Al ingresar al establecimiento universitario la diaria lo abordó para consultarlo sobre las circunstancias vinculadas al fallo judicial conocido el lunes. El ministro mantuvo la postura de no expresarse sobre el asunto. No obstante, en su exposición “Ley Marco de Defensa Nacional: perspectivas y desafíos de su implementación” lo mencionó lateralmente. “El desafío, además de implementarla, es construir desde todos los escalones [de la estructura social]. Nos va a llevar bastante tiempo que funcione. Los logros son muy pocos y van a seguir siendo pocos y lentos en los próximos años”, afirmó. Consideró que el tema no está en agenda parlamentaria ni mediática.
Para Rosadilla, la “defensa nacional” tiene que incluir el “concepto de políticas de Estado” y “debe contener Fuerzas Armadas [FFAA]”. No obstante, remarcó que el “desafío central” es ampliar la discusión a todos los sectores de la población posibles para que “comprendan que este tema no les es ajeno”.
Para activar la discusión a ese nivel, el ministro advirtió que “hay que remover lastres e inercias” y “extinguir preconceptos entre lo civil y lo militar”. “Los civiles que estamos en el ministerio que no podamos entender o asumir en la vida práctica que hay que compartir la actividad junto con actores o funcionarios militares deberíamos dar un paso al costado porque no estamos en condiciones de participar en la tarea del Ministerio de Defensa Nacional [MDN]. De la misma manera, los actores militares que no comprendan hacia dónde va la política de defensa tampoco están en condiciones de llevar adelante ese proceso y también deberían dar un paso al costado”, determinó.
Aquello de la convivencia
“No podemos esconder ni menospreciar el peso de la historia reciente pero tampoco podemos quedarnos amarrados del pasado”, resumió. Por esa razón Rosadilla insistió en que para instrumentar la Ley de Defensa y las instituciones básicas en materia militar deben tener una “capacidad efectiva de inserción” que les permita “incrustarse” en lo social. Como ejemplo de integración, en este caso en salud, citó la reivindicación de oficiales retirados, con quienes se reunió el viernes. “En este momento hay algunos genuinos, legítimos y en alguna medida justos reclamos por la situación del Hospital Militar. De las 160 mil personas que se atienden, 140 mil se encuentran en los sectores de menores ingresos de la población. Pero es tan cierto como que esos 160 mil nada tienen que ver con las FFAA directamente. Son familiares, hijos, retirados. Es más un hospital público que la Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA”, expuso.
Además de “no confundir los problemas derivados de la historia reciente”, hay que “separarlos con nitidez” de los “problemas emergentes de la vida cotidiana”. “Para decirlo con mucha claridad: no podemos hacer tabla rasa con el ministerio ni con las FFAA con los episodios conocidos de corrupción o desvío administrativo, porque ése es un mal camino pero además es injusto”, valoró. “De la misma manera, no podemos quedarnos, en la valoración de esos procesos, en los problemas que pueden emerger como resultado de la acción de la Justicia en casos de violaciones de derechos humanos en las décadas del 60, 70 y 80. Porque Uruguay necesita defensa”, concluyó.