En el Frente Amplio se manejan, una vez más, iniciativas de reestructura, y no parece fácil que tengan éxito. Para considerar el asunto es preciso realizar primero algunas precisiones.
En Uruguay no hay normas sobre la integración de las autoridades permanentes de los partidos. Si alguno de ellos quisiera implantar en su interior un régimen de monarquía hereditaria (cosas por el estilo se han visto), o asignar la conducción por sorteo, nadie podría impedírselo.
La reforma constitucional de 1996 impuso a los partidos “elecciones internas” para designar, mediante convenciones nacionales, sus candidatos a la presidencia de la República. Blancos, colorados e independientes otorgaron a esas convenciones otras potestades; el FA, en cambio, mantuvo el estatuto que ya tenía, con organismos elegidos en otros momentos e integrados con distintos criterios. Desde el punto de vista legal, tanto da.
En el Plenario Nacional (PN) del FA, que es su “máxima autoridad permanente” según el estatuto (con competencia expresa para decidir sobre cuestiones de gobierno nacional, si considera que “afectan el cumplimiento del programa”), hay 85 representantes de los sectores políticos y otros tantos de organismos “de base”. Pero los sectores no obtienen delegados por su votación en las elecciones nacionales, ni en las “internas” de unos meses antes, sino en función de los sufragios emitidos específicamente para elegir ambas partes del PN, en una fecha distinta, por quienes se registran como adherentes. Hace tiempo que éstos son muy pocos en relación con el total de votantes del FA, y eso quita representatividad a todos los integrantes del PN.
Esto se basa en ideas sobre lo que debe ser la política: se asume que la participación es un valor a cultivar, y que la militancia organizada mantiene un provechoso vínculo con vastos sectores de la ciudadanía, aumentando la calidad democrática de la fuerza política y de sus decisiones, por oposición a un sistema de dirigentes profesionales con amplia autonomía.
Sin embargo, los organismos de base del FA están despoblados, y en ellos predomina la acción organizada de sectores que obtienen, a cambio de su esfuerzo militante, un peso adicional muy importante en el PN. No es el único problema relacionado con la conducción frenteamplista, y quizá tampoco el mayor, pero en estos días es el que más se discute.
Para reformar el estatuto del FA hace falta la aprobación de 2/3 de los integrantes del PN, incluyendo a por lo menos 21 delegados de las coordinadoras de comités de Montevideo y a otros tantos de las departamentales que agrupan a los comités del interior. Luego, la reforma debe ser ratificada por 2/3 del Congreso, en el cual la proporción de representantes “de las bases” es mayor que en el PN.
Por lo tanto, hay dos grandes posibilidades, en el estatuto, para modificar la situación actual (y cuesta imaginar cuál de las dos es menos improbable): que quienes hoy tienen la llave de las decisiones acepten desprenderse de ella; o que la participación aumente muchísimo, remediando los problemas de representatividad. En la próxima veremos qué ideas se manejan y qué implican.