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Dirección de la CAP-L respaldó decisión de Fernández Huidobro; descartan renuncia de Rosadilla.

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Sustancialmente

El senador Óscar López Goldaracena, que el martes fue el miembro informante del oficialismo, discrepa "sustancialmente" con los fundamentos que manejó Fernández Huidobro para argumentar contra el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que votó por disciplina partidaria, y también con los motivos "por los que renunció".

En una línea similar se expresó el coordinador del PIT-CNT y dirigente comunista Juan Castillo. Según dijo, la sesión del martes "generó decisiones sectoriales o individuales como no respetar decisiones internas o tener que renunciar a la banca para cumplir con el mandato, que no son las que más nos gustan y agradan a los comunistas".

Sustancialmente

El senador Óscar López Goldaracena, que el martes fue el miembro informante del oficialismo, discrepa "sustancialmente" con los fundamentos que manejó Fernández Huidobro para argumentar contra el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que votó por disciplina partidaria, y también con los motivos "por los que renunció".

En una línea similar se expresó el coordinador del PIT-CNT y dirigente comunista Juan Castillo. Según dijo, la sesión del martes "generó decisiones sectoriales o individuales como no respetar decisiones internas o tener que renunciar a la banca para cumplir con el mandato, que no son las que más nos gustan y agradan a los comunistas".

El senador Eleuterio Fernández Huidobro convocó ayer a una dirección ampliada de la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L) para explicar el proceso que culminó con su decisión de renunciar a la banca en el Senado, algo que hizo público en la sesión del martes, antes de votar el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad por disciplina partidaria.

La CAP-L respaldó a Fernández Huidobro, que no había adelantado en su sector que renunciaría para "no distorsionar el debate", según reiteró en la reunión que todavía continuaba anoche. Los argumentos manejados por el senador se continuarán analizando el 6 y 7 de mayo en una sesión de la dirección nacional del grupo, que tendrá que resolver qué papel asumirá su líder en la orgánica y quién asumirá la jefatura política en el Parlamento.

El primer suplente en la cámara alta es el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, quien ayer llegó desde Brasil. En el correr de la tarde circularon versiones, tanto en el Palacio Legislativo como en la Torre Ejecutiva, referidas a la posibilidad de que Rosadilla renunciara por motivos similares a los esgrimidos por Fernández Huidobro, es decir, por discrepar con el camino que tomó el Frente Amplio (FA) para anular la Ley de Caducidad.

"Es absolutamente falso lo de la renuncia de Rosadilla; no sabemos de dónde salió eso pero es un total disparate. No estuvo en consideración en la reunión, que sólo sirvió para darle un total respaldo a Huidobro", dijo el diputado canario Juan Carlos Souza. Allegados a Rosadilla en el Ministerio de Defensa también descartaron esa hipótesis, mientras que otras fuentes de la CAP-L manifestaron que una decisión que sí está pendiente es quién ocupará el lugar en el Senado, que por orden de la lista le correspondería al diputado Carlos Gamou. "No es una decisión administrativa sino de carácter político, y eso es algo que tendrá que resolver la dirección nacional", aclararon asistentes a la reunión.

En cuanto al Ministerio de Defensa, según pudo saber la diaria, está previsto que en los próximos días Rosadilla se reúna con el presidente José Mujica para resolver quién será el próximo subsecretario, tras la muerte de Gabriel Castellá.

No tan Saravia

La renuncia a la banca de Fernández Huidobro dejó en segundo plano la situación del líder de Patria Grande, el senador Jorge Saravia, a pesar de que antes de la sesión del martes, en la interna frenteamlista se daba casi como un hecho que el Tribunal de Conducta Política (TCP) terminaría convocándolo por su negativa a votar el proyecto interpretativo.

Pero la situación que generó la renuncia de Fernández Huidobro logró, al menos en los grupos con representación parlamentaria, que el caso del ex integrante del Espacio 609 pasara a segundo plano y que algunos opten por una “evaluación global” antes de tomar el camino disciplinario. Hoy se reúne el Secretariado Ejecutivo del FA y nadie tiene pensando pedir que el tema pase al TCP, según las consultas realizadas. Ayer Saravia no sólo votó contra del proyecto interpretativo, sino que también se alineó con la oposición cuando el senador colorado Tabaré Viera propuso que la votación no era válida porque el senador informante, Óscar López Goldaracena, no aclaró a la cámara que era parte “interesada” en la causa ya que tiene “un montón de casos” relacionados con el punto en cuestión, según señaló el líder de Patria Grande.

Saravia entendió que “Viera tenía razón” y comprendió que “ni siquiera a fundamentar a favor estaba autorizado sin el aval del Senado; debió haberlo aclarado antes de comenzar a hablar”. “El proyecto es hecho a la medida de las demandas de él”, remató, en diálogo con la diaria.

El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista, VA) dijo que su sector no ha hecho un “intercambio” respecto a la posibilidad de pasar a Saravia al TPC por el desacato del martes. Desde su punto de vista, el anterior pedido de la VA para que el caso de Saravia pase a ese ámbito fue por otras razones y “ahora es necesario hacer un intercambio global de toda la situación, de cómo sale el FA de esta primera etapa”. “Vamos a hacer un análisis qeu todavía no hemos hecho”, resumió.

Por su parte, el senador del MPP, Ernesto Agazzi, dijo que es “un asunto que hay que analizar con la cabeza fría”, aunque estimó que Fernández Huidobro, a diferencia de Saravia, es un viejo militante de izquierda. De todas maneras, Agazzi consideró que la actitud de Saravia de votar la moción de Viera fue “muy dura”, ya que “cuestionó la legalidad de la actuación de la presidencia de la cámara sin haber hablado de eso”.

El senador Rafael Michelini se limitó a expresar que para su sector, el Nuevo Espacio, la prioridad es la aprobación de la ley y que no tiene previsto gastar “ningún minuto de nuestra energía” en otra cosa. El secretario general del PCU, Eduardo Lorier, también descartó que hoy en el Secretariado Ejecutivo se vaya a solicitar la actuación del TCP en el caso de Saravia. “Nosotros no lo vamos a pedir como PCU, pura y exclusivamente porque estamos en el FA y consultaremos; quizás lo haga él mismo”, sugirió. Sin embargo, Saravia adelantó que no pedirá un tribunal por su propia voluntad. La diputada Daniela Payssé, de Asamblea Uruguay, se limitó a informar que el tema no fue tratado en su sector.

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