Este fin de semana, el vicepresidente Danilo Astori y la senadora Lucía Topolansky (MPP) manifestaron por separado la necesidad de repensar la decisión de dar sanción definitiva al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. Astori alertó sobre “consecuencias negativas” tanto políticas como jurídicas si se aprueba la iniciativa e indicó que “está en juego la credibilidad” del Frente Amplio (FA). “La postergación de la consideración del proyecto en Diputados es útil para que todos pensemos cómo se pueden evitar esas consecuencias [...] y al mismo tiempo, permitir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Espero que se pueda encontrar la salida antes del 20 de mayo”, afirmó a El País. Topolansky dijo en Salto que no tiene “claro qué va a pasar”. “Se ha entreverado mucho la madeja. Esperemos que con el correr de los días se despeje un poquito el panorama”, declaró, según El Pueblo.
El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay, AU), del mismo sector que Astori, recalcó a la diaria que AU “respeta la unidad de acción” del FA y “tiene en cuenta la decisión del plenario” de eliminar la Ley de Caducidad, pero que “ha sido crítico de todo el proceso”. “Estaremos a lo que el FA resuelva en este período de reflexión, pero hay que ver también las señales de Presidencia”, precisó en referencia a las afirmaciones de José Mujica acerca de que con la aprobación del interpretativo se arriesga la “unidad nacional”.
El diputado Aníbal Pereyra (MPP) enfatizó que pese a las advertencias de los catedráticos de que el interpretativo es inconstitucional “lo único que hay es una firme decisión política del plenario” y “la necesidad de cumplir con el fallo de la Corte Interamericana”. Pereyra explicó que la propuesta del abogado Martín Risso -que Astori consideró un “camino ágil”- no cumple con esa sentencia que “el propio Risso dijo que Uruguay debe cumplir”.
Risso plantea la derogación de la Ley Caducidad y que, para sus efectos en el pasado, el Ejecutivo decrete la nulidad de los actos administrativos por los cuales se aplicó esa norma. Pereyra explicó que este camino dejaría afuera los casos para los cuales la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la Ley de Caducidad -entre ellos el de Gelman-, ya que este organismo no puede pronunciarse dos veces sobre los mismos expedientes. “Hoy no está en discusión que el 20 de mayo se vote”, concluyó.
Felipe Michelini (Nuevo Espacio) afirmó que como coordinador de bancada hasta el momento no recibió ningún planteo. “Si el Ejecutivo quiere decretar, me parece bien, pero eso no quita la necesidad de aprobar el interpretativo. Tanto que critican que el proyecto no cumple con el principio de retroactividad de la ley penal, no hay ley más retroactiva que la propia Caducidad”, apuntó.
El presidente del FA, Jorge Brovetto, aseguró en diálogo con la diaria que “no hay ninguna posibilidad” de que se convoque un plenario antes del 20 de mayo para que revea su decisión, si bien reglamentariamente es posible. “La posición de Astori es la posición de [Eleuterio Fernández] Huidobro y de otros. Cuando se actúa correctamente no deben hacerse cálculos políticos sino éticos. Uruguay no está cumpliendo con los derechos humanos. Eso es lo peor que nos pueden decir y yo, como dirigente político, tengo la obligación moral de dar los pasos para hacerlos respetar y darle a la Justicia el valor que tiene. Definitivamente, los intereses políticos no pueden estar por encima de la Justicia”, señaló.