La jueza Mariana Mota está en la mira de muchos. No es difícil entenderlo si se consideran, entre otras, sus decisiones relacionadas con los hermanos Peirano y con Juan María Bordaberry, o con la tipificación de delitos de lesa humanidad en la que sus colegas han aplicado otras figuras penales que prescriben.
En los últimos tiempos se han sucedido las acusaciones contra la magistrada, que tiene en su agenda varios asuntos políticamente delicados, y se ha pretendido descalificarla como si se tratara de una fanática ignorante. Las críticas más recientes se centraron en su opinión de que es “obsoleto y profundamente injusto” el precepto de que nadie está obligado a presentar prueba en su contra, una opinión criticada en términos muy duros sin que, curiosamente, los detractores mencionaran en qué especialista se apoyó la jueza para sostenerla.
El jueves, en la primera página de la sección Política de Búsqueda, se dio a conocer que Mota, “a cargo de varias causas vinculadas al pasado reciente, estuvo en la 'marcha' de familiares de desaparecidos” realizada el viernes 20 (por qué la palabra “marcha” se puso entre comillas es un misterio), y que eso fue tema de conversación entre jueces y abogados. Éstos se habrían enterado -de algún modo sobre el cual el artículo no informa- de esa presunta participación de la magistrada en la marcha y habrían discutido si era o no conveniente para preservar su imagen de imparcialidad.
Rápidamente, la Suprema Corte de Justicia dio a conocer que consultaría a Mota para que dijera si estuvo en la manifestación, y -en el caso de que la respuesta sea afirmativa- diera sus razones para ello. Según pudo saber ayer la diaria, la jueza pensaba contestar este lunes, pero sólo se le concedió plazo hasta hoy, viernes.
El abajo firmante ignora si Mota, como muchos otros miles, caminó en silencio por 18 de Julio, y cantó el himno nacional, expresando así su respaldo a la consigna de la marcha: “Verdad y justicia. Derecho de todos. Responsabilidad del Estado”. Pero si así fue, le cuesta hallar en esas nueve palabras algún concepto que no sea compartible -algo que no deba ser compartido- por cualquier persona encargada de un juzgado.
Los fallos de Mota pueden, naturalmente, ser discutidos, por quienes saben de derecho y por cualquier otra persona (aunque es más útil, por supuesto, que se discutan con algún conocimiento de causa). Lo que sería lamentable es que se la linche por no disimular su adhesión a principios básicos del estado de derecho.