Cada año, el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), con sede en Estados Unidos, publica un mapa sobre la situación mundial del acceso al aborto en las legislaciones de los estados de todo el mundo (http://ladiaria.com.uy/UBf). En ese mapa América Latina está teñida de rojo y anaranjado, los colores que marcan las legislaciones más restrictivas. En América del Sur y Central, la mayoría de los países prohíbe por completo el aborto o lo autoriza sólo si la vida de la mujer o su salud están en juego.
Colombia (desde 2006, por un fallo de la Corte Suprema), Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay forman un medallón anaranjado que atraviesa América del Sur, porque son países en los que la mujer puede abortar por motivos de salud.
Venezuela, Surinam, Brasil, Paraguay y Chile son los cinco países de América del Sur que aparecen de color rojo, por autorizar el aborto sólo en caso de riesgo de vida para la mujer o prohibirlo por completo.
En cambio, en Cuba, Puerto Rico y las dos Guyanas el aborto está totalmente despenalizado. En México se da una situación peculiar: desde 2007 interrumpir un embarazo está despenalizado sólo en el DF.
Lucha en femenino
En la actualidad muchos países -entre ellos Chile, Ecuador y Argentina- están debatiendo o redactando proyectos legislativos para flexibilizar las leyes que prohíben el aborto. En Perú y Guatemala algunos legisladores y la sociedad civil (organizaciones de mujeres en primera fila) están trabajando para que se legisle, dijo a la diaria la directora del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro, Susana Chávez, partera y feminista peruana.
La médica colombiana Ana Cristina González, experta en salud pública y salud reproductiva, declaró a la diaria que en su país la Comisión Asesora de Política Criminal recomendó una despenalización total del aborto y puso así el tema en el centro de la agenda pública. Citó varios casos de avances legislativos o judiciales en América Latina que permitieron el aborto en ciertos casos.
Si bien González se alegró de que en el continente el debate esté cada vez más presente en el ámbito público, también advirtió que hubo retrocesos. Mencionó los casos de Nicaragua y República Dominicana en los que se prohibió el aborto sea cual sea el motivo, en 2006 y 2009 respectivamente.
Según Chávez, la resistencia que existe a la hora de despenalizar el aborto en nuestro continente se debe a “un escaso entendimiento del problema”, al “estigma que aún prevalece” y que está vinculado “con la posición de desvalorización que hay con relación a las mujeres”. También apuntó a “las jerarquías de iglesias” que tienen “poder político y económico” y un peso “determinante” en “Brasil, Perú, Chile, Colombia, entre otros países”.
Susana Rostagnol, que coordina el equipo Género, Cuerpo y Sexualidad de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, apuntó directamente al poder “no de la Iglesia, sino el poder político-económico del Vaticano”, que se suma al de “los activistas neoconservadores de los grupos autodenominados pro vida, que en realidad son antiderechos”. La académica uruguaya opinó que “también influyen los apoyos que estos grupos [pro vida] han recibido de la nueva derecha de Estados Unidos por ejemplo”.
Además, Rostagnol consideró que las resistencias ante la posibilidad de abortar para una mujer se deben a “una situación general de inequidad de género” que genera “la ausencia de derechos de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos”. En su opinión, eso también tiene que ver con “la profunda inequidad social que caracteriza al continente”.
Latinoamericanas al mundo
La feminista peruana Chávez, consultada sobre la relación entre países del sur y legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo, opinó que “la lucha por el acceso a un aborto seguro tiene que ver con una agenda mucho más amplia hacia la igualdad”. Por su parte, González consideró que la despenalización del aborto va de la mano de la “modernización del Estado”.
Para la académica uruguaya, la división norte-sur en este tema se explica por el hecho de que los del sur “son países con mayor inequidad de género; y mucha mayor inequidad social (América Latina) o países con población muy pobre (África)”.
Respecto a la evolución de las luchas a favor y en contra de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, Chávez dijo ver una mejora en la “comprensión por parte de la opinión pública de decisiones reproductivas de las mujeres, así como del aborto”.
En las luchas acerca de este tema en la región se está haciendo mucho hincapié en la necesidad de que la mujer pueda abortar por razones de salud, casos de violación u otras situaciones específicas. González estimó que para el movimiento feminista ésa no deja de ser “una disputa por el reconocimiento de derechos y de ciudadanía plena para las mujeres, de su autonomía”. Por su parte, la colombiana considera que luchar por el reconocimiento de causales específicas para el aborto “es una estrategia que ha permitido avanzar” porque abre el camino hacia una mejora de las condiciones de acceso a los servicios por parte de las mujeres. Agregó que apelar a casos emblemáticos que se impulsan ante los sistemas judiciales nacionales, y en algunos casos internacionales, “litigios de alto impacto”, también permite avances.
Chávez añadió que la cuestión del aborto va de la mano de otros temas como el “derecho de las mujeres a ejercer su sexualidad al margen de su estado civil o a decidir si quiere o no usar anticonceptivos”.
En tanto, González estimó que si bien se vieron avances en los últimos años en materia de derechos reproductivos de las mujeres, “la implementación de todas las excepciones [a las leyes que prohíben interrumpir el embarazo] e incluso de la despenalización del aborto aún se enfrentan a muchas barreras”.