Mientras el general Víctor Licandro presidió el TCP el organismo tenía sólo tres integrantes. Según Jorge Brovetto, presidente de la fuerza política, los miembros decían que tenían “demasiada responsabilidad”, por lo que se decidió elevar el número a siete integrantes.
La presidenta del TCP, Jorgelina Martínez, falleció en diciembre de 2009. Guillermo Chifflet renunció en 2008 tras ser cuestionado por el periodista de La República Nico Schwartz por expresar públicamente su posición sobre la conducta del ex director de Casinos Juan Carlos Bengoa. Germán Lezama renunció para poder desempeñarse como ministro de la Corte Electoral. Uberfil Monzón tuvo problemas de salud que le impidieron circunstancialmente desempeñarse como miembro del organismo. José Pedro Montero pasará a desempeñarse a la brevedad como miembro de la Junta de Transparencia, por lo que deberá abandonar el cargo. Según dijo Brovetto, si Montero se va y Monzón llegara a tener problemas para integrar el organismo, el tribunal quedaría sólo con dos miembros (Enio Martínez y Juan Carlos Ferreira), y las responsabilidades serían aun mayores.
El jueves, durante la reunión de la comisión especial que formó el Frente Amplio (FA) para evaluar el proceso que concluyó con la clausura de la causa de los hermanos Peirano, Brovetto había planteado que el TCP “no estaba constituido”, según señalaron fuentes asistentes al encuentro. Eso motivó un intercambio de opiniones entre los integrantes del grupo, y finalmente se concluyó que el tribunal no podía “funcionar en las actuales condiciones”. El viernes, miembros del TCP se enteraron de lo conversado en dicha reunión e hicieron saber a integrantes de la comisión que el organismo “está funcionando” con “periodicidad”.
Brovetto dijo ayer a la diaria que el TCP “está funcionando”, aunque “es necesario reforzarlo” y, si bien “no es imprescindible”, sí “es conveniente”. Según indicó, Monzón se reintegró, por lo que actualmente está sesionando con cuatro miembros. De todas maneras, el secretario general del PCU, Eduardo Lorier, entendió que el tribunal está “desintegrado y, por tanto, no puede funcionar”.
El estatuto del FA no establece cuántos integrantes debe tener el organismo ni tampoco el tiempo durante el cual deben desempeñarse. Los nombres de sus miembros los plantea el Plenario Nacional de la coalición de izquierda, que es también el encargado de recibir los fallos del tribunal -que no son vinculantes- y de elaborar las sanciones correspondientes. Según dijo Brovetto, la ampliación del tribunal podría darse a finales de noviembre, cuando el Plenario Nacional levante su cuarto intermedio.
Antecedentes penales
Según pudo saber la diaria por fuentes consultadas cercanas al organismo, al TCP “no se le daba mucha pelota”. Por ejemplo, tras la votación de la Ley de Educación, en diciembre de 2008, el organismo “sugirió sancionar” a los legisladores del PCU por desobedecer el mandato que tenían los parlamentarios del FA de votar la norma. Según las fuentes, el plenario nunca llegó a estudiar el fallo porque “no ha habido” desde entonces ninguna sesión ordinaria para poder ingresar el tema. De todas maneras, representantes de las bases informaron que en el último plenario extraordinario “entraron casos” del TCP, aunque éstos no se referían a ningún sector específico.
Si en el Senado los legisladores oficialistas desobedecen el mandato del FA de aprobar el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, se podría dar una situación similar a lo acontecido con la Ley de Educación. En esa línea se vienen expresando los parlamentarios Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista, AP) y Jorge Saravia (Espacio 609).
En este marco, la Mesa Nacional de AP decidió el sábado “respaldar” la decisión que tome el ex vicepresidente de la República. Según explicó su suplente, Gustavo Guarino, esto quiere decir que AP “apoya la postura” que tomó Nin de que esta ley es “inconveniente”, aunque destacó que esto “no quiere decir que se apoyará a Nin si vota en contra de la aprobación de la norma”. Según explicó, se apuesta a que Nin y la Alianza puedan “cambiar la posición del FA en el tema”, aunque “siempre salvaguardando la unidad”.
Por su parte, la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L) definirá el viernes su postura, en una reunión interna. Los diputados del sector votaron el proyecto en la Cámara de Diputados aunque se manifestaron contrarios a éste. El líder de la CAP-L, Eleuterio Fernández Huidobro, sostuvo que “cree que se mantendrá la posición”, pero no descartó que pueda haber un “cambio de postura”.