El Poder Ejecutivo se pronunció el martes sobre el episodio de agresión a un haitiano por parte de militares uruguayos, y se pronunció bien. Por intermedio del presidente de la República y el ministro de Defensa Nacional, pidió perdón en nombre del Estado y asumió la responsabilidad de realizar una investigación a fondo, seguida por severas sanciones y una reparación a la víctima -en la medida de lo posible- si se comprueba la existencia de delitos (ver la diaria del 07/09/11, pág. 2). Es lo que corresponde ante una denuncia de violación de los derechos humanos por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, ya que si bien el contexto y los detalles de lo sucedido aún no se conocen, la evidencia preliminar es sólida.
Imaginemos ahora qué pasaría si los participantes uruguayos de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah, por su acrónimo en francés) alegaran, como han hecho otros integrantes de las Fuerzas Armadas en relación con los crímenes de la dictadura, que ellos entraron en acción cumpliendo un mandato legítimo; que aunque hayan existido “excesos” o “pérdida de los puntos de referencia”, en un contexto de alto estrés para quienes se juegan el pellejo al cumplir órdenes, están comprometidos a mantener un pacto de silencio para no perjudicar a sus camaradas.
Imaginemos que esos militares, por espíritu de cuerpo o por solidaridad mafiosa, adoptaran tal tesitura y dijeran, como lo hizo hablando de los crímenes de la dictadura el general del aire José Bonilla, jefe del Estado Mayor de la Defensa, que hay que elegir entre la verdad y la justicia, “palabras que no van unidas”, dado que “nadie que sepa algo va a decirlo, porque sabe que inmediatamente va a ir preso” (ver la diaria del 04/05/11, pág. 3). ¿Cómo reaccionaría el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, que prometió el martes verdad y justicia en el caso haitiano?
Uno pregunta porque se trata del mismo ministro quien, entrevistado por Gerardo Tagliaferro 48 horas después de asumir, consideró “una verdad de Perogrullo” lo dicho por Bonilla e hizo suya la afirmación de que “si hay verdad no puede haber justicia, y si hay justicia no hay verdad” (ver la diaria del 01/09/11, pág. 3).
Bonilla fue sancionado debido a las declaraciones citadas, pero no por su contenido sino porque tuvieron carácter político. Los ministros, claro está, no tienen impedimento alguno para realizar ese tipo de comentarios. De todos modos, sería deseable que midieran siempre con la misma vara.