La directora general de Recursos Naturales Renovables (Renare), Mariana Hill, y el director general forestal, Pedro Soust, presentaron ayer en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) el inicio de la fase obligatoria de los planes de uso responsable del suelo y los avances del Inventario Forestal Nacional.
Los planes de uso y manejo responsable del suelo fueron establecidos por decreto del Poder Ejecutivo en 2010. Durante dos años, la Renare trabajó con empresas y técnicos en la fase piloto, y a partir de este mes se comenzará a desarrollar la fase obligatoria. Esto implica que los ingenieros agrónomos que estén registrados y habilitados por el MGAP deberán presentar los planes de uso del suelo de las unidades productivas que representan. En la primera etapa deben presentarse las empresas que siembren más de 100 hectáreas de trigo y cebada en la zafra de cultivos de invierno del año próximo.
Hill explicó que ya hay 222 técnicos inscriptos para el proceso de habilitación. Se encargarán de firmar los planes y se harán responsables de que “hay agronomía en el uso de ese suelo y que el plan está bien hecho”. Sin embargo, el MGAP no tendrá que aprobarlo, sino que se apuesta a la responsabilidad del profesional que está “detrás del plan”, un tema que se está trabajando con la Asociación de Ingenieros Agrónomos, porque se trata de un “proceso de evaluación de pares”, expresó Hill.
Según Hill, hay campos que “no pueden resistir una agricultura continua” y que se necesitan, por ejemplo, “tres años de pastura junto con la agricultura”, por lo que la aplicación de los planes incidirá en los costos de las rentas. “No da la misma rentabilidad la pastura que la soja y por eso los precios se van a adecuar a la capacidad de uso del suelo y no a una coyuntura en que lo único que se cultiva es soja, que da una vida útil de muy corto plazo porque degrada rápidamente el suelo”, explicó. Si un plan dice que “no se puede hacer soja todos los años, entonces se puede hacer soja en rotación con pasturas u otros cultivos”. Esta disposición “va a reordenar” el sistema de uso del suelo y probablemente “va a desestimular” el cultivo de soja “en algunas zonas”, concluyó.
La normativa implica sanciones que dependen “del grado de las faltas” y de si hay incumplimientos anteriores, agregó. Actualmente se siembra en el país aproximadamente 1.000.000 de hectáreas de soja.
Arboladas
Por su parte, Soust se refirió al Inventario Forestal Nacional como parte del monitoreo continuo de los bosques en el país, que cubren aproximadamente 1.700.000 hectáreas de superficie, de las cuales 950.000 son árboles plantados y 750.000 son bosques nativos. Metodológicamente, el trabajo consiste en seleccionar 5.000 puntos de muestreo en el territorio a partir de la cartografía forestal y luego realizar “el estudio de una parcela considerando tipos de árboles, flora autóctona, fauna y todo aquello que no es referente a la forestación”, explicó. Las visitas al punto son anuales y los datos se incorporan a una base de datos para su posterior análisis comparativo, como aporte para “fijar las políticas públicas de todos los ministerios”. Por otra parte, Soust considera que “las plantaciones deberían tener un manejo forestal sostenible y coherente con el cuidado del medio ambiental y del medio social”.
El inventario se comenzó a realizar en 2010 con fondos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), luego del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Ahora el programa se incorporó al Presupuesto Nacional como parte de las “políticas de prevención y ordenamiento para el desarrollo forestal”. Soust aclaró que el área “de monte indígena” que ha sido “depredado en tantos países” está “creciendo” en Uruguay.
Además, destacó el trabajo de la Dirección General de Forestación en el Consejo Sectorial Forestal-Madera, integrado por el gobierno, empresarios y trabajadores, en el que se acordó fomentar las inversiones que promuevan la producción de madera con mayor valor agregado y contenido tecnológico, y aumentar el personal ocupado en empleos calificados.
Soust expresó que siempre está respondiendo “comentarios erizantes” sobre la forestación a pesar de que ésta ocupa solamente 5,4% del territorio y aporta “más de 1.000 millones de dólares” al Producto Interno Bruto. “La forestación no ha desplazado a nadie del territorio”, expresó.
El jerarca concluyó que todavía hay temas en discusión porque “no se ha clarificado cuál es la relación entre la forestación y la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente” de la que “se están haciendo las directrices”.
El 19 de octubre tendrá lugar en Tacuarembó una jornada para legisladores y representantes de algunas intendencias, en la que se realizarán exposiciones sobre el suelo, el agua y las plantaciones forestales.