Una cosa te pido
Una delegación de la comisión del FA comenzó ayer una ronda de reuniones con los partidos de la oposición para pedirles respaldo a la aprobación de una declaración de la Asamblea General que reconozca la necesidad de que los tres poderes cumplan con el fallo de la CIDH y de un proyecto de ley que apunta al reestablecimiento de la potestad punitiva del Estado. Hoy se reunirán con el Partido Colorado y mañana con el Partido Nacional. Ayer le tocó el turno al Partido Independiente. "Fue una primera aproximación, nosotros comprometimos nuestra disposición a trabajar en ambas iniciativas y planteamos que la forma de devolver la postestad punitiva es derogando la Ley de Caducidad", dijo a la diaria el diputado Iván Posada. El tema estará mañana en la Mesa Política frentista, que sesionará de forma extraordinaria. Además, hoy el PIT-CNT se reunirá con el presidente interino Danilo Astori, líder de Asamblea Uruguay, sector que ha mostrado más discrepancias con la interna del FA a la solución legislativa en torno a la prescripción.
El Frente Amplio (FA), mediante la última declaración de la Mesa Política, reiteró “el convencimiento” de que los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. En el mismo sentido se han enfocado los planteos del PIT-CNT en su ronda de encuentros con distintos actores del sistema político y judicial para mostrar su preocupación en torno al cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Gelman.
Sin embargo, cuentan los días que faltan para el 1º de noviembre y trabajan contrarreloj en una solución legislativa para “evitar” que prescriban esos delitos. Organizaciones sociales y el FA admiten que se trata de una “estrategia contradictoria”, aunque remarcan la necesidad de tomar ese camino frente a un Poder Judicial que “no ha dado señales claras” de cumplir con la sentencia, que establece que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
“Nosotros estamos convencidos de que no prescriben, pero quien debe determinarlo es la Suprema Corte de Justicia [SCJ] y es en función de esto que estamos trabajando, intentando consensuar. Se están visualizando muchos caminos, no es sencillo. Pero mañana [por hoy] puede ser un día clave”, dijo a la diaria el diputado frenteamplista Aníbal Pereira (MPP), integrante de la comisión del FA (ver recuadro).
Tras el retorno a la democracia, el sistema judicial estableció que el plazo de prescripción para los delitos cometidos durante la dictadura comenzara a regir a partir del 1º de marzo de 1985. Tomando en cuenta ese criterio, explicó a la diaria Juan Errandonea, abogado del caso Sabalsagaray, que en 21 días prescribiría la figura del homicidio muy especialmente agravado, al cumplirse los 26 años y ocho meses. Esto significa que otros delitos relacionados con el terrorismo de Estado -torturas, secuestros, violaciones- ya prescribieron.
“Los delitos son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. No se necesitaría ninguna ley para evitar la prescripción. El Poder Judicial podría aplicar directamente el fallo de la CIDH. El punto es que la SCJ ha sido ambigua. El hecho de rechazar la figura de desaparición forzada y recoger solamente la de homicidio especialmente agravado hace pensar que sólo aplica el Código Penal y no toma en cuenta el Derecho Internacional”, señaló Errandonea.
Explicó además que debido a la posibilidad de que el 1º de noviembre los jueces archiven las causas es que se piensa en una solución legislativa para evitarlo. “Es contradictorio hablar de suspender los plazos o prorrogarlos, pero es estratégico al mismo tiempo”, resumió. Errandonea apuntó que si la SCJ incumple la sentencia, las víctimas podrían recurrir a la CIDH, pero eso “implica esfuerzos, costos y mucho tiempo”.
“No debería haber contradicciones. El tema es que los operadores jurídicos no respeten el fallo y ya sabemos que el único ministro de la SCJ que pareciera ir en esa línea es su presidente, [Leslie] van Rompaey. Por lo tanto, se tiene que resolver de alguna manera política”, indicó el dirigente Washington Beltrán, integrante de la comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT.
“Por qué buscar una salida si no prescriben es la pregunta del millón”, expresó Gimena Gómez, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. La organización, explicó, no respaldó la iniciativa del PIT-CNT porque la considere la única solución, “es porque creemos que el Poder Judicial está esperando una señal del Poder Legislativo para poder cumplir con el fallo, pero no necesita ninguna ley. Puede cumplirlo sin ley, pero no parece muy amigable a hacerlo. Sin duda es una estrategia contradictoria, pero no hay otra forma de salir del brete. Si de entrada tuviéramos la seguridad de que la SCJ la va a aplicar no habría necesidad de hacer todo esto”, señaló.