¿A quién pertenecen las bancas parlamentarias? ¿Al legislador, al grupo político, a sus votantes? La trampa de la pregunta se oculta en el verbo “pertenecer”: el cargo legislativo no es algo que se posea, sino que se ejerce. Los legisladores representan cada uno a millares de ciudadanos anónimos que votan en secreto.
La Constitución y las leyes electorales establecen que primero se contabilizan los votos por lemas, luego por sublemas y por último por listas, pero nada dicen sobre la “pertenencia” de las bancas. Un sector político es incapaz de forzar el cese o renuncia de un legislador que lo abandona. Los artículos 114 y 115 de la Constitución indican que dos tercios de una cámara pueden suspender a uno de sus miembros a pedido del juez penal, y hasta “removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental” o “por actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo”. Suena improbable que el Frente Amplio o el Espacio 609 apelen a la complicidad de senadores opositores para reclamar la banca de Jorge Saravia.
La discusión es política, no legal. Los argumentos cambian según qué te guste más: el legislador o la lista. Pocos renuncian al cambiar de trinchera. No lo hicieron en 1986, por ejemplo, Carlos Pita ni Víctor Vaillant, cuando uno se fue del Partido Nacional y el otro de la colorada Corriente Batllista Independiente luego de rechazar ambos en la Cámara de Representantes la Ley de Caducidad. Ni el hoy ex senador Pablo Millor una vez que se soltó de la mano de Jorge Pacheco Areco en 1990, meses después de secundarlo en la fórmula presidencial. Ni la mayoría de los legisladores de la lista 1001 que se abrieron del Partido Comunista en 1992, ni los diputados Carlos Gamou y Leonardo Nicolini, que en 1996 abandonaron Asamblea Uruguay para fundar Izquierda Abierta. Ni Eleuterio Fernández Huidobro y sus seguidores cuando se largaron del Movimiento de Participación Popular (MPP) y formaron la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad.
Una excepción es la de Hugo Cores, que renunció a su banca de diputado en 1994 al separarse su Partido por la Victoria del Pueblo del MPP. Bien pudo haberla conservado invocando una representación que, en teoría, le había asignado la ciudadanía en las urnas. ¿Cómo saber quiénes lo votaron a él, a la lista o a los colores con que estaba impresa?
¿Cuántos de los 364.696 ciudadanos que en octubre de 2009 votaron la lista 609 lo hicieron porque Jorge Saravia era el quinto candidato al Senado? Intentar un cálculo así es un ejercicio impertinente. Nadie le regaló el lugar. Se lo ganó negociando. Sus compañeros de entonces habrán accedido porque le atribuirían votos propios, destreza legislativa o un asombroso parecido físico con su bisabuelo Aparicio. Sea por la razón que fuera, la dirección del Espacio 609 lo prefirió como senador, por ejemplo, antes que al diputado Ruben Martínez Huelmo (cuarto de la lista a la cámara baja y primer suplente del cuarto candidato a la alta), también de origen blanco y con un parecido físico asombroso con el cantante José Luis Rodríguez, El Puma.
La trayectoria política de Saravia dentro del Frente Amplio estaba marcada por cierto perfilismo, en ocasiones alentado, o al menos tolerado, por el Espacio 609. En su primera campaña rumbo al Senado, en 2004, reivindicaba para esa lista un “discurso de centro”. Pocos meses después de iniciado el gobierno de Tabaré Vázquez, se enfrentó con el entonces presidente y con su ministro de Economía, Danilo Astori, a los que presionaba para que se suspendiera el remate de bienes de productores rurales endeudados y para que se tomaran medidas contra el “brutal atraso cambiario”.
En los años siguientes, manifestó su pretensión de sacar a la calle a las Fuerzas Armadas para hacer trabajo policial, de liberar el uso de armas de fuego, de impartir instrucción militar en los liceos y de rebajar la edad de imputabilidad penal. Lanzaba esas iniciativas por la libre, fuera de los canales orgánicos de discusión. El hecho de que en su línea de suplentes no haya dirigentes de su sector sino incondicionales del MPP (el embajador itinerante y ex ministro Julio Baráibar, el director general del Ministerio de Ganadería Alberto Castelar y el ex director de Programa Uruguay Rural, Antonio Vadell) sugiere que la fuga se veía venir.
El penúltimo chisporroteo entre el Espacio 609 y Saravia no fue programático, sino por la guita: al comenzar el actual período, la cúpula del sector quiso que los legisladores firmaran conformes para asegurarse su adhesión hasta que finalizara. La negativa del futuro senador número 10 del Partido Nacional fue otra señal, no la primera. Rebelarse contra el programa del Frente Amplio al defender la impunidad fue el chorro que rebasó el vaso.
Ante la afrenta, los dirigentes de la 609 deberían, más que pedirle la banca, irse a llorar, no al cuartito sino a la misma cocina donde creían estar armando un atractivo menú electoral con carne blanca.