A instancias de la Ley de Educación, una comisión integrada por los ministerios de Defensa, Interior y Educación avanza en la elaboración de un proyecto de Ley de Educación Militar y Policial que ingresará al Parlamento en enero de 2012. “Así como nos preocupa qué médicos o abogados forma el país, tenemos que ver qué militares estamos formando. En eso tenemos una deuda pendiente”, señaló el director de Formación del Ministerio de Defensa Nacional, Hernán Planchón. Según Planchón, el gobierno pretende dar un “debate público” sobre la formación militar y policial -que incluirá un seminario en agosto con expositores internacionales-, y estará condicionado por las conclusiones a las que llegará el Estado Mayor de la Defensa respecto “a qué militares tenemos y para qué los queremos”.
La Ley Marco de Defensa establece, en el artículo 9, que le corresponde al Poder Legislativo “tomar conocimiento” de los programas de estudio de las escuelas e institutos de formación militar. En la actualidad, el contacto legislativo con estos contenidos se concreta en un informe anual que prepara el Ministerio de Defensa. Para Planchón, resulta prioritario que la formación general que se brinda en las escuelas militares “sea la misma que la de cualquier ciudadano”.
Por otra parte, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, acudió ayer a la comisión de Defensa del Senado. Según senadores que integran ese ámbito, el ministro pidió realizar una sesión secreta para referirse a la situación actual interna de las Fuerzas Armadas y allí leyó la carta que el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, le dirigió al general Luis Pérez, a cargo de la División I de esa fuerza.
El diputado Luis José Gallo (Frente Amplio) dijo que las explicaciones de Rosadilla dejaron “satisfechos” a todos los senadores, en tanto que el senador colorado Tabaré Viera deslizó que confía en lo dicho por el ministro. Rosadilla concurrió al Parlamento a pedido del líder herrerista, Luis Alberto Lacalle, para explicar los cambios que el gobierno hará en las agregadurías militares. El Ejecutivo planea reducir la cantidad de agregadurías en Argentina, Brasil y Estados Unidos (de 36 a 16), a la vez que se planea instalar una en México y una en Venezuela, utilizando como base el criterio de reciprocidad (instalarlas en los países que tienen agregadurías en Uruguay) .