Acuerdos por cuatro
Ayer en Cefir se realizó la presentación de la Cátedra Brasil, un centro de estudios sobre la realidad brasileña. En ese marco, el embajador del país norteño, José Felicio, y el canciller y el vicecanciller uruguayos se refirieron a la agenda de la reunión que mantendrán el 30 de julio en Santana do Livramento los presidentes de ambos países, Lula da Silva y José Mujica. En esa instancia se firmarán cuatro acuerdos: sobre seguridad en la navegación y dragado de la laguna Merín, sobre complementación productiva en materia de Defensa, sobre ciencia y tecnología y sobre infraestructura. En cuanto a la inversión en un puerto de aguas profundas, que interesaba especialmente a Uruguay, Felicio explicó que “el tema se está estudiando” pero que aún resta “ver económicamente cómo funcionaría”. Tampoco hay acuerdo todavía en materia de interconexión ferroviaria, pero el 30 los presidentes serán informados de los avances en la negociación.
Contrariamente a versiones que indicaban que los dos países tienen interpretaciones disímiles respecto a si el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) dispuso el monitoreo de la planta de celulosa de UPM (ex Botnia), Almagro aclaró que para el gobierno uruguayo el fallo “dice que los países cooperarán en el tema del monitoreo, y se refiere específicamente a la planta”. “Tenemos que cumplir el fallo”, enfatizó.
“¿Uruguay interpreta que el fallo implica ingresar a la planta?”, se le preguntó. “No dije ingresar a la planta, dije monitorear la planta”, aclaró. Agregó que Argentina entiende que “para hacer más efectivo el monitoreo debe haber alguna forma de acceso a la planta”, pero esto es lo que se está discutiendo. Para Uruguay, el camino pasa por cumplir con el artículo 44 del estatuto del río Uruguay, que prevé el acceso a las jurisdicciones de uno y otro país. “Tenemos que encontrar el mecanismo adecuado, porque el fallo dice monitoreo conforme a las modalidades previstas en el estatuto, entonces no nos podemos salir de eso”, señaló el ministro.
El artículo 44, que es el que regula las acciones de investigación en el río, dispone: “Cada parte autorizará a la otra a efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en su respectiva jurisdicción, siempre que le haya dado aviso previo a través de la comisión con la adecuada antelación e indicando las características de los estudios e investigaciones a realizarse y las áreas y plazos en que se efectuarán. Esta autorización sólo podrá ser denegada en circunstancias excepcionales y por períodos limitados. La parte autorizante tiene derecho a participar en todas las fases de esos estudios e investigaciones y a conocer y disponer de sus resultados”.
De cumplirse la disposición del estatuto, no se vulneraría el tratado bilateral de protección de inversiones con Finlandia, que es una de las preocupaciones del gobierno uruguayo. Almagro aseguró que Argentina está afín de que esto también se aplique en su ribera. “Hay una disposición a ver los temas integrales del río. Pero tenemos que ponernos de acuerdo justamente en cómo implementamos estas modalidades del estatuto”, explicó.
Complementando esto, el vicecanciller uruguayo, Roberto Conde, manifestó que la posición de Uruguay es garantizar un protocolo de actuación científica que proteja el curso hídrico y que “por lo tanto, su alcance no sea en particular para Botnia sino un alcance consensuado para todas las plantas que comprometan o puedan comprometer el río”. “Naturalmente, también hay que contar aquí con la colaboración de las empresas privadas y compatibilizar el derecho ambiental con el derecho comercial y el derecho de inversión, para no generar un conflicto que haga que uno de los países, por ejemplo Uruguay, pueda violar normas de tratados de inversión que ya tiene firmados”, puntualizó. No obstante, consideró: “A la larga, si queremos tener una protección integral y eficaz de la cuenca, necesitamos la cooperación de los actores privados”.
Fuentes de Cancillería señalaron a la diaria que UPM es favorable a que se realice un monitoreo, incluso dentro de la planta, pero no acepta que su situación quede consignada en forma específica en el texto del acuerdo, sino que se haga una referencia genérica a todas las industrias.