No hay un plazo establecido para que el Poder Ejecutivo vuelva a plantear la necesidad de contar con una segunda terminal especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo. Por tanto, la controversia con Katoen Natie, el socio en la Terminal Cuenta del Plata (TCP), quedó en suspenso y antes de tomar nuevas decisiones, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) someterá a un nuevo estudio el Tratado de Protección de Inversiones con Bélgica para evitar que, llegado el caso de un nuevo juicio internacional, Uruguay se vea expuesto a observaciones formales y/o de fondo.
Fuentes de la secretaría de Estado confiaron a la diaria que “a la luz de lo ocurrido en La Haya con el Tratado del Río Uruguay” se considera necesario “volver a dar una lectura al tratado con Bélgica”. Si bien desde el 17 de marzo, cuando se declaró desierta la subasta, el tema de la segunda terminal especializada viene siendo objeto de análisis al más alto nivel del Ejecutivo, el desenlace jurídico motivó que además de las consideraciones políticas y económicas se incluyeran ahora con mayor énfasis las jurídicas.
La lectura que hizo el gobierno de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) apunta a que las objeciones contra el país tuvieron que ver con los procedimientos y que, por lo tanto, no son sustanciales, lo que determinó que no hubiera obligación de resarcir a la contraparte. Pero también se tomó nota de la necesidad de fortalecer el ámbito natural de negociación, que en el caso del río Uruguay es su comisión administradora, y que en el caso de la segunda terminal sería el tratado que Uruguay firmó con Bélgica y que es usado por Katoen Natie como argumento para demandar al Estado ante estrados internacionales.
Incluso en su momento se dijo que el tema podía llegar a La Haya, ya que Bélgica hizo saber que respaldaba a la empresa en su reclamo y que podría ser parte del litigio. El conflicto se materializó con la aprobación de la ley que habilitó una segunda terminal especializada, el 22 de julio de 2009. Entonces Katoen Natie activó las formalidades previstas en el tratado y convocó a una conciliación, paso necesario para poder ir a los estrados posteriormente. Seis meses es el plazo estipulado para este ámbito, que funcionó hacia el final de la administración de Tabaré Vázquez en no más de tres instancias.
Pero allí las posiciones siguieron siendo las mismas. Katoen Natie sostuvo que con una nueva playa se viola el contrato suscrito con el país (en el que no se había especificado que en los planes había una segunda terminal), así como el tratado bilateral, entre otros su artículo 3, que habla de un trato justo y equitativo para con las empresas belgas, aunque Katoen fue excluida del nuevo llamado y cuestiona la falta de información aportada por el gobierno.
Por el contrario, la administración saliente sostenía que con el emprendimiento no se incumplía una cosa ni la otra. Si bien en los hechos esta posición no ha cambiado, empieza a haber señales que indican un replanteo. El 6 de abril el ministro Enrique Pintado concurrió al Parlamento y dijo, aunque sin mayores detalles, que el gobierno se tomaría su tiempo para repensar lo ocurrido con la subasta.
Ayer en Radio Uruguay el titular del MTOP dejó claro que no hay apuro por concretar un nuevo llamado y que la ley aprobada el año pasado fue negativa porque, entre otras cosas, establecía los cánones que la potencial adjudicataria debía pagar. Cuando se le preguntó si había una fecha límite para una nueva convocatoria, y si, en todo caso, ésta podía darse en 2010, el ministro explicó que luego del 17 de marzo comenzó a funcionar una comisión integrada por el Ministerio de Economía, la Administración Nacional de Puertos y el MTOP cuya prioridad es estudiar “toda la estructura de costos portuarios”.
Pintado anunció que se piensa “incorporar un conjunto de regulaciones” que vuelvan competitivos “nuestros puertos para que el sector exportador” no cargue con costos que podría evitar. “Yo no hablaría de plazos porque estudiar todo el sistema de costos y sobrecostos del puerto va a llevar tiempo y no queremos anticipar conclusiones; primero analicemos eso y después veamos todas las posibilidades que tenemos para ver cuántas terminales más hay que hacer, y si la subasta es el camino adecuado”. Ayer Pintado se reunió con autoridades de TCP parte privada, pero el tema del litigio no estuvo sobre la mesa; sí el de los costos.