El Poder Ejecutivo impulsa una ley ferroviaria con el propósito de buscar “caminos de flexibilización” jurídica para que AFE pueda moverse comercialmente “como una empresa privada”, pero eso no implica que haya intentos por avanzar hacia una privatización del ente, que seguirá siendo una empresa pública, según dijo a la diaria el subsecretario de Transporte, Pablo Genta.
La Unión Ferroviaria anunciará este viernes medidas de fuerza porque todavía no ha accedido al borrador del proyecto y presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por violación de la Ley de Negociación Colectiva, mientras que desde el Partido Socialista advierten que AFE no puede “desdibujarse” dentro del panorama nacional.
El borrador elaborado por los ministerios de Transporte y Economía fue entregado el viernes 25 de febrero a los diputados y senadores que integran las comisiones de Transporte de ambas cámaras y al directorio de AFE. El pesidente José Mujica les pidió a los jerarcas ministeriales que los planes se discutan internamente durante marzo y que se envíen al Parlamento luego de que esté aprobada una redacción de consenso. Los cambios para AFE fueron excluidos de la Ley de Presupuesto, porque se sabía que podrían generar diferencias en la interna del Frente Amplio (FA) y críticas desde el movimiento sindical.
El subsecretario Genta recordó que a principios de los 90 se rechazó en las urnas la privatización de las empresas públicas y aclaró que es “incorrecto” asociar ese término con los planes actuales del Poder Ejecutivo. “Es un camino que no tendría andamiento en el FA y que no está dentro del programa del gobierno”. aclaró.
De todas formas, Genta adelantó que AFE debería “funcionar bajo un ámbito jurídico más flexible”, como por ejemplo el derecho privado, para establecer negocios y concretar los contratos de fletes “de una manera más ágil” que la actual.
El subsecretario explicó que los contenidos del borrador no han sido entregados a la Unión Ferroviaria porque antes es necesario llegar a una posición de consenso en la fuerza política. “Hay una propuesta terminada pero puede tener modificaciones. No queremos comentar el contenido hasta que lleguemos a un acuerdo y por eso no entendemos en base a qué la Unión Ferroviaria hace estos planteos”, dijo el jerarca del MTOP.
Nadie me dijo nada
“Estamos molestos porque nadie nos ha dado oficialmente el borrador y denunciamos esto ante el Ministerio de Trabajo por violación de la Ley de Negociación Colectiva, que establece que los trabajadores tienen derecho a conocer los planes estratégicos de la empresa”, dijo a este medio el sindicalista de la Unión Ferroviaria, Ricardo Cajigas.
El dirigente opina que los ministerios de Economía y Transporte “están complotando” para impulsar una privatización del ente, y han tomado “decisiones en secreto” que definirán el destino “de una empresa que nos pertenece a todos”.
“La información que tenemos, que no es oficial, es que habría afectaciones muy serias sobre las condiciones de trabajo de los 1.144 funcionarios ferroviarios. Queremos que nos digan qué piensan hacer, ¿nos van a dejar excedentes?”, especuló Cajigas.
Fuentes del ente ferroviario confirmaron que el borrador que les entregó el Poder Ejecutivo establece cambios en la modalidad de contratación de los funcionarios y que en un primer esbozo se piensa en al menos cuatro destinos para la planilla actual de AFE. Un poco menos de la mitad podría permanecer en el organismo, el resto se dividirá entre los que ingresarían a una empresa pública bajo derecho privado; los que pasarían directamente a trabajar con privados y los que podrían ingresar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Además, según dijeron, está sobre la mesa la alternativa de promover incentivos para las jubilaciones y recordaron que en AFE el promedio de edad es de 54 años, aunque es una cifra que baja si se tienen en cuenta los 160 ingresos que se han registrado en los últimos años. “Si la infraestructura pasa a una empresa privada o a una suerte de sociedad mixta, es evidente que ahí van a precisar gente de AFE, que es la que en Uruguay tiene la calificación necesaria para esa tarea. O si la reparación de vías y puentes dejan de estar bajo la órbita de AFE es evidente que esos funcionarios no seguirán en el ente”, evaluaron desde el organismo.
Por su parte, el diputado socialista Julio Fernández, que integra la comisión de Transporte, está de acuerdo en “buscar todos los apoyos que sean necesarios” para asegurar la viabilidad de AFE, pero marcó que el ferrocarril debe mantenerse como un ente estatal, sin “desdibujarse en el escenario nacional”.