autoridad cuando le pidió en vano al entonces comandante del Ejército, general Juan Rebollo, que su fuerza reprimiera a los huelguistas. Unos cuantos fueron destituidos.
Cuando en 1993 salió a la luz la desaparición del chileno Eugenio Berríos, se supo que Rebollo y otros uniformados habían vuelto a pasarse la jerarquía de Lacalle por los fundillos. El jefe de Policía de Canelones, coronel Ramón Rivas, eliminó de los registros de la comisaría de Parque del Plata la denuncia presentada el año anterior por Berríos, cuyo cadáver apareció en la playa de El Pinar un mes y medio después de concluido el gobierno blanco. Numerosos soldados participaron en el secuestro, esquivando el mando civil. Los generales bloquearon la investigación y tres ministros reprodujeron sus mentiras ante el Parlamento. La justicia dispuso en 2006, por este caso, la extradición a Chile de tres militares, entre ellos Tomás Casella, ascendido a coronel en 1994.
Lacalle promovió, y aún defiende, la ley que obsequió la impunidad a los peores criminales de la historia uruguaya. También se salvaron de la investigación los que en 1978 intentaron asesinar con vino envenenado a él, a Carlos Julio Pereyra y a Mario Heber, en una operación que acabó con la vida de Cecilia Fontana, esposa del tercero. Y concretó en su presidencia la venta de los bancos Pan de Azúcar y Comercial a empresarios muy cuestionados, un negocio que le costó al Estado cientos de millones de dólares.
Al candidato blanco le quedan 45 días para demostrar que ha recapacitado y aprendido de sus errores. De lo contrario, si resulta electo, delincuentes de todo calibre y color de camisa (y de uniforme) creerán tener motivos para festejar.