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Fueron 131 nuevas denuncias por delitos cometidos durante la dictadura las presentadas este sábado en 16 comisarías de Montevideo, Las Piedras, Solymar y Salinas, en el marco de una convocatoria realizada por un grupo de militantes que no se identifican con ninguna organización en especial. La jornada, que fue evaluada como positiva por sus organizadores, invitaba a "denunciar masivamente delitos de lesa humanidad" y buscaba "un quiebre en el silencio" de las víctimas o de los familiares.

Los delitos más denunciados fueron el homicidio, la privación ilegítima de libertad y las torturas. Uno de los casos emblemáticos que llegó a la Justicia el fin de semana fue el del militante comunista Fernando Miranda, padre del actual director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura. Miranda fue secuestrado el 30 de setiembre y luego desparecido. Su caso fue amparado en la Ley de Caducidad durante el gobierno de Julio María Sanguinetti en 1988. Sus restos fueron hallados en el Batallón Nº 13 en diciembre de 2005, pero luego de este hecho la causa no había sido llevada nuevamente a la Justicia hasta el sábado. Entre las más de 100 denuncias que se presentaron, también están las referidas a los casos de los asesinatos de los estudiantes Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, Julio Spósito y Walter Medina. El 1º de noviembre prescribiría la figura del homicidio muy especialmente agravado y, a partir de este supuesto, el resto de los delitos denunciados el sábado ya prescribieron hace mucho tiempo. "Si es así, que lo diga la Justicia. Esto también era parte de nuestro objetivo", apuntó en diálogo con la diaria Fabiana Larrobla, una de las convocantes a la actividad del fin de semana. Los militantes que participaron tienen prevista una reunión de evaluación pero Larrobla asegura que continuarán adelante con otras acciones de este tipo, además de organizar cómo realizarán el seguimiento de las causas. Todas las denuncias presentadas el sábado en las comisarías deberán ser elevadas a juez, según lo establece la Ley de Procedimiento Policial. Larrobla destacó que, en general, y con la excepción de alguna demora, no hubo "grandes obstáculos" en la recepción de las denuncias por parte del personal policial, entre otras razones, porque las personas llegaron con sus escritos redactados. La única excepción fue en el juzgado letrado de San José, donde el magistrado de turno, Pablo Misa Reboledo, dio la orden a los funcionarios policiales de no recepcionar la demanda y, en su lugar, sugirió a los denunciantes concurrir al juzgado a partir de hoy. El juez argumentó que la demanda tenía cierto grado de "complejidad". Los denunciantes, en tanto, decidieron radicar la denuncia en Montevideo. Se trataba de los casos de Alfredo Pino Garín -la denuncia es por tortura y omisión de asistencia, en junio de 1982, en prisión- y de Víctor Hugo Padilla, muerto en el Penal de Libertad en 1975.

Plano partidario

El Frente Amplio (FA) convocará una mesa política extraordinaria para mañana porque hoy vence el plazo acordado con los partidos de la oposición para hacer llegar sus respuestas sobre un eventual respaldo a la declaración de la Asamblea General y al proyecto de ley que, retomando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reestablece “la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos” comprendidos dentro de la Ley de Caducidad, según el texto al que pudo acceder la diaria (ver la edición del 13/10/11). La Junta Federal del Partido Independiente (PI) aprobó ayer una resolución de tres puntos, y en el primero de ellos manifiesta su “disposición a dar los pasos necesarios, en el ámbito de la Asamblea General, para el efectivo cumplimiento del fallo” de la CIDH. Pero en el segundo expresa que debe ser el Poder Judicial el que determine si los delitos cometidos en dictadura son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, “en cumplimiento de los preceptos constitucionales y de los principios generales del Estado de Derecho”. El diputado independiente Iván Posada indicó a la diaria que desde la aprobación de la Ley 18.026 en 2006 los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles pero para los delitos ocurridos con anterioridad debe pronunciarse la Suprema Corte de Justicia (SCJ). “El fallo debe cumplirse mientras no entre en colisión con la Constitución uruguaya”, señaló. En un tercer punto, los independientes ratifican su “compromiso y disposición” para derogar los artículos del 1 al 4 de la Ley de Caducidad en el entendido de que fueron declarados inconstitucionales por la SCJ. El Partido Colorado decidirá hoy en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Fuentes coloradas adelantaron que no acompañarán el proyecto de ley ya que entienden que es inconstitucional porque viola el principio de la retroactividad de la ley penal y porque “no respeta” los resultados de las consultas populares. En cuanto a la declaración de la Asamblea General, señalaron que hay “buen clima” para votar cualquier texto que sea “abarcativo” y que condene “tanto los crímenes de la dictadura como la violencia política de los 60, es decir, todos los enfrentamientos”. En filas nacionalistas y aun con el presidente del directorio, Luis Alberto Heber, en el exterior continúan los contactos con la interna para establecer una postura. Si bien habría legisladores dispuestos a votar tanto la declaración como el texto legislativo, todo apunta a que no adoptarán una postura en bloque sino que se dejará en libertad de acción.