Los operativos policiales “de saturación” que realiza el Ministerio del Interior en algunos barrios de Montevideo han recibido críticas de distintos frentes. Algunos jueces cuestionan la legalidad y la eficacia de los procedimientos, el Partido Nacional proyecta llamar a comisión al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por este tema, y organizaciones de derechos humanos expresan su preocupación por la “ruptura de los lazos comunitarios que se hace al invadir de esa manera”.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Mariana Labastie, aclaró que su organización recién tratará el tema la semana próxima, pero a título personal consideró que con estos operativos “se está estigmatizando un barrio”. Opinó que surgen “como respuesta a una demanda”, para “cumplir y llenar el ojo”, al igual que la campaña para extender el régimen penal adulto. “No veo qué es lo que se pretende”, manifestó.
Cuestionó que no exista “una discusión profunda” ni se estén tomando medidas a largo plazo en relación al tema de la seguridad pública y consideró que la sociedad civil debería “organizarse un poco más” para ejercer su rol de contralor del Estado. “Hay una criminalización de la pobreza y una criminalización de las generaciones más jóvenes”, lamentó. En tanto, el coordinador de Serpaj, Mauro Tomasini, opinó que se trata de una “operación simbólica que no sirve para absolutamente nada” y “estigmatiza a la población de los barrios en los que se hace. Además, si sirviera para algo, las consecuencias que hay que pagar son violentísimas, por la ruptura de los lazos comunitarios que se hace al invadir de esa manera. Es populismo punitivo”, cuestionó. Consideró que con estos operativos se sigue “estigmatizando y fomentando discursos sobre determinadas poblaciones que ya existen” en la opinión pública.
Respecto a la actitud del gobierno frenteamplista en estos temas, y en particular del ministerio encabezado por Bonomi, evaluó que luego de un período en el que al FA se lo acusó de no ejercer la autoridad, “hubo una ruptura” cuando se organizó el operativo policial para contener los festejos de los hinchas de Peñarol en 18 de Julio, en mayo del año pasado. Evaluó que el FA actúa de esta forma porque intenta “responder a la opinión pública y a la oposición, porque éste va a ser el tema de la campaña electoral”, pero que también “determinados actores del FA que están en este gobierno tienen un perfil un poco más rígido” que los del gobierno anterior.
Bonomi dijo ayer a de El Espectador que la evaluación que hace de los operativos es “buena”, que hay ocho procesados y se cerraron “bocas”. “Queda claro que no hay más impunidad”, sentenció. Y negó que se trate de “razzias”. “La razzia no se producía en momentos de crecimiento de los delitos, sino más vinculada con problemas ideológicos. Acá tenemos un crecimiento año a año de los delitos y uno estudia qué es lo que está atrás de esto y cómo enfrentarlo”, explicó. Afirmó que habrá un operativo por semana, y que no se estigmatizará ya que se hará “en muchas zonas de la capital”.