Si bien técnicamente existen algunas lagunas, reconocidas incluso por los defensores a ultranza de la Ley de Descentralización, ayer en la Mesa Política del Frente Amplio primó el aspecto político de que la norma se aplique en todo el país en mayo de 2010. La decisión fue tomada en el marco de una sesión que comenzó sobre las 15.00 y se extendió durante cuatro horas. Hubo un intento de que la medida fuera reconsiderada, pero el planteo contó sólo con el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP), Asamblea Uruguay (AU) y el Nuevo Espacio (NE), que no llegaron a torcer la historia.
Durante la jornada se recibió un informe del coordinador de la bancada de Diputados, José Carlos Mahía (AU), que repasó cuál había sido el trámite y por qué no se había podido homologar, primero en diciembre y después en enero, las modificaciones que el Senado introdujo en el articulado. Se hizo hincapié en la negativa del Partido Nacional a dar sus votos, lo cual generó una escisión en la interna oficialista, dividida básicamente entre quienes preferían postergar para 2015 la puesta en marcha de la norma y los que pugnaban por aprobar aquellos artículos para los cuales el FA tenía las bancas suficientes.
Ayer también se recibió un informe de parte de los ministros frenteamplistas en la Corte Electoral, que ya había advertido algunas complicaciones para echar a rodar estos cambios en el modelo electoral. Por ejemplo, que los plazos son acotados para reglamentar y preparar la elección de alcaldes. “Valoro que se ratificó la resolución del 28 de diciembre sin tener en cuenta argumentos de compañeros de la Corte Electoral que habrían ameritado consultas a constitucionalistas a los efectos de que esta columna vertebral de la izquierda, que es la descentralización, se aplicara con todas las certezas necesarias”, dijo a la diaria la diputada Daniela Payssé (AU), integrante de la Mesa Política.
Acto seguido señaló que “somos una fuerza orgánica” y que por tanto acatarán lo resuelto y sumarán sus manos para ratificar la modificaciones. La referencia de Payssé a lo resuelto en diciembre era el mandato de la Mesa Política para que se aprobara la norma. Ayer, tras fracasar el pedido de reconsideración, el órgano ejecutivo de la izquierda reiteró la posición que ya se había adoptado, aunque con algunos cambios. El principal, que la obligación ahora es legalizar la variante senaturial al artículo 23, que había limitado la cantidad de juntas locales que se convertirían en municipios en 2010, luego de que la ley original había establecido que corriera para todas las localidades que contaban con juntas locales establecidas.
Ayer estuvieron presentes, entre otros, los intendentes de Maldonado, Óscar de los Santos; de Rocha, Artigas Barrios, y de Montevideo (interina), Hyara Rodríguez. Los tres fundamentaron a favor de que la descentralización tenía que comenzar a rodar este año, como señal “democrática inequívoca” de la impronta frenteamplista. Para este aspecto (artículo 23), el FA no necesita los votos de los otros partidos, aunque igualmente se buscará una nueva negociación a los efectos de internar un respaldo amplio a la iniciativa, que a priori todos consideran necesaria. El oficialismo insistirá en que ese punto contó con el aval de los senadores blancos, por lo que buscará que se mantenga el mismo criterio cuando, una vez más, Diputados discuta el proyecto modificatorio. Todavía no hay fecha, pero debería ser antes del 15 de febrero, día previsto para el recambio de legisladores.
Una vez que se complete ese trámite, entonces la pelota volverá al Senado, ya que no todos los cambios ingresados en esa cámara serán aceptados en la otra, y porque ayer la Mesa Política también aceptó introducir algunas variantes al texto, cuestiones que ya cuentan con un “pacto” a nivel de la bancada parlamentaria. El diputado Juan Carlos Souza (Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad), quien planteó a la mesa el acuerdo, explicó a la diaria que los cambios apuntan a precisar que los concejales y alcaldes deberán cumplir las mismas condiciones y requisitos que se les exigen a los intendentes y los ediles.
El otro cambio consiste en que, desechada la posibilidad de que Diputados defina acerca de si usar una o dos hojas de votación para la nueva oferta de autoridades departamentales, quede a criterio de la Corte Electoral, así como otros aspectos vinculados con la reglamentación y que en la corte suelen contener los dos aspectos que hacen a esta norma, los técnicos y los políticos.