Ingresá

Miguel Brechner en la sede del Latu. / (archivo, mayo de 201

Foto: Fernando Morán

Más libertad

2 minutos de lectura
Contenido exclusivo con tu suscripción de pago

Presidente del Plan Ceibal y director de Agesic discrepan con dar preferencia por ley al software libre en los contratos del Estado.

Contenido no disponible con tu suscripción actual
Exclusivo para suscripción digital de pago
Actualizá tu suscripción para tener acceso ilimitado a todos los contenidos del sitio
Para acceder a todos los contenidos de manera ilimitada
Exclusivo para suscripción digital de pago
Para acceder a todos los contenidos del sitio
Si ya tenés una cuenta
Te queda 1 artículo gratuito
Este es tu último artículo gratuito
Nuestro periodismo depende de vos
Nuestro periodismo depende de vos
Si ya tenés una cuenta
Registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes
Llegaste al límite de artículos gratuitos
Nuestro periodismo depende de vos
Para seguir leyendo ingresá o suscribite
Si ya tenés una cuenta
o registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes

Editar

La comisión especial de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados tiene a estudio un proyecto de ley que establece que el Estado dará preferencia a licenciamientos de software libre frente al software privativo. “En caso de que se opte por software privativo se deberá fundamentar la razón”, dispone el proyecto en su artículo 2º.

El proyecto, presentado en la legislatura pasada y que se retomó en ésta a impulsos de la diputada socialista Daisy Tourné, dispone también que estos organismos deberán distribuir toda su información en al menos un formato abierto y estándar. En la exposición de motivos se señala que el Estado debe velar para que la información en formato digital tenga libre acceso y no existan limitantes tecnológicas. Se advierte que el software privativo genera una “dependencia tecnológica en la que el proveedor está en condiciones de dictar unilateralmente términos, plazos y precios”. Se menciona como argumento la “drástica reducción de costos” que la adopción del software libre trae aparejada, y el hecho de que, según se sostiene, “el uso y la producción de software libre permite disminuir los gastos de importación de software privativo y potencian al país para convertirse en un exportador de software de nueva generación”.

Autoridades del Plan Ceibal y de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) están de acuerdo con el artículo 1º, que establece el intercambio de datos en formatos abiertos, pero no con el 2º, que dispone la preferencia por el software libre. Consultado por la diaria, el presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner, opinó que se trata de un tema “extremadamente complejo como para reducirlo a una ley” que “no se sabe cómo se va a implementar”. “No veo quién va a decidir qué es lo mejor y qué lo peor”, apuntó. “Creo que lo más importante es que el Estado tenga lo mejor disponible en todo momento. Soy un gran partidario del software libre, pero personalmente no veo la necesidad de hacer una ley que diga eso. Tiene que existir libertad de elección, hay casos en que es mejor el software libre y casos en que no. Cuando es más caro el software libre, ¿qué se va a hacer?”, inquirió.

En el mismo sentido se pronunciaron las autoridades de la Agesic que asistieron a la comisión el 1º de octubre, según consta en la versión taquigráfica. El director ejecutivo del organismo, José Clastornik, manifestó que la Agesic promueve una política de “neutralidad tecnológica”. “Nosotros consideramos que el Estado debe ser amplio para recibir ofertas y no limitar las propuestas de los potenciales proveedores”, porque esto “favorece la economía del Estado y las posibilidades tecnológicas”, afirmó. Indicó que “no es correcto” decir que el software libre “es mejor o más seguro” que el privativo, y advirtió que a la hora de evaluar el costo no sólo debe tenerse en cuenta la licencia sino también el componente de servicios asociados al producto.

Otro de los directores de Agesic, Jorge Abín, hizo referencia a los problemas de implementación”. Sería imprescindible contar con algún organismo que regulara eso y que interviniera en todas las licitaciones. En cada caso habría que escuchar los descargos o las valoraciones que tenga cada organismo que quiera contratar un software no público. Nosotros necesitamos eficiencia y que las compras de tecnología se hagan rápido, porque si se hacen lento, cuando finalmente incorporamos la tecnología ésta ya no sirve; esta materia evoluciona muy rápidamente”, enfatizó.

Los diputados de la comisión no tienen en su mayoría una posición definida. Los frenteamplistas Tourné y Julio Battistoni (MPP) tienen una postura en principio favorable. José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay, FA), estimó que “puede ser un avance” pero que hay que “tener cuidado” y “lograr un equilibrio entre el uso del software libre y el cuidado de la creación”. Walter Verri, del Partido Colorado, no tiene una posición tomada, y el nacionalista Pablo Abdala apuntó que están “recabando opiniones”. “Hasta ahora los comentarios y las opiniones no son muy favorables en cuanto a la preferencia para el software libre”, indicó Abdala, quien se manifestó en cambio de acuerdo con el intercambio de datos en formato abierto.

La comisión realizará este jueves una jornada de análisis en la que participarán expertos en la materia.

Este artículo está guardado para leer después en tu lista de lectura
¿Terminaste de leerlo?
Guardaste este artículo como favorito en tu lista de lectura