Por petición del Centro “Doctor Fernando Ulloa” que acompaña testigos en causas de violaciones a los derechos humanos en Argentina, un equipo de profesionales de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República inició una experiencia similar en Uruguay, para acompañar a testigos uruguayos que debían declarar en el juicio sobre el plan sistemático de robos de bebés dentro del caso Automotores Orletti. Es así que Sonia Mosquera, Cecilia Marotta, Marisel Robaina y seis pasantes egresados acompañaron a unos 15 testigos que, según su elección, declararon a través de videoconferencia en el Edificio del Mercosur o personalmente viajando a Buenos Aires.
La iniciativa se desarrolló como una experiencia de extensión universitaria, donde los pasantes realizaban una práctica integral para su formación y posteriormente podían colaborar en investigaciones de esa institución. Este trabajo sentó las bases para que la iniciativa se extienda ahora a las causas locales, en tanto se detecta un avance significativo en el tema derechos humanos en el país y se podrían reabrir numerosos casos archivados. En este sentido, el encuentro de ayer, organizado por la Facultad de Psicología y la Cámara de Representantes contó con el apoyo de Amnistía Internacional, Crysol, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, SERPAJ, la Fundación Mario Benedetti y IELSUR, entre otras organizaciones.
El decano de la Facultad de Psicología, Luis Leopold, abrió la reunión diciendo que se trata de “un humilde aporte” a la construcción de una política pública en DDHH en el país y con ánimo de "tomar distancia de cualquier abordaje simplista y psicologizador”. Para Leopold, ahora se va a pasar a un período de evaluación que “nos dará la capacidad de pensar nuevas alternativas” y destacó que no se trata sólo de “buenas intenciones” sino que “hay que cargarle capacidad académica y profesional que acompañe y asista” para crear procesos de formación y conceptualización. El camino preciso para esta “política pública” es la articulación, expresó. Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Argentina, Fabiana Rousseaux, contó el proceso ocurrido en ese país luego de 2003, cuando cayeron las leyes que no permitían juzgar a los responsables de crímenes durante la dictadura, se reabrieron causas y “no se había calculado lo que podían generar en los testigos y en los operadores del sistema judicial” porque la lógica de protección a los testigos estaba dirigida a las causas judiciales comunes y no a las del terrorismo de Estado. Por otro lado, según dijo, las primeras respuestas de reparación a las víctimas estuvieron ligadas a lo pecuniario y no tomaron en cuenta “una reparación integral”. Calculando unos 4.500 testigos en 55 causas, el equipo jurídico realizó un trabajo de “interlocución y sistematización” que produjo un protocolo de intervención para el acompañamiento a testigos que fue luego tomado por la Corte de Justicia. El trabajo consta de dos ejes: invertir el concepto de testigo-víctima priorizando la calidad de testigo con el objetivo de mejorar las condiciones del testimonio, y en segundo lugar “ubicar que el testimonio es fundamentalmente un derecho antes que un deber”, dijo.
Revivir el daño
La diputada Daniela Paysée, en tanto, anunció que el 12 de abril de 2012 se lanzará el Instituto de DDHH y como corredactora de la Ley de Reparación a las víctimas del terrorismo de estado, señaló que ésta “no pasa solamente por la indemnización”, sino también establece atención médica y psicológica, acceso a servicios jurídicos y sociales. Por su parte, Macarena Gelman contó cómo fue asistida como testigo, una propuesta que le hizo la propia Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, lo que significó una “sensación de que el estado argentino tenía alguna inquietud sobre mí cuando iba a declarar”, dijo. Para Gelman “la causa en Uruguay siempre fue difícil” y la diferencia entre ambos países es que “el estado argentino tiene la conciencia de la responsabilidad y esto es una política estatal”. También dijo que el año pasado fue presentado al Ministerio de Educación y Cultura un proyecto para acompañar testigos en Uruguay y “no tuvo respuesta”. La psicóloga Sonia Mosquera contó que tras “varias reuniones con el ministro, no nos llamaron más”. En su exposición planteó que el testigo “revive, reactualiza, reedita una situación traumática y vuelve a revivir el daño con los represores presentes y los abogados defensores de los mismos interrogando”. Entonces el testimonio debe ser una instancia “de alivio reparador y acceso a la justicia”. Acompañar es “brindar apoyo humano que reconforta, alivia, no dejar a la persona sola con el problema”, precisó. Porque el testigo a veces “siente que no encuentra palabras que puedan expresar el dolor, porque la vivencia de lo siniestro carece de representación y falla la simbolización a través del lenguaje”, expresó Mosquera.
La falta de una política de estado en Uruguay fue remarcada por los presentes, que hicieron mención del caso del fallecimiento de Angélica Montes, del grupo de mujeres que recientemente denunció casos de abuso sexual y tortura durante la dictadura. Según relataron, la denunciante comenzó a descomponerse en el propio juzgado el día que estaban presentando el escrito, se sintió mal, y comenzó un proceso de deterioro irreversible de su salud y a los pocos días falleció de un infarto cerebral. Finalmente, desde el público habló la fiscal Mirtha Gianze, que dijo que la “articulación” debe darse también con el Poder Judicial “porque estamos tomando declaraciones en situaciones muy penosas, en pasillos, a la vista del público” y solicitó que los saberes acumulados en el tema puedan “ser trasmitidos a los operadores judiciales”.