El holandés Martin Johannes Jelsma, magíster en Ciencias Políticas y coordinador del programa Drogas y Democracia del Instituto Trasnacional (TNI por sus siglas en inglés), dio ayer una charla en la sala Maggiolo de la Universidad de la República, invitado por la Junta Nacional de Drogas, como parte del ciclo “Políticas sobre drogas y regulación de mercados”, que según el secretario general de la Junta, Julio Calzada, apunta a “promover un debate informado” en torno a la problemática.
Prohibicionista
La presidenta de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU), Laura Blanco, y su pareja, Juan Vaz, fueron detenidos ayer en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Hoy declararán a las 13.00 ante el juzgado de tercer turno de Ciudad de la Costa, según dijo a la diaria el abogados Federico Álvarez Petraglia, que además integra la asociación.
Una versión que manejaba la defensa es que la detención se produjo cuando Vaz llegaba del exterior -presuntamente portando semillas de marihuana- y Blanco lo recibía en el aeropuerto; aunque otra hipótesis indicaba que habían ido hasta ese lugar para recoger una encomienda. Lo cierto es que anoche ambos estaban detenidos e incomunicados en la brigada de narcóticos del Prado.
La AECU considera que la legislación actual no debería penalizar el autocultivo y, en ese marco, tampoco debería hacerlo con la tenencia de semillas. “Siendo la tenencia para el consumo un acto no punible, el autocultivo para el consumo tampoco es punible y poseer semillas sería un acto preparatorio de un acto no punible”, agregó Álvarez Petraglia. El ex juez penal destacó que hay otras opiniones jurídicas que entienden que el autocultivo es una conducta punible y ejemplificó con el caso de Alicia Castilla, procesada en enero de 2011 por cultivo de plantas de cannabis. Además, el abogado recordó que Vaz ya posee antecedentes penales porque en dos oportunidades le incautaron plantas en allanamientos a su domicilio.
La charla de Johannes se centró en la experiencia de regulación estatal del consumo de cannabis en los Países Bajos. Sobre ese punto estuvo en desacuerdo con los dichos del ex presidente Tabaré Vázquez, que el jueves declaró en un liceo de Colonia que “hay países que liberaron el consumo de marihuana hace décadas y hoy están rebobinando porque la experiencia no fue buena”.
“La imagen de que en Holanda están dando pasos atrás porque el modelo ha fracasado es falsa. Sí hay medidas de mayor restricción, pero son inspiradas políticamente”, comentó, en referencia al gobierno conservador-liberal del Partido del Pueblo para la Libertad y la Democracia, que desde que asumió en 2010 aumentó la represión policial contra los ciudadanos que cultivan para consumo propio. “Hay varios países que están avanzando con reformas, más allá incluso que Holanda”, dijo, y detalló que República Checa introdujo un modelo de descriminalización de posesión y cultivo para uso personal y que varios municipios franceses y daneses elevaron propuestas a sus respectivos gobiernos para regular sus mercados locales.
Johannes opinó que el proyecto de ley de regulación del consumo, producción y distribución de cannabis enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo uruguayo es “una de las propuestas más sensatas” a nivel mundial. “Es el único país en el mundo que nunca ha criminalizado la posesión para uso personal”, valoró. Opinó que el rol del Estado en la regulación “es un tema clave”, ya que factores como el control de calidad, la prevención del consumo de marihuana en menores y la lucha contra el mercado ilegal son esenciales para el éxito de los modelos. Según expuso, el modelo holandés actual permite la venta y consumo de marihuana en establecimientos parecidos a restaurantes llamados coffee shops (donde también se vende comida y bebidas, pero sólo analcohólicas); una de las mayores debilidades del sistema consiste en no regular el suministro de cannabis a esos comercios, que recae sobre “el mercado criminal, que tiene poder sobre la producción, por lo que no hay control de calidad” y no reduce la venta en las calles.
“Los pequeños productores han desaparecido del mercado desde las medidas contra el autocultivo, y los más fuertes, más violentos y mejor organizados son los que sobreviven a la represión policial. Ahora es peor que hace diez años”, comentó. “Ésa es una de las cosas más sensatas de aquí [en referencia al proyecto del Ejecutivo], que propone controlar toda la cadena”, opinó, aunque también enumeró algunos logros, como la “separación de mercados”, que logró bajar “en picada” el porcentaje de consumidores de marihuana que se pasan a la heroína y, por ende, disminuyó la alta mortalidad y el contagio de sida entre heroinómanos, que en Holanda cobraron en los últimos años un perfil similar al de los consumidores de pasta base en Uruguay.
Johannes valoró que el modelo uruguayo pretenda restringir el consumo a ciudadanos uruguayos, ya que el sistema holandés, que no incluye restricciones a los turistas, ha ocasionado problemas con los países fronterizos, ya que es frecuente que personas provenientes de Francia y Bélgica viajen a comprar marihuana para llevarla y revender.
En cuanto a las posibles repercusiones internacionales negativas que podría generar el proyecto de ley del gobierno, opinó que “la JIFE [Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, dependiente de la ONU] es un órgano extraño. No se puede esperar que un órgano cuyo mandato es monitorear el cumplimiento de los tratados exprese duras críticas” al Ejecutivo uruguayo. “Lo que es peor es, creo, no solamente su interpretación rígida de las convenciones, sino la absoluta falta de transparencia en su funcionamiento”, dijo, y criticó que muchos países han pedido la entrega de informes y han sido negados, “como si fueran una inteligencia militar, y eso es inaceptable” dentro de la ONU, que según el experto holandés debe “modernizarse” y empezar a guiarse por “objetivos de salud pública y no tanto por cuestiones diplomáticas y políticas”. “Creo que [el proyecto del Ejecutivo] va a ser aceptado sin sanciones, porque la Organización Mundial de la Salud violaría otros derechos como el acceso a medicinas esenciales si, por ejemplo, la JIFE prohíbe el ingreso de morfina a Uruguay”, argumentó.