Ayer le preguntaron al presidente de ADEOM, Álvaro Soto, por el deterioro de la imagen de ese sindicato, debido a la medida en curso de no recolectar residuos en Montevideo. Soto respondió que él no está obligado a rendirle cuentas a la opinión pública sino a sus compañeros trabajadores. El error político es evidente, pero no expresa un problema específico de Soto, sino uno muy extendido y bastante relacionado, por ejemplo, con la renuncia del doctor Gonzalo Fernández al Frente Amplio.
Es claro que Soto no fue elegido para presidir ADEOM por los ciudadanos de Montevideo. Pero todos los que se desempeñan como actores políticos, dentro o fuera de los partidos (todos los que se involucran en disputas de poder que afectan a la ciudadanía), se exponen ante la opinión pública y no es prudente que la menosprecien.
En el caso de los sindicatos, la percepción popular de que una demanda es justa o injusta, así como la simpatía o antipatía que causen las medidas adoptadas, pueden ser factores decisivos para el éxito de un conflicto.
Todo eso tiene mucho que ver con el caso de Fernández. Como se sabe, la Mesa Política del Frente Amplio decidió pasar al Tribunal de Conducta Política (TCP) el estudio de su actuación en el proceso de derogación de una norma por la cual estaban procesados los hermanos Peirano Basso. El ex canciller declaró que eso había agotado su paciencia y presentó su renuncia al FA, luego de lo cual la misma Mesa decidió formar una delegación para tratar de convencerlo de que revirtiera esa decisión.
¿Ante quiénes piensan los actores de este conflicto que deben rendir cuentas? En el caso de los integrantes de la Mesa, algunos (sobre todo entre los representantes de las estructuras de base, pero también entre los delegados de sectores) parecen convencidos de que sólo les corresponde hacerlo ante quienes los eligieron directamente. Otros comprenden que están en un escenario público, y se preocupan por el modo en el que su actuación va a ser percibida por la ciudadanía. Esa diferencia no indica quiénes tienen razón acerca del caso Fernández, pero es muy importante en relación con su desenlace político.
Y el doctor Fernández, ¿ante quién piensa que debe dar cuenta de sus actos? No ante el TCP, que es el organismo creado por el FA para ocuparse de estos asuntos (dice que está dispuesto a declarar allí, pero eso no tiene mucho sentido después de la renuncia). Tampoco ante la opinión pública, ya que después de sus primeros alegatos explicatorios, y a medida que se conocieron datos que, según ha dicho, olvidó o no consideró importante mencionar, no ha hecho más esfuerzos para que cualquier ciudadano común pueda entender los motivos de su conducta. Incluyendo los de su renuncia, que difícilmente pueda ser percibida como un indicio de inocencia, y que sin duda nadie ha visto como una muestra de humildad.
En esto, como Soto, Fernández se equivoca, pero se equivoca más. El presidente de ADEOM, por lo menos, reconoce a algunas personas como pares con derecho a demandarle explicaciones, aunque sea entre cuatro paredes, por la acumulación de basura que nos afecta a todos.