Para entender la aglomeración de acciones y reacciones que se enredaron en torno al caso Peirano durante el mes que termina, conviene trazar una cronología de diversos hechos en los que participaron, como coprotagonistas o meras figuras de reparto, los abogados Gonzalo Fernández y Cecilia Salom desde 2002. El ejercicio desentraña, además, las complicaciones del vínculo entre la función pública y la actividad privada. A saber:
2002
16 de julio: Gonzalo Fernández renunció a la defensa de Jorge Peirano por el caso del Banco Montevideo y al Comité Central del Partido Socialista, que se aprestaba a considerar el asunto.
22 de julio: A iniciativa del entonces presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, la Mesa Política de la coalición respaldó a Fernández, considerando “falso” que fuera “abogado defensor del Grupo Peirano” y obviando que sí pretendió serlo de Jorge Peirano.
8 de agosto: El juez Pablo Eguren procesó con prisión a Dante, Jorge y José Peirano y a tres empleados de su banco (Marcelo Guadalupe, Juan Domingo Ratti y Mario San Cristóbal). Entre otros delitos, se les imputó el “previsto en el artículo 76 de la ley 2.230”, que penaba a “directores y administradores de [una] sociedad anónima que cometan fraude, simulación, infracción de estatutos o de una ley cualquiera de orden público”.
2005
1 de marzo: Fernández asumió la Secretaría de la Presidencia, tras condicionar su designación a “seguir ejerciendo” la abogacía.
Octubre: El Poder Judicial informó al diputado blanco Jorge Gandini que el estudio del secretario de Presidencia actuaba en litigios contra organismos estatales.
19 de diciembre: El Ejecutivo sancionó el Presupuesto Nacional, cuyo artículo 13 libra del “régimen de prohibiciones e incompatibilidades del cargo de origen” a los funcionarios que pasen en comisión a otra repartición. Eso habilitó el “pase” de varios fiscales, que pudieron, además, actuar como abogados particulares.
2006
1 de marzo: La fiscal adjunta Cecilia Salom, pareja de Gonzalo Fernández, pasó en comisión como asesora jurídica de la bancada de diputados del Partido Socialista, a pedido del legislador Gustavo Bernini. Poco después, se integró al bufete privado de Fernández y dejó de cobrar el complemento salarial por exclusividad correspondiente a los fiscales. Un procesado por el caso Peirano, Juan Domingo Ratti, designó ese mismo año como defensores a Salom y a Fernández.
16 de mayo: El Partido Nacional pidió la renuncia de Fernández a raíz del caso La Pasiva.
21 de agosto: El Parlamento recibió del gobierno un proyecto de ley para solucionar las dificultades financieras de varias empresas, entre ellas el CASMU. Fernández aseguraría cuatro años después que la derogación del artículo 76 de la Ley 2.230 fue retirada de la iniciativa por recomendación suya.
19 de octubre: El fiscal Rafael Ubiría (hoy fiscal de Corte, ascenso para el que fue apoyado por Gonzalo Fernández) acusó de insolvencia societaria fraudulenta a los procesados por el caso Peirano.
2007
Marzo: Salom pasó a dedicarse por completo al ejercicio de la abogacía y al asesoramiento de la bancada socialista, tras renunciar al cargo de fiscal “indignada por el manoseo público”, según declaró Fernández a El País.
29 de mayo: La jueza Graciela Gatti liberó a los hermanos Peirano debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había determinado que el tiempo pasado por ellos en prisión era excesivo.
2008
15 de octubre: El Senado concluyó la aprobación de la Ley 18.387, denominada Declaración Judicial de Concurso y Reorganización Empresarial.
Segunda quincena: El entonces canciller, Gonzalo Fernández, sugirió al senador blanco Sergio Abreu que, tras aprobarse la Ley 18.387, hacía falta derogar disposiciones como el artículo 76 de la 2.230. Abreu presentó entonces un proyecto en ese sentido, copatrocinado por Isaac Alfie (colorado), Rafael Michelini y Margarita Percovich (ambos frenteamplistas).
23 de octubre: El Senado aprobó el proyecto de Abreu.
4 de noviembre: Fernández llamó mientras transcurría la sesión de la Cámara de Representantes al diputado blanco Álvaro Lorenzo para decirle que el delito tipificado en el artículo 76 estaba en desuso. La Cámara aprobó el proyecto.
14 de noviembre: El Poder Ejecutivo sancionó la Ley 18.411. La derogación del artículo 76 motivó días después a los acusados por el caso Peirano, excepto Ratti, a pedir la clausura del expediente.
2009
12 de marzo: Salom incorporó al expediente judicial sus argumentos a favor de la clausura.
16 de julio: La jueza Mariana Motta rechazó la solicitud de los acusados, que presentaron apelación.
2010
29 de julio: El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno clausuró el caso Peirano debido a la derogación del artículo 76.
20 de agosto: La fiscal Raquel González presenta recurso de apelación ante la Suprema Corte de Justicia.
23 de agosto: Se abren en el Parlamento y el Frente Amplio instancias de investigación sobre el proceso de derogación del artículo 76.
Hacia el futuro
Fernández y Salom se las vieron en figurillas para compatibilizar el trabajo que desempeñaban en el sector privado con la función que cumplían en el Estado durante el gobierno de Vázquez. Si quedaba alguna duda, se desvaneció con las críticas que recibieron tras la clausura del expediente del caso Peirano, que limpió los antecedentes de los acusados.
Las revelaciones periodísticas surgidas a continuación, en particular desde los semanarios Brecha y Búsqueda, no aportan pruebas concluyentes de delito en la actuación de esta pareja de abogados y ex funcionarios. Pero evidencian la opacidad de las normas uruguayas relativas a la compatibilidad entre ciertas actividades privadas y el servicio público. Y también la incongruencia de los legisladores que insisten en separar la ley de la ética y que se resisten a armonizar la primera con la segunda.
Ataque a la defensa
Ninguna información conocida hasta ahora le alcanzaría a un aficionado para asegurar que González y Salom incurrieron en ilegalidades, algo que determinará la Justicia al analizar la denuncia que presentó el abogado Gustavo Salle por “conjunción del interés particular y el público”. Lo cierto es que ambos ocultaron datos, e incluso llegaron a mentir, para justificar sus acciones contradictorias ante tres poderes del Estado. Más que justificaciones parecen coartadas, tal vez inspiradas en los reflejos que ambos adquirieron en el fuero penal.
El Parlamento, que no es el mismo pero sí bastante parecido al que derogó el delito por el que se acusaba al clan Peirano, es la única institución capaz de determinar si es legal que un pase en comisión habilite a un fiscal a ejercer la abogacía en el sector privado, como lo hicieron Salom y el blanco Enrique Moller. O si un miembro del gobierno puede actuar como abogado particular o integrar un estudio jurídico que litiga contra el Estado. Eso hizo el bufete de Fernández al defender a consignatarios de La Pasiva y propietarios del Frigorífico Centenario acusados de defraudación fiscal, a ex directores del viejo Banco Comercial acusados de estafa y a miembros del Grupo Sasson acusados de contrabando. Cuando era canciller, incluso, redactó un informe solicitado por la defensa de Francisco Casal, según el cual el empresario no había defraudado a la DGI, como ese organismo denunciaba.
La turbiedad
El propio Gonzalo Fernández había reconocido, entrevistado por el semanario Voces poco después de asumir la Secretaría de Presidencia, las dificultades para compatibilizar su labor profesional con la actividad pública. “El tema de la defensa penal es muy difícil de entender. Por eso quiero salirme pronto de la política. […] Hay abogados que son muy turbios. Pero otros no. Depende cómo ejerzas”, dijo. Fernández eligió la posición más cuestionable y la mantuvo hasta el último día del gobierno de Vázquez.
El problema de las incompatibilidades puede resultarle un jarabe difícil de tragar al Frente Amplio, que hasta aplaudió al primer presidente salido de sus filas por seguir trabajando como médico en mutualistas que tienen negocios con el Estado. Quienes más insistieron con la cuestión en el período pasado fueron dos bestias negras del frenteamplismo, como el blanco Jorge Gandini y el colorado Washington Abdala. En aras de la honestidad en la función pública, el oficialismo debería reconocer que sus adversarios, en esto, tienen razón: mantenerse en los dos lados del mostrador está mal, muy mal, y hacen falta leyes que lo dejen bien clarito. Lo contrario sería regalar la consigna de “un gobierno honrado” y enterrar al “país de primera”.