El fallo judicial que dispone el levantamiento del corte de ruta en Arroyo Verde tiene dos características de oportunidad muy interesantes: por un lado, se produce en vísperas del comienzo del Mundial, o sea, cuando la atención de los medios argentinos, pase lo que pase en Gualeguaychú, va a estar concentrada en Sudáfrica; por otro, llega después de que a la opinión pública del país vecino se le ha comunicado que Uruguay aceptó la instalación de un monitoreo binacional dentro de la fábrica de celulosa de UPM (ex Botnia), en presunto cumplimiento de un mandato de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Eso puede convencer a muchos, allá, de que el gobierno de Cristina Fernández “ganó” y de que por lo tanto pierde sentido el piquete. Pero la CIJ no dispuso eso, ni Uruguay ha aceptado nada.
El miércoles 2, en Anchorena, Fernández dijo que la sentencia de la CIJ “habla [de] que no se ha probado que Botnia contamine, pero establece también la necesidad de hacer un monitoreo en la planta para determinar si contamina o no”. La declaración oficial de la cumbre informó que ella y Mujica habían acordado implementar, mediante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), “un plan de vigilancia para la Planta de Botnia-UPM, conforme a lo establecido en la sentencia” de la CIJ, pero ¿de dónde sacó la presidenta que ese organismo internacional ordenó un monitoreo conjunto en la fábrica de celulosa?
En una nota publicada el domingo 6 por el diario argentino Página 12, Laura Vales invocó a fuentes de la Cancillería de Argentina para afirmar que ese país insistirá en “montar en Botnia un sistema de vigilancia” permanente, “que tome muestras donde el caño maestro de la pastera vuelca sus efluentes al río [...] y controle las emanaciones con sensores en su chimenea”, y añadió: “Aunque el Uruguay se había mostrado hasta ahora renuente a permitir un control sobre cómo funciona la planta, los funcionarios argentinos que trabajan en el tema señalan que el gobierno uruguayo no tiene espacio para negarse, porque el fallo de la CIJ fue nítido. ‘La obligación de cooperar [que tienen entre sí Uruguay y Argentina] trae aparejado el monitoreo continuo de un establecimiento industrial, como la planta Orion (Botnia)’, estableció la sentencia en su párrafo 281”. Según la periodista, la declaración de los presidentes en Anchorena “implica la aceptación uruguaya de controlar de manera conjunta el funcionamiento de la papelera y no solamente las aguas del río”. En esa mezcla de traducción e interpretación está el problema.
El párrafo 281 es el último previo al veredicto propiamente dicho y, por lo tanto, no forma parte de éste. Se trata más bien de un tirón de orejas a los dos países, recordándoles que mediante la CARU pueden y deben, de acuerdo con lo dispuesto desde 1975 por el Estatuto del Río Uruguay, cooperar para administrar las cuestiones relacionadas con ese curso de agua, y que así han hallado antes soluciones apropiadas para sus controversias en la materia, “sin sentir la necesidad” de apelar a la CIJ.
La versión en francés (o sea, la primaria según el propio fallo, a la que hay que referirse en caso de dudas) dice: “La Corte subraya finalmente que el estatuto de 1975 impone a las partes cooperar entre ellas, según las modalidades que especifica, a fin de asegurar la realización de su objeto y de su meta. Esta obligación de cooperación se extiende al control y al seguimiento de una instalación industrial como la planta Orión (Botnia)”.
“Control y seguimiento”, “según las modalidades que especifica el estatuto” para cumplir con sus objetivos, que en este caso no se refieren a otra cosa que al cuidado de las aguas. Mujica eligió bien las palabras en Anchorena: “Monitoreo del río en lo referente a la planta de celulosa”. Como dice el párrafo 266 del fallo, a la CARU le corresponde “la vigilancia de la calidad de las aguas del río” y la “evaluación del impacto de la explotación de la planta Orion (Botnia) sobre el medio acuático”, mientras que es obligación de Uruguay “proseguir el control y el seguimiento de la planta” y “asegurarse de que Botnia respete la reglamentación interna uruguaya, así como las normas fijadas por la Comisión”. Eso es todo. C’est tout.
Queda por verse en qué idioma se lo va explicar Fernández a sus gobernados.