Hace dos años, el entonces senador José Mujica propuso esto: “Si un muchacho se pichicatea, hay que agarrarlo del forro y meterlo en una colonia, sacarle el vicio a prepo”. La respuesta del secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, fue: “Pepe, por favor, cuando hables de estas cosas, que son complicadas y en las que todo el mundo se cree director técnico, llamanos por teléfono”.
Una vez electo presidente, Mujica invitó al futbolista Diego Maradona, al parecer curado de su adicción a la cocaína, a “charlar” con jóvenes uruguayos, “no sólo de la droga, sino del deporte, de agarrar una globa, hacer una actividad física y por ahí se van alejando de las otras cosas”, según informó a El Observador. Romani evitó el botijeo en esa oportunidad. Apenas comentó a El País que la participación de figuras públicas en campañas para desalentar el uso de esas sustancias “tiene sus pros y sus contras”.
Ya al frente del gobierno, Mujica volvió a olvidarse de consultar a su subordinado, horas después de confirmarlo en el cargo. En diálogo con Búsqueda, sostuvo que “a los adictos hay que tenerlos aislados y que se cansen”, impartiéndoles “instrucción militar” o enviándolos “al campo” a hacer “trabajo físico”. Entrevistado por Océano FM, Romani calificó el método de rehabilitación “a prepo” de “burrada desde el punto de vista científico”. Pero aseguró que no aludía al presidente, sino al anteproyecto de ley que presentaría ayer el diputado Víctor Semproni, de la lista 609 a la que perteneció Mujica hasta el año pasado. La iniciativa atribuiría a los jueces la facultad de imponer tratamientos a los usuarios problemáticos de drogas o alcohol, con la internación entre sus opciones.
La legislación vigente no está lejos de eso. “El que fuere sorprendido consumiendo sustancias estupefacientes o usando indebidamente psicofármacos o en circunstancias que hagan presumir que acaba de hacerlo portando estupefacientes para su uso personal, deberá ser puesto a disposición del Juzgado Letrado de Instrucción de Turno, a fin de que éste ordene un examen del detenido por el médico de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías y por el médico forense, quienes deberán producir su informe dentro de las veinticuatro horas. Si del examen resultare tratarse de un drogadicto, el juez impondrá el tratamiento en un establecimiento público o privado o en forma ambulatoria pero siempre sujeto a los controles médicos que establezca la referida Comisión Nacional”. Así reza el artículo 40 del decreto-ley 14.294, firmado en 1974 por el dictador Juan María Bordaberry.
La propuesta de Semproni cae unos escaloncitos más abajo. Familiares y vecinos pueden reclamar al juez que mande a terapia no sólo a los que sean descubiertos in flagranti falopa o con ella en su organismo, sino también a quienes ellos consideren usuarios frecuentes. Los laboratorios clínicos que procesan análisis de sangre y orina o rinoscopías estarán de parabienes. Otro proyecto, presentado el año pasado por diputados blancos, asigna al “oficial de turno” de cualquier comisaría la tarea de diagnosticar la “presunción clínica de consumidor” de pasta base, lo cual deberá ser confirmado o refutado en 24 horas por la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías. Y hay más borradores en carpeta.
Las leyes hoy en vigor ya son bien perversas. Una enmienda al Código Penal, por ejemplo, dispuso en 1998 que “estar bajo la influencia” de sustancias ilegales es agravante de un delito. “La embriaguez”, en cambio, es atenuante. La actual urticaria legislativa y los golpes de inspiración de Mujica prometen un empeoramiento de la situación. Además, contradicen una política de Estado que parecía bastante consolidada: la que rechaza el mito de la “guerra contra las drogas”, pone el acento en el respeto de los derechos humanos, aplica el principio de la reducción de daños y concentra la acción policial en la persecución del narcotráfico, no de los consumidores. Capaz que con el cambio de presidente cambió esta política, sin aviso previo.
Tratamientos compulsivos, diagnósticos clínicos elaborados por policías, trabajos forzados que el derecho internacional prohíbe, “instrucción” a cargo de instituciones dedicadas hasta hace no mucho a la represión y la tortura, delaciones… Estas supuestas soluciones perciben en el cuerpo de cada persona, y en la persona misma, meros engranajes de la sociedad sometidos a una tutela estatal obligatoria. Vulneran un derecho tan humano como lo es el derecho al placer. También el derecho a la salud, porque, aunque no se implementen, su sola enunciación sugiere a miles de uruguayos pasados de rosca que es mejor abstenerse de pedir ayuda. Una especie de reducción de daños al revés.