El fiscal alemán Ulrich Maas pidió el martes 2 en Aquisgrán la cadena perpetua para Heinrich Boere, de 88 años, por el asesinato a sangre fría de tres integrantes de la resistencia en la Holanda ocupada, en 1943 y 1944. Otro tribunal procesa en Munich a John Demjanjuk, de 89, acusado de cómplice en la muerte de casi 30 mil judíos en el campo de concentración polaco de Sobibor, en 1943.
Los criminales nazis cargan mochilas pesadísimas. Sus víctimas directas y sus familias también, así como los perseguidores de los victimarios en la Justicia de varios países y en instituciones privadas como el Centro Simon Wiesenthal. En esta película hay buenos y malos. Sí, a veces pasa. Muy pocos expresan piedad por estos ancianos asesinos. Sólo los negadores del Holocausto. En la opinión pública mundial quedó grabada la máxima “Ni olvido ni perdón” acuñada por los líderes comunitarios judíos, tanto laicos como religiosos.
Pero no se trata de una causa particular, enarbolada por individuos que sufrieron estos crímenes, sus familiares o alguna congregación de fe. Esta gesta de cinco décadas y media dejó en evidencia que la violación masiva y sistemática de los derechos básicos victimiza a toda la humanidad y que el perdón a los perpetradores es inútil sin verdad, justicia y arrepentimiento. Sea en los territorios invadidos por la Alemania de Adolf Hitler, en la Ruanda de 1994, en la base naval estadounidense de la bahía cubana de Guantánamo a partir de 2001, en la Gaza de 2007, en las guerras de secesión de Yugoslavia de los 90, en Birmania desde los 60. O en el Uruguay de entre 1973 y 1985, por no mencionar otras dictaduras latinoamericanas.
En el caso uruguayo, ni siquiera ha mediado un pedido de disculpas a las víctimas y al conjunto de la sociedad desde las Fuerzas Armadas, hoy subordinadas a un Poder Ejecutivo a cargo de una alianza política a la que reprimieron con inmensa brutalidad. Sin embargo, el presidente José Mujica, ex combatiente tupamaro, quiere hacerles la vida más fácil a algunos de los pocos delincuentes hoy recluidos por esas violaciones de los derechos humanos. Invoca para eso una “unidad nacional” similar a la de los comunicados 4 y 7 de febrero de 1973, anuncios de un golpe de Estado que sabría conciliar “con justicia los intereses opuestos” e interpretar “los sentimientos y deseos generales del pueblo”.
La iniciativa aún no está clara. El lunes, Mujica reiteró que no quiere “tener viejos presos […] pero no sólo militares”. El mecanismo que prefiere es “darles una herramienta a los jueces” que les permita “liberar o hacer cumplir parte de la pena en el domicilio” a ancianos o enfermos terminales.
Se trata de dos procedimientos muy diferentes y el presidente debería saberlo. La prisión domiciliaria permite la continuidad del juicio a un procesado díscolo y del castigo al condenado. La libertad, en cambio, obstaculiza la acción judicial en instancias como éstas, con acusados acostumbrados a 20 años de silencio e impunidad. Aunque Mujica diga que no es una amnistía ni un “punto final”, la excarcelación de los supuestos violadores de los derechos humanos puede convertirse en un equivalente, como lo fue la Ley de Caducidad, de acuerdo con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de 1986.
El actual presidente mostró en el pasado cierta inclinación a eludir las olas judiciales. Entrevistado por el diario argentino La Nación, decía en setiembre que no quería “militares viejos presos” y que “la justicia tiene un hedor a venganza de la puta madre que lo parió”. “Si me dicen la verdad, te conmuto la pena”, profundizó, como si la Comisión para la Paz, los informes de las tres fuerzas al ex presidente Tabaré Vázquez y los pocos juicios en que se trataron las aberraciones cívico-militares de la dictadura no hubieran demostrado que sin justicia no se conocerá la verdad de los años 70 y 80.
El martes, ante cientos de militares, Mujica volvió a justificar su pretensión no punitiva, aunque sin aludir a ella. “Estas Fuerzas Armadas de hoy no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su pueblo”, sostuvo. “Desde 1985 sentimos gente que, con razón o sin ella, reclama que hay que dar vuelta la página y, al mismo tiempo, gente de nuestro pueblo, tan válida como la otra, que grita por justicia, también con razón o sin ella.” Las Fuerzas Armadas llevan en esa pesada mochila a miembros suyos, activos y retirados, que cometieron los peores delitos de la historia uruguaya. Ellas eligieron cargarla al protegerlos, al no depurar sus filas. El comandante en jefe no debería alivianársela sino obligarlas a abrirla. Y recordarles dónde está la razón. No la tienen, ni la tuvieron nunca, quienes pretenden “dar vuelta la página”. La tienen, por cierto, los que “gritan por justicia”. Sí, ésta es otra película con buenos y malos. Y todavía no está claro por cuáles tomará partido el presidente.