“Beodos”, “hutus degollando en África” y “cosacos emborrachados haciendo un pogromo” fueron algunos de los calificativos que utilizó el presidente de Zona Franca Florida (ZFF), Luis Calachi, para referirse a los inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI), el 15 de julio en una sesión de la Junta Departamental de Florida. “Pogromo” es un término que refiere a episodios violentos y linchamientos registrados en la Rusia zarista a fines del siglo XIX; de ese modo calificó Calachi -administrador de la emisora M24, que transmite la audición del presidente José Mujica- la actuación de la DGI y el proyecto de ley a estudio de la comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores que modifica el régimen de zonas francas.
La semana pasada, cuando asistió a la comisión, Calachi fue más medido, aunque volvió a cuestionar la actitud de la DGI y se quejó por el bajo nivel de actividad de la zona franca. “Lo tomamos como parte de nuestro trabajo. Al tratar de hacer cumplir la normativa en forma pareja para todos, siempre va a haber voces que nos critiquen”, manifestó en diálogo con la diaria el director de la DGI, Pablo Ferreri. “Me parece algo anecdótico y hasta gracioso”, acotó, y aclaró que “si hay denuncias concretas, los contribuyentes tienen los canales formales para plantearlas”. “No hemos recibido recursos por las actuaciones realizadas; además, de 38 empresas fiscalizadas y reliquidadas, 70% acordó fórmulas de pago”, informó.
El 10 de agosto, un grupo de trabajadores de la ZFF le presentaron al presidente José Mujica más de 8.000 firmas pidiéndole que tomara medidas por la baja actividad del enclave, que podría determinar la pérdida de 900 puestos de trabajo, ante lo cual Mujica se comprometió a gestionarles una entrevista con el titular de la DGI, según informó en ese momento el sitio web de Presidencia.
Sobre la situación de la ZFF, Ferreri aseguró que entre 2008 y 2010 tuvo más altas que bajas de empresas, y que este año, al 31 julio, tenía un saldo de “solamente menos 2”. La misma información fue volcada ayer en la comisión de Hacienda, a la que asistieron las autoridades de la DGI. Los jerarcas afirmaron que operativos como el que se realizó en la ZFF se llevan a cabo todos los años. “Se habló de una estampida de inspecciones de la DGI y en realidad mostraron, sin dar la información de las empresas, que las inspecciones en todo el país no crecieron en los últimos años y que tampoco aumentó el número de sanciones. Mostraron además que hay empresas que evaden haciendo actividades en zonas no francas por las que deberían pagar impuestos, pero hacen pasar los números por la zona franca”, señaló el senador frenteamplista Enrique Rubio (Vertiente Artiguista, Frente Amplio).
Respecto al proyecto de ley que modifica el régimen de zonas francas, se acordó quitar el artículo que prohibía a las empresas instaladas en zona franca realizar actividades comerciales fuera de enclave, excepto aquellas de naturaleza auxiliar o preparatoria de la actividad central que se realiza en la zona franca. El artículo fue incorporado en la Cámara de Representantes, y el diputado frenteamplista Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) no quedó conforme con la eliminación. Ahora, en función de la Ley de Zonas Francas, quedaría prohibida para las empresas toda actividad fuera de zona franca, ya que el proyecto que ayer se aprobó en comisión deroga además el artículo 102 de la Ley de Reforma Tributaria, que establecía que las empresas ubicadas en zonas francas podían “desarrollar actividades fuera del territorio nacional o dentro de cualquier zona franca en beneficio de usuarios directos o indirectos de cualquier zona franca”.
Legisladores de todos los partidos aprobaron ayer la iniciativa por unanimidad; el miembro informante del proyecto en la primera sesión ordinaria de la cámara en setiembre será el nacionalista Francisco Gallinal.