Hace cuatro años, el entonces presidente argentino Néstor Kirchner declaraba “causa nacional” la protesta contra la instalación de fábricas de celulosa en Fray Bentos y les deseaba “fuerza y coraje” a quienes la impulsaban en Entre Ríos. El miércoles, su sucesora, Cristina Fernández, dijo rechazar la “metodología” del piquete y no descartó que el corte del puente internacional José de San Martín sea “ilegítimo”. Hace cuatro años, las medidas de lucha de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú concitaban cierto consenso en esa ciudad, con el respaldo del gobierno nacional, el provincial y el local. Hoy continúan sin el apoyo de Fernández, del gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, ni del intendente Juan José Bahillo, mientras numerosas voces se alzan allí contra el bloqueo.
En este cambio incidieron, por supuesto, la intransigencia del ahora ex presidente Tabaré Vázquez, quien insistió en congelar casi toda la relación con Argentina hasta que no se abriera el puente, y el fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que cuestionó en marzo a Montevideo por violar el Estatuto del Río Uruguay, al tiempo que permitió a la empresa finlandesa United Paper Mills (UPM) mantener operativa su fábrica fraybentina.
Sin embargo, el gran mérito por el viraje argentino corresponde a Mujica, que torció como un trapo de piso la estrategia de Vázquez. El flamante presidente se reunió cuatro veces con Fernández en apenas tres meses de mandato, sacó del cajón decenas de problemas pendientes entre los dos países y emitió señales de acercamiento. Hubiese sido difícil lograr los avances constatados el miércoles sin la terquedad de su antecesor y con una sentencia diferente en La Haya. Pero habría sido imposible si su gobierno hubiera persistido en el rumbo previo. A pesar de eso, algunos uruguayos, opositores y oficialistas, rechazan el “encapsulamiento” de la disputa, al igual que los asambleístas del ala dura. Uno de ellos, Roberto Marchesini, declaró esta semana a Últimas Noticias: “Lo que le decimos a la presidenta Cristina Fernández es que no arregle más nada hasta que Uruguay solucione este conflicto”.
Mujica comprendió, como muy pocos en este país, que Gualeguaychú, no Buenos Aires, tiene la llave del puente. Y por eso no sólo ha cuidado el vínculo entre autoridades, también evitó cualquier desliz que pudiera interpretarse como un insulto del otro lado, aunque ganas no le deben de faltar -y hasta le aportaría algunos puntitos de popularidad. Ni siquiera insinuó a Cristina Fernández y a sus ministros la posibilidad de reprimir. “Tenemos que ayudar a que la sociedad argentina y el gobierno argentino puedan madurar los consensos para que desaparezca el piquete”, dijo a la prensa en Anchorena.
Esa “ayuda” es, ahora, un empujoncito. Una de las claves es la supervisión conjunta de la contaminación del río implícita en el dictamen de La Haya, y Uruguay es el que tiene más frazada para ceder. La máxima concesión sería facilitar ese control dentro de la fábrica de UPM o el análisis de los efluentes industriales en la costa oriental, bien cerca de sus instalaciones. El gobierno uruguayo y la empresa finlandesa aseguran que el daño ambiental es mínimo y aceptable, así que no tienen por qué temer.
Los asambleístas de Gualeguaychú están cansados. Las medidas de fuerza van perdiendo apoyo. Los opositores al piquete ya no se callan y hasta presentan recursos judiciales. La encuestadora Ibarómetro calculó en enero que 63,8% de los entrevistados en la ciudad cuestionan el corte del puente y que 60,7% cree “importante restablecer una buena relación” con Uruguay.
Pero un eventual desborde del tranquilo cauce contenido por Mujica y su gobierno amenazaría el cumplimiento de sus metas. El sondeo de Ibarómetro concluyó que 96,4% de los encuestados se resiste a la permanencia de UPM en Fray Bentos. Desactivar el piquete no impediría su reactivación en el futuro. Es preciso aclarar que Uruguay no tolerará una polución que supere lo aceptable y que considera legítima la preocupación de la sociedad de Gualeguaychú por su salud y por su ambiente, aunque tal vez no lo sean sus bases científicas ni los mecanismos de protesta elegidos. Que al corte le haya llegado su fecha de caducidad no significa que la contaminación, si se produce, deba quedar impune.
Quizá no falte mucho para que los uruguayos entiendan esa preocupación. Uno de los acuerdos más celebrados el miércoles implica acelerar la instalación de una planta regasificadora de gas natural en Montevideo, que operarían los dos países en conjunto. Aún no se determinó dónde. Cuando se sepa, es probable que a los vecinos y pescadores de esa zona no les guste la idea. En todo el mundo hay protestas alrededor de este tipo de plantas y si ocurren aquí, no valdrá “acusar” a los movilizados de peronistas trasnochados.