Ésta que se termina fue una semana de discursos. Pocas horas después del plantón televisivo de la madrugada del lunes, el presidente José Mujica, el vicepresidente Danilo Astori y el Parlamento tuvieron sus momentos Oscar con la inauguración de los festejos por el Bicentenario en Soriano, y el día siguiente, 1º de marzo, fecha en que este gobierno cumplió un año y se abrió el segundo período de sesiones de la XLVII legislatura.
Ni siquiera Mujica se resistió a caer en lo que él mismo define como “manía de hacer balances a cada rato”. Entregó al Poder Legislativo dos tomos de extensos informes. Astori, en nombre de la Presidencia, hizo su resumen por cadena de radio y televisión. El jefe del gobierno relativizó todo ayer, en su alocución habitual por M24: “Si a mí me dijeran todos los opinadores un montón de elogios y de aplausos, con absoluta sinceridad diría: ‘¿Y a mí qué me importa un añito?’. Si al final de los cinco años todos los opinadores sobresalientes me volvieran a decir cosas elogiosas, diría: ‘Muchas gracias, pero no es importante’”. Pero lo del martes sí lo fue.
Mujica reivindicó entre sus fortalezas el desempeño de la economía, la caída del desempleo a mínimos históricos, la recomposición del vínculo con Argentina, el establecimiento de “las bases de un nuevo modelo de seguridad pública”, la firmeza ante el conflicto anestésico-quirúrgico y el municipal en Montevideo y la concordia con la oposición, representada por fin en los directorios de entes y servicios. En la columna del debe destacó que “falta mucho”, “siempre falta” y “nunca es suficiente” en materia de educación, de conexión a internet y de rehabilitación de jóvenes que “han caído en la trampa de la droga”. También consideró negativo que se “siga esperando” la “reforma del Estado”.
Por las omisiones se nota que el presidente pretende no embretar a los legisladores. Se concentró en sus áreas de competencia. Anunció que seguirá actuando en el marco de la Ley de Caducidad, habilitando por la vía administrativa y caso por caso el procesamiento de las violaciones de derechos humanos de la dictadura. Ni su informe ni el del Ministerio de Relaciones Exteriores mencionan las gestiones del gobierno y el oficialismo para desactivar la norma por la vía parlamentaria. El reporte del Ministerio de Salud Pública apenas alude a la reglamentación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que ordena a los servicios del sector asistir a mujeres que desean abortar o ya lo hicieron, sin insinuar siquiera la necesidad de soluciones legislativas al problema. Las distintas “memorias anuales” conocidas el martes tienen el rasgo común de evitar referencias a las manzanas de la discordia entre partidos o dentro de ellos, sobre todo en el Frente Amplio.
Pero una de las omisiones se destaca de tan flagrante. Mujica soslayó en su mensaje la peor catástrofe de derechos humanos registrada en Uruguay desde la restauración democrática en 1985: la muerte de 12 presos en un pabellón hacinado de la cárcel de Rocha en la madrugada del 8 de julio. El informe de gestión del Ministerio del Interior, de 36 páginas, se limita a señalar el “emprendimiento” de las “refacciones importantes debido a motín e incendio, nueva red de energía eléctrica, paneles solares y reparación de red sanitaria”. Ni el gobierno ni la justicia han identificado a los responsables de la tragedia. Las víctimas, sus familiares y la ciudadanía uruguaya merecen una explicación.
El desastre de Rocha aceleró la aprobación de una ley que, en resumen, facultó al gobierno a contratar más guardias y a construir celdas y pabellones con el fin de acomodar mejor a casi nueve mil presos alojados en cárceles previstas para seis mil. Pero restan soluciones de fondo para poner fin al “estado de emergencia humanitaria” en las prisiones, declarado hace seis años por Tabaré Vázquez, en su primer día como presidente.
La raíz de la emergencia es un sistema judicial que procesa con prisión como norma y no como excepción (66% de los presos carecen de condena, o sea que a los ojos de la ley son inocentes). Parte de los jueces parecen regodearse en usar el máximo rigor que les permiten las normas penales. Hoy, por ejemplo, residen en las cárceles entre 200 y 400 reclusos y reclusas procesados por cultivar cannabis o por posesión de menos de 10 gramos de marihuana. Esos números sugieren que en muchos de esos casos no se tomó en cuenta la peligrosidad de los reos ni el hecho de que las acciones castigadas no perjudican a terceros, como lo creen muchos legisladores que se inclinan por despenalizar el cultivo de cáñamo para consumo personal y la tenencia de pequeñas cantidades del vegetal.
La bancada de la lista 609 abrió con el Ministerio del Interior un diálogo hacia la liberación de estos presos, tal vez mediante una amnistía. Suena lógico. Al Parlamento le corresponde corregir la legislación que los llevó a la cárcel liberalizando el cultivo y la tenencia. Pero más urgente aun es la liberación de esas personas, que no merecen estar tras las rejas.