Entre hoy y el jueves, la comisión especial creada por el Frente Amplio que investiga el proceso de derogación del artículo 76 de la ley 2.230 concluirá sus informes y los remitirá a la Mesa Política de la coalición de izquierda. La mayoría de los sectores se inclinan por no atribuir responsabilidades a Gonzalo Fernández en la liberación de los Peirano.
El sábado, en el Comité Central del PS, se intercambiaron opiniones sobre este tema. Los socialistas entienden que el ex secretario de Presidencia “asumió una posición de abogado y no pensó qué cuestiones políticas podía generar”, señaló Eduardo Fernández. Agregó que “hay compañeros que insisten, y con lógica, en el hecho de que [Fernández] no avisó y reclaman por qué no lo hizo, y dicen ‘fijate el problema que tenemos, nos meten a nosotros y a todo el FA’”, pero aseguró que el sector tiene “confianza en que no hay ninguna intencionalidad”. “Porque si no, ¿para qué lo habría hecho? Al contrario, con todos los dolores de cabeza que le ha generado”, apuntó. Acotó que se debe analizar “para adelante” si los profesionales que están en la actividad pública deben ejercer o no, pero consideró que ése es un debate que debe darse en “la sociedad toda” y no sólo en el PS.
Una integrante del Comité Central dijo a la diaria que los socialistas tienen “sentimientos encontrados” en este asunto. “El tema de Gonzalo es que el tipo durante muchos años defendió a mucha gente en los momentos más duros, cuando empezamos a salir de la dictadura defendió a casi todos los tipos destituidos. Pero al mismo tiempo se entiende que hay que tener cuidado, porque no sólo es lo que hacés sino lo que se ve que hacés”, manifestó. Evaluó que la situación “no es feliz” pero no se cree que esto “vaya a condenar al partido para el futuro”. “Esto es algo coyuntural, después las cosas se enfrían”, opinó.
En el marco de ese intercambio de ideas, según informó una integrante del Comité Central, la departamental socialista de Tacuarembó planteó que Fernández debería abandonar sus cargos partidarios hasta que se dilucide su situación. Pero, dado que Fernández no tiene actualmente ninguna responsabilidad en el PS, el pedido no tuvo efectos.
El secretario general de la departamental, Ricardo Rosano, se excusó de hacer declaraciones públicas. “Resolvimos que mientras se mantuviera el tema de Gonzalo Fernández en el ámbito de la investigadora no correspondía que nosotros hiciéramos pública absolutamente ninguna posición que pudiera distorsionar el correcto desarrollo de la investigación”, aclaró en diálogo con la diaria.
A los compañeros
En el encuentro del sábado hubo críticas directas e indirectas al Movimiento de Participación Popular (MPP) y a algunos contenidos de la Ley de Presupuesto. Se evaluó que la reforma del Estado “no tiene un contenido claro” y que en algunos casos “no son más que titulares”.
En cuanto a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), se mostró preocupación por la gestión “descoordinada” que existe o directamente por la falta de gestión, informaron participantes en el encuentro. “ASSE recibe 600 millones de dólares, y tiene que haber una gestión acorde con esa inversión. Por eso nos planteamos una gestión coordinada”, enfatizó Eduardo Fernández. En la declaración pública el PS expresa que “la capacidad de gestionar los recursos con transparencia y sobre la base de compromisos concretos de gestión se vuelve decisiva”.
El secretario general del PS confirmó que en la reunión del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio que se realizó la semana pasada su partido reclamó a los directores de ASSE el compromiso de votar juntos (teniendo en cuenta las diferencias surgidas entre jerarcas frenteamplistas por designaciones en el organismo), pero el director Mario Córdoba (MPP) no respondió a la solicitud. “Si no se compromete, hablaremos de nuevo”, declaró Fernández. También señaló que cuando se votaron los salarios de los gerentes generales del organismo, el PS pidió que éstos tuvieran dedicación exclusiva y Córdoba se negó.