Va terminando el tercer año del gobierno frenteamplista encabezado por José Mujica y, mientras las actividades políticas ralean con la cercanía del receso veraniego, empiezan a esbozarse posibles ejes de la campaña para las próximas elecciones nacionales. Por ahora, las propuestas en la materia no parecen capaces de separar las aguas.
Hay que descartar la baja de la edad de imputabilidad penal, impulsada mediante un proyecto de reforma constitucional que se someterá a plebiscito el último domingo de octubre de 2014, en forma simultánea con la primera vuelta de los comicios. Y más aún el referéndum contra la despenalización del aborto que, si se reúnen los apoyos necesarios, se llevaría a cabo en 2013. La experiencia de las últimas décadas nos enseña que, si bien este tipo de iniciativas puede aumentar o consolidar el apoyo a sectores partidarios (a partir de su protagonismo en una polarización, o también por no participar en ella), no necesariamente incide mucho en la elección entre candidatos presidenciales, entre otras cosas porque éstos tienen espacio para mantenerse lejos de la discusión si lo consideran conveniente, como lo hizo Mujica, por ejemplo, ante el plebiscito promovido para dejar sin efecto en 2009 la Ley de Caducidad. Otro gallo cantaría, quizá, si hubiera debates entre los aspirantes a la presidencia, pero nada indica que su ya prolongada ausencia vaya a revertirse.
Por otra parte, ninguna de las dos consultas impulsadas contra el oficialismo simboliza un cuestionamiento integral y profundo a su gestión, ni en la perspectiva histórica de los años transcurridos desde que Tabaré Vázquez asumió la presidencia ni en relación con el período de Mujica. En este sentido, estamos muy lejos del significado que pudo adquirir, en 1992, el referendo parcial contra la ley de privatización de empresas públicas, que se asociaba muy fácilmente con los lineamientos centrales del gobierno encabezado por Luis Alberto Lacalle.
A su vez, desde sectores pertenecientes al oficialismo o cercanos a él, asoman planteos que caracterizan la coyuntura presente como una oportunidad para profundizar procesos de cambio, con énfasis en reivindicaciones izquierdistas tradicionales o en la conquista de nuevos derechos. En este terreno se ubican los reclamos formulados por el PIT-CNT en el paro de ayer, acerca de la necesidad de “acelerar la industrialización del país” con un “cambio de la matriz productiva” y mejorar “la distribución de la riqueza”, pero también movidas como la que se llevará a cabo hoy a las 19.00 en la plaza Cagancha, en apoyo a la despenalización del aborto y a los proyectos de matrimonio igualitario y de regulación del consumo y cultivo de marihuana.
Tampoco parece que la elección de 2014 vaya a ubicarse en esas coordenadas porque, a diferencia de lo que ocurrió hace tres años, en el oficialismo no se ven posibilidades para que prospere una vez más la idea de un “giro a la izquierda”, y en la oposición no están dadas las condiciones para nada parecido a lo que representó la candidatura de Lacalle, de modo que será difícil que se perciba algo semejante a la opción simbólica de 2009.
En tales condiciones, y con la cada vez más probable postulación de Vázquez por parte del Frente Amplio, el escenario parece propicio para que éste, enfrentado a un contendiente con perfil de “centroderecha moderna”, corra con ventaja, presentándose sin esfuerzo como alguien capaz de mantener lo que se ha percibido como positivo desde 2005 y corregir por lo menos parte de lo que desagrada del actual gobierno. La gran pregunta es si esa ventaja será suficiente para que el Frente Amplio mantenga la mayoría parlamentaria, y la respuesta -crucial- dependerá, justamente, de cuáles sean esos ejes de campaña que aún no resultan previsibles. De la capacidad para identificar qué proyectos, en qué áreas y con qué referentes, pueden recrear esperanzas y entusiasmos tras el inevitable desgaste de una década. El oficialismo tiene un año para realizar la tarea y le convendría comenzarla cuanto antes.