Ayer en el grupo de trabajo de legisladores del Frente Amplio (FA) que analiza el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) se impuso la visión encabezada por el Espacio 609 sobre la que pregonaba el Frente Líber Seregni, al resolverse trabajar sobre el borrador original que entregó el Ejecutivo, y no sobre un posible proyecto sustituto. La postura fue respaldada por el Espacio 609, la lista 1001, la Vertiente Artiguista y el Partido Socialista, y acatada por los demás sectores. Quedó por el camino la idea de gravar al patrimonio rural tanto de propiedad como de explotación, que promovía el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay). El diputado Alejandro Sánchez (Movimiento de Participación Popular) opinó que esa propuesta establecía un procedimiento “muy complejo”. “Los tributos complejos suelen arrojar dificultades con la recaudación”, sostuvo. Ahora las modificaciones se referirán al texto del ICIR. Para Sánchez, la decisión del grupo de trabajo reflejó un “convencimiento” de que el tributo debe centrarse “en gravar la propiedad de la tierra y no mezclarlo con otros tipos de impuestos que podrían estar cruzando este tema con la productividad”. Según dijo, la posibilidad de gravar a partir de la rentabilidad “es una discusión que se dará posteriormente”.
Agregó que se desestimó la posibilidad de utilizar otro indicador que no sea el índice Coneat para determinar la productividad de los territorios que estarán comprendidos en el tributo. Sánchez admitió que hubo críticas a su implementación, pero “toda la tributación agropecuaria y la cartografía nacional está asociada a este índice”. No obstante, dijo que “sí va a quedar planteado en la redacción que si mañana se avanza en la construcción de otro índice que tome otras variables para medir la productividad de la tierra no se tenga que modificar el proyecto”.
El nuevoespacista Horacio Yanes entendió que se respetaron las instancias de intercambio y reiteró que la “inconstitucionalidad” del proyecto puede ser “una piedra en el zapato”. La ley que crea el tributo determina también su destino, pero el legislador argumenta que constitucionalmente eso debería ser competencia de los gobiernos departamentales. “Vamos a seguir alerta cuando los constitucionalistas informen a la comisión de Hacienda”, explicó. El lunes, el grupo de trabajo se adentrará en el articulado. Sánchez explicó que ya existen algunas propuestas modificativas, como la de “exonerar” la superficie de monte natural a aquellos predios que cuenten con este tipo de tierras para el cálculo del impuesto.