Desde el retorno de la democracia se presentaron seis proyectos de ley en torno a la despenalización del aborto*. El aprobado ayer es el séptimo. El primero de todos fue presentado por los diputados colorados Daniel Lamas y Víctor Vaillant (ahora frenteamplista) en la Cámara de Representantes en junio de 1985, pasó a la comisión de Salud Pública, nunca se trató y se archivó. En noviembre de 1991, Daniel Díaz Maynard (Partido por el Gobierno del Pueblo, PGP) presenta la segunda iniciativa en Diputados, que pasa a la Comisión Especial sobre la Condición de la Mujer y luego a la de Constitución y Códigos, pero nunca llega a ser tratado. En 1995 se archivó.
En junio de 2001, a pedido de la Comisión de Género, ambos proyectos se desarchivan; un mes después pasan a comisión y un año después se anexan a la carpeta de la tercera iniciativa, presentada en diciembre de 1993 en la Cámara de Representantes con la firma de legisladores frenteamplistas, blancos, colorados y del PGP. La Comisión de Bioética lo aprueba con modificaciones luego de nueve sesiones. En 1994 se da cuenta de esto en sala, pero al año siguiente se archiva sin ser tratado en el plenario.
Este tercer proyecto se desarchiva en 2001 junto con los otros dos y pasa a consideración de la Comisión de Salud Pública, que le dedica 26 sesiones luego de que las diputadas Nora Castro, Margarita Percovich, Daisy Tourné y Glenda Rondán solicitan el tratamiento. En octubre de 2002 se elabora un nuevo proyecto que obtiene un informe favorable en mayoría y dos en minoría, recomendando su archivo. En diciembre, y luego de seis sesiones, Diputados lo sanciona con modificaciones, con una mayoría de 47 a 43.
La Comisión de Salud Pública del Senado le dio tratamiento durante 13 sesiones. En mayo de 2004, y luego de tres sesiones, el plenario lo rechaza por 16 votos en 30. De todas formas, Jorge Batlle había reiterado que vetaría una ley que despenalizara el aborto como parte del compromiso de la alianza electoral con la Unión Cívica en el balotaje de 1999 contra Tabaré Vazquez. Durante este proceso fue desarchivado en 2002 un cuarto proyecto que había sido presentado en 1998 por 14 legisladores del Frente Amplio (FA), que no llega a tratarse.
En junio de 2006, 12 legisladores del FA presentan en el Senado un quinto proyecto, que se estudia en la Comisión de Salud Pública durante 14 sesiones. En 2007 la comisión aprueba dos textos, uno en mayoría y otro en minoría, pero el primero no incluye la despenalización.
El Senado vota el proyecto en minoría en general pero el texto vuelve a comisión para estudiar la redacción del primer capítulo. La comisión aprueba modificaciones y el 6 de noviembre se reconsidera, se aprueba y pasa a la Comisión de Salud Pública de Diputados, donde se le da tratamiento durante 13 sesiones. En el plenario se aprueba con modificaciones y vuelve al Senado, donde se aprueba en una sesión convocada “en urgencia”. Vázquez cumple con el veto que la Asamblea General no levanta. El sexto proyecto es presentado por el diputado Iván Posada en 2002 y se desarchiva en 2006. Con base en ese texto, el FA negocia con Posada el proyecto que se aprobó ayer.
Decían así
El primer proyecto no establecía restricciones de ningún tipo para la despenalización (ni plazos, ni circunstancias, ni deberes), aunque no lo establecía como un “derecho” de las mujeres ni indicaba obligaciones para los servicios de salud. El segundo no despenalizaba sino que proponía atenuantes para algunas causales. El tercero, presentado con firmas de legisladores de los cuatro partidos, establecía la despenalización en determinadas circunstancias, plazos y condiciones. Tuvo numerosas modificaciones, pero siempre se mantuvo este criterio, que comprende a las primeras 12 semanas de embarazo.
En tres de las iniciativas se expresa que “toda mujer tiene el derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo”, siempre que alegue ante el médico los motivos que “a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso”. En la modificación de 1994 la redacción se modificó a que “podrá realizarse la interrupción del embarazo” sin que se estipule la necesidad de dar motivos. Asimismo, siempre mantienen la penalización fuera de las condiciones establecidas, requieren que el médico recoja el consentimiento por escrito, le informe sobre la intervención y deje constancia en la historia médica.
El proyecto votado en el Senado en 2007 ampliaba incluso la despenalización fuera de las 12 semanas para salvar la vida de la mujer y habilitaba en estos casos la intervención de un Comité de Ética de la institución médica que “deberá expedirse en un plazo acorde a la realidad del caso”. En la exposición de motivos de todas las iniciativas el tema es presentado como “pendiente” o en “deuda” del Parlamento.
En estos 27 años la despenalización del aborto fue defendida por legisladores de todos los partidos pero hay una clara tendencia que relaciona la postura favorable con los actores políticos ubicados a la izquierda del espectro ideológico y la postura en contra con los que están ubicados más a la derecha. En el caso del Partido Colorado (PC) hubo en el inicio una postura favorable.
El apartado “La mujer” del Programa de Principios del PC, publicado en 1984, reza que el partido “incentivará en todos los ámbitos de difusión programas de información y educación sexual” y “paulatinamente y con arreglo a criterios técnicos precisos, se consagrará el criterio de que el aborto consentido no es delito”.
En contraste, en este período el senador Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay, VU) mandató a la bancada de su sector, mayoritaria dentro del PC, a votar en contra. El diputado Daniel Bianchi (VU), uno de los firmantes del proyecto de 1993, argumentó y votó en contra en esta ocasión. “Básicamente por disciplina partidaria”, dijo ayer a la diaria al ser consultado por su cambio de postura. El Partido Nacional registra una posición en contra más consolidada. Incluso ayer, Ana Lía Piñeyrúa, quien firmó dos proyectos en 1993, argumentó y votó en contra (ver crónica central).
*Elaborado con base en información de la investigación “(Des)penalización del aborto en Uruguay: prácticas, actores y discursos” (2011).