Anoche a las 22.10 la Federación Nacional de Sindicatos Policiales (Fenasip) seguía reunida después de cuatro horas con representantes del Ministerio del Interior (MI). “Continúan las negociaciones, van bien encaminadas. Los compañeros nos transmitieron tranquilidad”, informó a la diaria, tras el segundo cuarto intermedio, el dirigente Fabián Mariano. En ese sentido añadió que “sin importar la hora que sea”, una vez culminado el encuentro con el Ejecutivo se iban a trasladar hasta la sede de la Fenasip, en Ituzaingó y Piedras, para resolver si activaban o no las medidas gremiales dejadas en suspenso hace veinte días.
El tema tomó estado público el miércoles a última hora, a raíz de un episodio que motivó una reu-nión entre la Fenasip, el PIT-CNT y el Ministerio del Interior, y que según dijo a la diaria el dirigente de la federación Otilio Ferreira fue un caso de persecución antisindical, ya que el director de la Policía Caminera de Melo suspendió el servicio 222 de un efectivo basando su decisión en que éste era delegado de la Fenasip.
“El compañero se queja, el jefe de destacamento, como es debido, le devuelve el servicio, y eso hace explosión”, relató Ferreira. En ese contexto, y mientras se desarrollaban las negociaciones, el dirigente sindical Elbio Lemos (integrante de la Caminera) dijo que podía haber una huelga si no se llegaba a buen puerto a partir de la hora cero de hoy, viernes (y no de ayer, jueves, como trascendió).
Además, la medida se confundió con la huelga de hambre que la asamblea de Fenasip había decidido, el 10 de junio, dejar en suspenso por 30 días, debido al avance de su negociación las autoridades el día anterior, tras una extensa reunión con el ministro Eduardo Bonomi. La asamblea había resuelto que si antes del 10 de este mes no se concretaban algunas “acciones inmediatas” -por ejemplo, que los 222 que trabajan en carreteras salieran de a dos-, reactivarían la medida.
La confusión en torno a la amenaza de huelga por lo ocurrido en Melo provocó que Bonomi enviara al Ministerio de Trabajo un proyecto de declaración de esencialidad del servicio policial para tenerlo listo si la medida se activaba. “Sorpresivamente, luego de una reunión calificada de fructífera por los representantes sindicales, en esa misma jornada y sin previo aviso, el MI se entera a través de la prensa de una inminente huelga policial”, dice un comunicado de esa cartera difundido ayer pasadas las 18.00, cuando comenzaba el encuentro.
Asimismo, se informaba sobre la firma de un “acta de entendimiento” en la que se acordó “instaurar una mesa de diálogo, proseguir con el régimen de trabajo en comisiones a cargo de temas específicos referentes a condiciones laborales, evaluar la aplicación del nuevo régimen sancionatorio e introducir modificaciones al mismo, y gestionar frente al BROU líneas crediticias especiales para funcionarios”. Todos estos puntos formaban parte de la plataforma revindicativa planteada hace veinte días por la Fenasip. Con respecto a la situación del trabajador de Melo, el MI respaldó la decisión del jefe de destacamento y dio la orden de reestrablecerle el servicio 222 al delegado sindical.
En la declaración pública, el MI “reafirma que aplicará y cumplirá todos los compromisos asumidos con los trabajadores policiales, porque el respeto de los derechos laborales es un valor superior para este gobierno”. También aseguró que “da garantías a la ciudadanía de que esto se realizará salvaguardando el orden y la seguridad pública” y que “reafirma, en forma clara y terminante, que, como manifestó desde el inicio de su gestión, el MI solicitará al ministro de Trabajo y Seguridad Social, en caso de huelga policial, el decreto de esencialidad en los servicios de seguridad”. “Si el ministerio no cumple con lo acordado, estamos dispuestos a tomar medidas cumpliendo al mismo tiempo con el servicio de esencialidad. Por ejemplo, trabajando a reglamento o cumpliendo sólo las ocho horas”, afirmó Mariano.